El caso insólito, absurdo, surrealista y ridículo ante el que nos hallamos (o sea, el de esa huelga, o esa pantomima de huelga del 11-N) es el de un Ejecutivo que reclama a la oposición que construya las viviendas que no está en la mano de esta construir y que él no ha construido cuando sí estaba en su mano hacerlo; el de un Gobierno que responsabiliza a esa impotente oposición de la pérdida de un poder adquisitivo de los ciudadanos de la que él mismo es el único responsable desde el momento en que durante los ocho años en los que ha gobernado los ha asado, como nunca antes, a impuestos, ha subido las bases de cotización a la Seguridad Social y, pese a la inflación galopante que se iba comiendo el valor del dinero, no se ha dignado a deflactar la escala del IRPF sangrando por una doble vía a la clase media, a las empresas y los asalariados.

Sí. Al margen de que haya sido un sonado fracaso, la huelga general del 11-N de 2026 pasará a la historia como una farsa de la demagogia populista y de la propaganda electoral urdida por las fuerzas gubernamentales y progubernamentales para culpar a los rivales ideológicos y al cielo de todas las lacras que han cultivado con mimo durante los ocho años en que ostentaron el poder. Y será recordada también como la apoteosis de la voladura de la propia izquierda como concepto político. Y es que, con el sagrado derecho de huelga, reconocido de forma explícita en el artículo 28.2 de nuestra Constitución, lo que han conseguido hacer es lo que han logrado con todos los derechos sociales (con el derecho a la vivienda, al trabajo, a un salario digno, a la libertad de expresión…) y que no es otra cosa que vaciarlos de significación, abaratarlos, convertirlos en papel mojado y en pura referencia retórica, cuando no en excusas para montar chiringuitos y colocar a su peña. Como si fuera suficiente invocarlos para hacerlos efectivos.