Editorial, EL CORREO, 21/12/11
La mayoría absoluta de Rajoy devalúa el voto de quienes no apoyaron su investidura
Mariano Rajoy fue investido presidente con el abrumador voto favorable de 187 diputados. Tanto el debate de ayer como la votación final sirvieron para medir la distancia a la que Rajoy inicia su mandato en relación a los nacionalismos catalán y vasco, y respecto a la izquierda abertzale. El voto negativo con el que CiU reprobó a Rajoy por su evasiva actitud ante la reivindicación del «pacto fiscal» y la liquidación de los 759 millones de euros que derivarían de la disposición adicional tercera del Estatut no preludia necesariamente un tiempo de abierta confrontación entre su presidencia y la de Artur Mas. Pero fija un precio al entendimiento que los convergentes no podrán rebajar ni los populares satisfacer. Desde el restablecimiento de la democracia CiU y PNV han mantenido una sorda disputa por situarse como interlocutor preferente de quien en cada momento gobernaba en Madrid. El desencuentro de Rajoy y Duran revalorizó ayer la abstención con la que el PNV, en su faceta más posibilista, quería prestarse al diálogo con el nuevo Gobierno. La mayoría absoluta permite que los cinco escaños del PNV adquieran el mismo valor que los 16 de CiU: el que les otorgue la conveniencia política. Para el nuevo presidente entraña menos riesgos formalizar conversaciones con Urkullu en torno a la desaparición de ETA que negociar con Mas una fórmula de financiación para Cataluña análoga al concierto vasco y al convenio navarro. Rajoy sabe que el PNV necesita protagonizar la «consolidación de la paz» en Euskadi para enfrentarse a la izquierda abertzale para las próximas autonómicas; un favor que no tiene por qué hurtar a Urkullu en aras a la normalización. Amaiur explicó ayer que su abstención tenía un significado distinto; que, como opción independentista, no estaba para poner ni quitar al presidente de España. La réplica de Rajoy de que nadie debe nada a los herederos de Batasuna no será tenida en cuenta por una fuerza que aspira a erigirse en intérprete último de la «solución» que precisaría «el conflicto entre Euskal Herria y España». Esa es la concesión que la izquierda abertzale busca por parte del nuevo Gobierno, con el subliminal e inadmisible argumento de que el cese definitivo de la actividad terrorista de ETA no es todavía un proceso irreversible.
Editorial, EL CORREO, 21/12/11