ABC 22/01/13
· Cospedal advierte de que se analizará «hasta el último papel» para ser «transparentes» y que «se conozca absolutamente toda la verdad»
· Expulsiones Si se detecta que alguien se ha enriquecido de una forma ilegal lo expulsarán del partido.
· Colaboración Cospedal asegura que «todo el partido tiene la obligación de colaborar» en la investigación.
La dirección del Partido Popular se enfrentó ayer a la peor crisis interna que ha sufrido desde los tiempos del caso Gürtel y decidió plantar cara al escándalo que salpica la legalidad de sus cuentas, después de conocerse que su extesorero, Luis Bárcenas, tenía varias cuentas en Suiza por importe de veintidós millones de euros. La respuesta de Rajoy para intentar frenar el descrédito de la gestión de los dirigentes del partido en los últimos veinte años, y que amenaza la estabilidad interna del mismo, la puso sobre la mesa ante el Comité Ejecutivo Nacional, que se celebró ayer.
Una investigación interna, que realizará la tesorera Carmen Navarro; una auditoría externa, que se encargará a una empresa «reputada y reconocida»; la comparecencia del ministro Cristóbal Montoro en el Congreso para explicar la regularización fiscal; querellas contra quienes difamen al partido; y un «gran pacto contra la corrupción», fueron las soluciones que presentó Rajoy a los suyos, con el objetivo de calmar el desconcierto y la indignación que se extiende como una mancha de aceite.
Tranquilidad
Aunque Rajoy intentó transmitir «tranquilidad» y ofreció «transparencia» para afrontar el problema en su intervención a puerta cerrada, los dirigentes populares llegaron a esta cita «anímicamente fastidiados», como así lo reconocían a ABC fuentes de la dirección. La mayoría admitían estar «indignados» porque asumen que «podemos tener un desgaste político por la gestión del Gobierno, pero no por culpa de un sirvengüenza». A su llegada a la sede nacional, esperaban una respuesta de Rajoy que abriera la vía de la investigación interna y decididos a «dar la cara».
El presidente, que durante el fin de semana había dejado en manos de la Justicia el caso Bárcenas, reaccionó ayer con más dureza, después de las informaciones que apuntan, aunque sin dar ningún dato, que en la sede del PP se pagaron sobresueldos en dinero B a la cúpula del partido y a los empleados. Primero fue la secretaria general, María Dolores de Cospedal, la que dio un paso más anunciando el sábado que se iba a llevar a cabo una «revisión de todo el PP», dando la razón a los barones que habían reclamado una investigación interna. Ayer Rajoy fue más allá al comprometerse a realizar también una auditoría externa.
A la Ejecutiva asistieron todos los barones, excepto el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, una ausencia que soprendió a muchos, y el del PP del País Vasco, Antonio Basagoiti. Tras las palabras de María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy, hubo siete intervenciones. Las más contundentes fueron las de la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudí, que pidió remar juntos en «la misma dirección» y apeló al PP «como un proyecto colectivo»; y la del presidente de Murcia, Ramón Luis Valcarcel, que llegó a calificar de «gentuza» a los que están lanzando insidias contra el PP.
Las palabras de Rudi, según las fuentes consultadas, provocaron la reacción de la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, que habitualmente no interviene en estas reuniones, con el objetivo de defender la honradez de la clase política. El resto de los dirigentes que tomaron la palabra fueron el de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; el de Extremadura, José Antonio Monago; la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho; y el de Andalucía, Juan Ignacio Zoido.
La concreción de las medidas anunciadas por Rajoy a puerta cerrada las desmenuzó en una rueda de prensa posterior la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. «Se analizará hasta el último papel que exista», dijo, «para que se conozca absolutamente toda la verdad» y si se llegara a la conclusión de que alguien ha cometido alguna irregularidad «se le expulsará inmediatamente del partido».
Los populares están dispuestos a lanzar una ofensiva contra quienes ponen en duda sus cuentas. Por ello, lo primero que quiso dejar claro Cospedal es que «el PP no tiene, ni ha tenido nunca, una cuenta bancaria fuera de España, ni se la ha encargado a persona alguna, ni a nadie». En este sentido, advirtió de que «no pueden responder por alguna persona que tenga una cuenta en el exterior dentro de su actividad privada».
La secretaria general recordó que las cuentas de los partidos están fiscalizadas «por el Tribunal de Cuentas, se remiten al Parlamento y están a disposición de todos los ciudadanos». A pesar de esta fiscalización, Rajoy le ha dado instrucciones a Cospedal para realizar una «exhaustiva investigación». Una investigación en la que «todo el partido tiene la obligación de colaborar», en la que se oirá «a todas las personas a las que se tenga que oir» y que «ya hemos comenzado y va a ser rápido. Tardaremos lo que sea necesario, pero no nos vamos a demorar ni un año, ni dos, ni tres, eso no va a pasar». Una vez finalizados estos trabajos, «se harán publicos» porque «vamos a ser completamente transparentes». Los datos de la investigación interna se trasladarán a una auditoría externa para que también certifique la legalidad de la gestión.
Daño causado
Cospedal se lamentó «profundamente del daño causado a muchas personas de este partido» y advirtió de que estudiarán acciones legales «para defender su honorabilidad». A su juicio, «es injusto que se vean perjudicadas por este tipo de actuaciones» que hasta ahora «son especulaciones porque nadie ha aportado pruebas». Lo que sí reiteró es que «si alguno ha actuado como no debe no le va atemblar el pulso» para expulsarlo y que «han muerto muchas personas asesinadas en este partido y no van a dejar que eso se vaya al traste porque algunos hicieron lo que no debían».
En relación a la comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para explicar la regularización fiscal, subrayó que Rajoy considera un «disparate y que es falso» que se diga que se hizo para las cuentas Suiza de Bárcenas, y adelantó que el presidente edel Gobierno propondrá a todos los partidos una «gran pacto contra la corrupción» que incluye nuevas medidas, tras el encargo realizado al Centro de Estudios Políticos para que elabore una estrategia de regeneración democrática.
ABC 22/01/13