A favor de recomponer algo parecido al Pacto Antiterrorista juega el hecho de que esta vez no se trata de un intercambio de paz por presos como condición previa al alto el fuego; sino de legalización de Batasuna por compromiso verificable de retirada de ETA. Lo otro sería la consecuencia de un periodo de comprobación de que la renuncia a matar es irreversible.
Dentro de ocho días se cumplen mil desde el último atentado mortal de ETA. Estos 33 meses sin muertes son el primer argumento de Zapatero para justificar su optimismo sobre la proximidad del fin de ETA, a despecho de la continuidad de atentados mafiosos como el de hace dos días. En su comparecencia del viernes pasado también se refirió a informes de los servicios secretos que avalarían su posición. Se ignora su contenido, pero parece probable que guarden relación con lo que, citando fuentes del CNI, publicaba la revista Tiempo el 26 de septiembre: que la banda ya había tomado la decisión de abandonar las armas, pero se reservaba el derecho de administrar los ritmos del proceso. Esto encaja con el mensaje que desde hace meses difunden algunos dirigentes de Batasuna: que aunque ETA siga realizando, por razones internas, atentados -sin víctimas-, no volverá a matar. Un tercer elemento, conocido por diversas filtraciones, sería la recepción por el presidente, poco después de llegar a La Moncloa, de un mensaje en el que ETA mostraba su disponibilidad para un acuerdo en términos de paz por presos.
Incluso si ese mensaje hubiera sido mal interpretado, lo que cuenta es que la receptividad demostrada al mismo ha creado unas expectativas que han llevado a ETA a interrumpir los asesinatos, y a la población vasca, incluyendo las bases sociales de Batasuna, a dar por hecho que el tiempo de la lucha armada ha concluido. En esas condiciones, cada día que pasa sin muertos hace más improbable la vuelta atrás. Entre otras cosas porque la gente de Otegi sabe que su futuro político -que pasa por su vuelta a la legalidad- depende de que ETA no mate. Frente a esto se objeta que si ETA renuncia a las armas será porque piensa que puede alcanzar sus objetivos sin matar. Pero una ETA que no mata ya no es ETA. Podrá seguir siendo por algún tiempo una mafia, como el IRA tras el acuerdo de Viernes Santo, pero ya no será ETA. Y una Batasuna sin la sombra de ETA dando credibilidad a sus amenazas, tampoco será ya Batasuna.
En eso consiste la derrota de las armas: en conseguir que la eficacia policial y judicial y la firmeza política -la negativa a hacer concesiones a los terroristas- les convenza de que la violencia ya no es útil para acercar sus objetivos. No se trata de que renuncie a ellos, sino a imponerlos por la fuerza. Hasta es posible que la desaparición de ETA refuerce electoralmente al nacionalismo radical a costa del PNV, como ha ocurrido en Irlanda. Ello plantearía un problema político, pero ya sin el condicionante del terrorismo. Ningún problema se resuelve nunca del todo; más bien se transforma en otro diferente.
Se desconoce si las expectativas de tregua sembradas por el Gobierno derivan de algún contacto indirecto con la banda o sólo de la palabra de Batasuna. ¿Qué pasa si, con la intención de dividir a los partidos o de tantear la resistencia del Estado, hay tregua pero no compromiso de disolución? La resolución del Congreso establece que será condición para cualquier iniciativa ulterior la existencia de garantías de que el abandono de la violencia es definitivo. Esa será la respuesta, pero su eficacia política (su credibilidad para ETA) depende en gran medida de la actitud de los partidos nacionalistas. El PNV de Imaz se atiene al compromiso que suscribió, pero otros partidos y dirigentes nacionalistas lo rompen al exigir al Gobierno concesiones por adelantado en relación a los presos.
El margen es estrecho. La resolución del congreso excluye cualquier precio político y las asociaciones de víctimas acaban de manifestar su rechazo a cualquier iniciativa que implique medidas de gracia para los etarras. Esto remite a la necesidad de recomponer algo parecido al Pacto Antiterrorista. No sólo para compartir los riesgos en caso de fracaso, sino para que el PP haga pesar su influencia sobre esas asociaciones, y sobre los millones de ciudadanos que reclaman el cumplimiento íntegro de las condenas. Del mismo modo que el PSOE hizo pesar su influencia para legitimar la norma que ilegalizó a Batasuna. Una política de recuperación del consenso no consiste sólo en reclamarlo, sino en tomar iniciativas que lo favorezcan (como una entrevista Zapatero-Rajoy, discreta si hace falta); y en evitar tomar otras que la dificulten (¿era imprescindible cesar ahora a Fungairiño?). A favor del acuerdo está el dato de que esta vez no se trata de un intercambio de paz por presos como condición previa al alto el fuego; sino de legalización de Batasuna por compromiso verificable de retirada de ETA. Lo otro sería la consecuencia de un periodo de comprobación de que la renuncia a matar es irreversible.
Patxo Unzueta, EL PAÍS, 16/2/2006