El más reciente ejemplo de ese ensimismamiento son las protestas por la actuación policial contra la violencia urbana en Francia y en España. Mientras la clase media, trabajadora y autónoma sufre en sus comercios y negocios el acoso de los piquetes y el asalto de brigadas incendiarias, el progresismo exquisito se escandaliza por el ejercicio de la única violencia legítima en democracia y hasta le arranca una investigación al ministro Marlaska, temeroso de que se le atribuya la responsabilidad de las cargas. Qué podría salir mal cuando el mismo Gobierno que jalea la huelga protege a las turbas enmascaradas. El gas lacrimógeno prohibido, la autoridad de los cuerpos de seguridad cuestionada y las ciudades a merced de bandas antisistema enfebrecidas de furia revolucionaria. He aquí una verdadera ‘respuesta proporcional’: órdenes contemplativas para eludir la ira de posibles votantes extremistas en plena campaña. Cualquier día veremos a los antidistubios enfrentarse a los vándalos con las manos a la espalda.

Luego habrá intelectuales orgánicos preguntándose por las causas del corrimiento de tierras que desplaza al electorado hacia la derecha. Acabarán encontrando cualquiera menos la verdadera: el abandono de los sectores populares en beneficio de causas fragmentarias sostenidas por minorías culturales o étnicas. Mark Lilla explicó cómo el olvido del proyecto original del Partido Demócrata, su balcanización en un marasmo de identidades grupales yuxtapuestas, devastó la representatividad social de la izquierda, dejó a sus bases clásicas sin defensa y favoreció el acceso de Trump a la presidencia. Ese mismo proceso es el que se aprecia en la desprotección de las calles madrileñas y barcelonesas, como poco antes en las de Ceuta. Nadie ha aprendido nada de los estallidos de París, Limoges o Marsella. Un Estado que renuncia a garantizar las libertades mediante el monopolio de la fuerza es un Estado en quiebra política, institucional y ética. Y la gente tomará sus decisiones en consecuencia.