Intervención de la Fundación para la Libertad en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas

El Informe del Relator constata una erosión en el derecho a la intimidad debida a las políticas antiterroristas de los Estados y muestra inquietud ante medidas adoptadas, por sus posibles efectos en las libertades de asociación y expresión.

Compartimos la inquietud sobre posibles recortes de derechos. Tenemos, como Fundación, una especial sensibilidad que se resiente ante cualquier amenaza a las libertades: precisamente porque vivimos en un contexto en el que las vulneraciones de las mismas, causadas por la acción terrorista de la banda ETA han llegado a ser parte de nuestro paisaje cotidiano durante demasiado tiempo.

Venimos a reiterar que en el País Vasco, en Navarra y en el conjunto de España la fuente primordial de agresión a los Derechos Humanos la constituye la actividad terrorista de ETA. Que la lucha contra el terrorismo que desarrollan los Estados deba ser escrupulosa con el respeto a los Derechos Humanos es una premisa que compartimos. En sus conclusiones, el Informe alude al debate sobre la necesaria proporcionalidad de los mecanismos antiterroristas. Además, insta a los gobiernos a explicar cómo sus políticas en la materia se ajustan a esos principios, conforme a las normas internacionales de Derechos Humanos. En el País Vasco ha existido ese debate en torno a la Ley de Partidos Políticos y a las sentencias de los Tribunales, que en su aplicación ilegalizaron Herri Batasuna y Batasuna, brazos políticos del terrorismo de ETA.

La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos responde a las impugnaciones de las formaciones ilegalizadas. La Sentencia examina la adecuación de la Ley con respecto al Convenio Europeo de Derechos Humanos en lo relativo a las libertades de expresión y asociación. Valora la accesibilidad y previsibilidad de la Ley, su correcta aplicación y su finalidad legítima. Concluye que dicha legislación responde a “una necesidad social imperiosa” y es “proporcionada” para combatir “actos y discursos que constituyen (…) un modelo de sociedad concebido y propugnado por esos partidos que es contrario al concepto de sociedad democrática”. Queremos destacar que éste es un claro ejemplo de cómo una medida legal antiterrorista es evaluada, debatida y aplicada con escrupuloso respeto a los derechos humanos.

Insistimos en la necesidad de un Relator Especial para la evaluación de la alteración de los derechos humanos por parte del terrorismo en las naciones democráticas.