No creen en la democracia

¿En virtud de qué sistema político pretenden esas turbas invalidar el derecho del Consejo de Ministros a legislar?

TANTOS años atribuyéndose el mérito de haber llevado la bandera de la libertad en la clandestinidad, de haber representado un faro del pluralismo en medio de la oscuridad franquista, de habernos redimido a todos de la vergüenza de la dictadura con su defensa heroica de los valores democráticos, y resulta que no creen en la democracia. No tienen ni idea de lo que es. No aceptan más poder que el suyo propio, digan lo que digan los ciudadanos en las elecciones. Su ley es la del embudo: lo ancho para ellos, lo estrecho para los demás. Y si los votos establecen otra cosa, aplican el artículo primero, consistente en adueñarse en las calles de lo que han perdido en las urnas.

Esos «colectivos sociales» que pretenden suplantar a los «decadentes» partidos políticos, según el auto dictado por el muy politizado juez Pedraz a fin de garantizarles plena impunidad, tienen un concepto del gobierno del pueblo muy similar al que animaba en su actuación a los «camisas pardas» de Hitler. Están tan convencidos de tener razón, tan satisfechos con la superioridad moral que se atribuyen en su calidad de presuntas «víctimas del sistema», tan henchidos de esa euforia artificial y peligrosa que proporciona cualquier movimiento de masas a los individuos que la integran, que no se paran en barras. Les parece perfectamente lógico paralizar una ciudad como Madrid con dos mil setecientas manifestaciones en menos de un año o convocar más de cincuenta marchas ayer en toda España bajo el lema «quieren arruinar el país, hay que impedirlo». ¿Impedirlo, cómo? ¿Dando voces, perjudicando a los comerciantes y trabajadores que tratan de llegar a sus puestos y cumplir con su deber, quemando mobiliario urbano, ofreciendo fotografías de caos cuya difusión internacional no hace sino deteriorar la ya muy dañada imagen de esta pobre Nación? ¿Deslegitimando la institución democrática por excelencia, el Congreso de los Diputados, donde tiene su sede sagrada la soberanía popular a través de todos y cada uno de los parlamentarios?

Los asistentes a esas concentraciones más o menos violentas se representan a sí mismos y a nadie más. Los líderes sindicales, Toxo y Méndez, siempre protegidos bajo el confotable paraguas de la subvención, pueden hablar en nombre de sus afilados, que no llegan al 15 por ciento del conjunto de los trabajadores, lo que convierte a nuestras centrales en las menos representativas de Europa. ¿Quiénes son ellos para cuestionar la legitimidad de un Gobierno que ha obtenido el respaldo de once millones de votantes libres hace menos de un año? ¿En virtud de qué sistema político pretenden esas turbas invalidar el derecho del Consejo de Ministros a legislar con plena autoridad democrática? ¿Les parece más aceptable la ley del martillo, la capucha y la intimidación? ¿En qué manual de democracia figura que la ocupación de las vías públicas o el seguimiento de una huelga sean instrumentos de medición de la voluntad popular más fiables que los comicios?

Lo último que se han sacado de la manga es que el Ejecutivo ha quebrantado sus promesas electorales. Que no está haciendo lo que dijo que haría o, para ser exactos, no está logrando lo que aseguró que lograría. Como si todos los gobiernos que precedieron al de Rajoy se hubiesen atenido escrupulosamente a lo recogido en sus programas y Tierno Galván no hubiese dicho jamás eso de que los compromisos electorales están hechos para ser incumplidos. Como si no fuese evidente que lo que cuestionan estos falsos guardianes de las esencias democráticas no es la legitimidad del PP para aplicar sus recetas con mayor o menor éxito, sino el hecho en sí de que gobiene la derecha. Su concepto de la democracia únicamente incluye a los suyos. Es lo que tiene su «pluralidad»…