El Gobierno y, en general, la izquierda, van a tener que revisar su obsesión con el ‘lawfare’ y los «fachas con toga», a la vista de las investigaciones penales que está desarrollando la Fiscalía Europea. Esta institución cuenta con un Reglamento europeo de 2017 y fue desarrollada en España por una ley orgánica de 2021. Funciona a través de fiscalías delegadas en cada país, que se encuadran en la estructura de la Fiscalía Europea, de la que reciben instrucciones, y son las que investigan los delitos contra los intereses financieros de la UE. Por este motivo, esta Fiscalía está investigando contratos públicos adjudicados al empresario Barrabés, recomendado por la esposa del presidente del Gobierno. Y acaba de iniciar investigaciones por el uso de fondos europeos en relación con los accidentes de Adamuz y Urda y para las compras de pulseras antimaltrato, por las que ayer la UCO se personó en el Ministerio de Igualdad. Los indicios de corrupción gubernamental siguen creciendo, no hacen huelga. Recibir fondos europeos alegra el gasto público, pero genera la rendición de cuentas en procesos penales dirigidos desde Bruselas.