La resolución dictada este miércoles por el Tribunal Supremo confirma que el Alto Tribunal sólo ha podido abortar una parte de la operación de fraude electoral que había pergeñado el Gobierno a través de la aplicación ilegal de la Ley de Memoria Democrática.
El auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo fija definitivamente en 113.326 el número de inscritos en el censo exterior (CERA) cuyo derecho al sufragio queda suspendido para el 29-N.
El tribunal mantiene esta exclusión cautelar porque dichas personas adquirieron la nacionalidad española al amparo de la Instrucción dictada en octubre de 2022 por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Una norma interna que presumió el exilio político de quienes abandonaron España entre 1936 y 1955.
La rebaja respecto a los 163.355 expedientes suspendidos inicialmente responde al cruce técnico realizado por el INE y la Oficina del Censo Electoral, que han depurado registros duplicados, descartado menores de edad o personas no inscritas antes del cierre censal del 1 de agosto, descontado a 1.283 electores que ya figuraban en el CERA antes de 2022, y excluido a quienes sí acreditaron el exilio.
Frente a esa depuración, el Supremo se ha ratificado este miércoles en mantener habilitado el derecho al voto de otros 189.678 electores: los descendientes de los nacionalizados por la llamada ley de nietos, inscritos en los consulados a través del Anexo III de la citada instrucción.
Para desestimar el recurso de reposición de Vox que pedía extenderles la suspensión, la Sala alega razones estrictamente operativas y de garantías procesales: la petición se formuló cuando ya había transcurrido más de la mitad del periodo electoral.
Cruzar casi 190.000 expedientes con la lista depurada de sus progenitores antes de la apertura de las urnas consulares el 21 de noviembre, argumenta el Supremo, resulta materialmente imposible. Y excluirlos ahora vulneraría la seguridad jurídica y su derecho de defensa al impedirles presentar alegaciones.
De modo que, de los aproximadamente 300.000 nuevos potenciales votantes inscritos en el CERA por vía directa o indirecta gracias a la ley de nietos, cerca de dos terceras partes podrán participar con normalidad en los comicios de la próxima semana.
España acudirá así a las urnas el 29-N con casi 200.000 electores sobre los que pesa una seria sospecha de irregularidad en su acceso al censo.
Y la duda sobre la limpieza del sufragio exterior no responde únicamente a una valoración de este periódico.
Son los propios magistrados del Tribunal Supremo quienes, en sus resoluciones del 9 y el 18 de noviembre, han admitido que sobre esos 189.678 descendientes pesan las mismas presuntas irregularidades que sobre sus padres.
Y sostiene que, «en pura lógica», la suspensión debería haberse extendido también a este colectivo si la medida se hubiera solicitado al inicio del proceso y no chocara ahora con la imposibilidad material de tramitarla a tiempo.
Cabe recordar, además, que de los más de 163.000 expedientes iniciales de nacionalizados revisados en los consulados, únicamente 901 (apenas un 0,55 %) lograron aportar un certificado acreditativo del exilio político de sus ascendientes.
Sobre una muestra de semejante magnitud, resulta razonable inferir que, si el Ejecutivo hubiera verificado el cumplimiento estricto de la ley antes de cerrar el censo, el resultado entre los dos tercios restantes habría sido idéntico: sólo una fracción mínima de los 189.678 hijos habilitados para votar habría podido acreditar un título conforme a la exigencia legal del exilio.
El endurecimiento del tono empleado por el Tribunal Supremo con respecto a las críticas que le había dirigido al Gobierno en autos anteriores refuerza la tesis de la existencia de una artimaña gubernamental para alterar el censo.
Con una contundencia y una claridad inusuales, el Alto Tribunal ha censurado que la Administración no actuara «con la diligencia exigible» para depurar el censo de los falsos «nietos».
Esa morosidad a lo largo de más de un mes para atender los requerimientos de documentación de la Sala ha acabado consumiendo el calendario electoral de forma muy oportuna para el Gobierno.
El retraso administrativo en la entrega de los datos y la negativa a revisar el censo a tiempo apuntan a un interés político evidente de Pedro Sánchez por preservar hasta el 29 de noviembre un censo exterior alterado en cientos de miles de electores cuya legalidad sigue pendiente de sentencia.