Casimiro García-Abadillos, EL MUNDO 09/12/12
El líder del PSC, PereNavarro, acudió el pasado lunes a la reunión con el presidente de la Generalitat en funciones, ArturMas, con la mano tendida.
Le ofreció incluso entrar en un Gobierno de coalición, la sociovergencia, añorada y promovida por el poder económico catalán. Navarro sólo ponía una condición para entrar a negociar otros detalles de un posible pacto: no plantear una consulta soberanista al margen de la ley.
Sin embargo, Mas ya tenía tomada una decisión. Confidencialmente le reveló a Navarro que ya había llegado a un acuerdo con el líder de ERC, con el que se había reunido cuatro días antes. Oriol Junqueras, según confesó a Navarro el presidente en funciones de Cataluña, le había garantizado los 21 votos de su partido en la primera vuelta de la investidura y el apoyo «sólido y estable» que él reclamó para su Gobierno (no descartó incluso la incorporación de republicanos al mismo) durante la próxima legislatura a cambio de convocar el referéndum de autodeterminación tal y como prometió durante la campaña electoral.
Está claro que Mas va a hacer de la consulta el centro de su programa de gobierno, como si nada hubiera ocurrido en las elecciones del 25 de noviembre; como si el castigo electoral a su formación fuera un acicate para insistir en los mismos errores que provocaron el adelanto de la convocatoria.
Junqueras tendrá que tragar la quina del ajuste a cambio de algunas modificaciones en el programa de CiU, coalición abierta a reconsiderar medidas tan polémicas como el euro por receta o la eliminación del Impuesto de Sucesiones. La aplicación del ajuste de 4.000 millones para el Presupuesto de 2013 tendrá que ser negociada con los republicanos.
Justo cuando, entre bambalinas, CiU y ERC ultiman los pormenores de su pacto soberanista, el ministro de Educación, Juan Ignacio Wert, ha presentado el borrador de la nueva ley de educación, que establece, entre otras cosas, que en Cataluña se «procure el dominio» del catalán y el castellano por parte de los alumnos. Según el borrador de la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora Educativa), la Generalitat deberá costear la enseñanza en un colegio privado a los padres que deseen que sus hijos estudien en castellano como lengua vehicular.
Aunque el borrador no cuestiona el modelo de inmersión lingüística y sólo supone un paso en el establecimiento del bilingüismo en la escuela de Cataluña, la iniciativa de Wert ha desatado una avalancha de críticas no sólo entre los nacionalistas, sino también entre los socialistas, que la han llegado a tildar de «atentado a Cataluña».
El PSOE va a utilizar la nueva ley de educación como un elemento movilizador contra el Gobierno porque, según los socialistas, supone un paso atrás por la cesión del Ejecutivo a la presión de los sectores más conservadores de la derecha (eso lo justifican por la eliminación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y la recuperación de la de Religión como optativa evaluable). Pero, además, en Cataluña el PSC la ha visto como una oportunidad para resituarse en la esfera política y hacer frente común con otros grupos de izquierda y los nacionalistas frente al PP y Ciutadans.
El PSC promovió junto con CiU el modelo de inmersión vigente en Cataluña. Los socialistas creen que su posición es vital para que Cataluña no rompa con España y consideran que la decisión de Wert da motivos a los independentistas para reafirmar sus aspiraciones secesionistas.
«Si el PSC no mantuviera esa posición central en el escenario catalán, la inmensa mayoría de los catalanes estaría ahora a favor de la independencia», asegura un líder del partido.
Los socialistas, a pesar de su descalabro electoral el 25-N, creen que pueden seguir desempeñando un papel moderador en la política catalana. Incluso Mas lo cree así. En la entrevista que mantuvo con Navarro le explicó que el pacto con ERC podría romperse a mitad de legislatura. Entonces CiU recurriría al PSC para dar estabilidad al Gobierno.
Mas cree, por tanto, que puede cumplir su promesa de referéndum apoyándose en ERC pero que si, por alguna razón, las cosas se tuercen, siempre podrá recurrir a los 20 escaños de los socialistas.
La marea anti-Wert, a la que se ha apuntado con ardor militante hasta el Barça, le ha proporcionado a Mas el primer respiro desde la noche electoral. Pero esa recomposición de las mayorías en torno a la defensa del catalán puede ser flor de un día.
Si el presidente de la Generalitat, acuciado por ERC, convoca un referéndum de autodeterminación en 2014, ¿qué harán en el PSC?
Y, sobre todo, ¿cómo responderá el Gobierno ante ese desafío a la legalidad?
El primer test para conocer cuáles son las intenciones del Gobierno lo tendremos a principios del próximo año, cuando se constate que Cataluña no cumple el objetivo de déficit.
¿Se aplicará la Ley de Estabilidad con todas sus consecuencias? ¿Estaría dispuesto el Gobierno a ordenar la intervención de la hacienda de Cataluña?
La próxima legislatura no va a ser fácil para Artur Mas. El cumplimiento de su promesa electoral le obliga a romper todos los puentes con el Gobierno y con el PP; a sabiendas de que Rajoy tiene la sartén por el mango: el incumplimiento de los objetivos de déficit no sólo podría llevar a la intervención de las cuentas de la Generalitat, sino a la suspensión del dinero procedente del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
Hasta ahora, el Gobierno ha mantenido una posición comprensiva hacia Cataluña, que es la comunidad que más dinero público ha recibido de ese fondo. No sólo eso, ha facilitado que dos entidades catalanas, el Banco de Sabadell y la Caixa, se hagan con el control de la CAM y del Banco de Valencia, respectivamente, con un colchón de ayudas que, en conjunto, suma unos 25.000 millones de euros.
Mas puede jugar al borde del precipicio con el aplauso de ERC, pero ni el PSC ni el poder económico deberían dar opción a una ruptura que podría quebrar la convivencia en Cataluña durante generaciones. Ésa es una responsabilidad que no pueden eludir.
Casimiro García-Abadillos, EL MUNDO 09/12/12