· La declaración que el Parlamento catalán se dispone a aprobar supone un intento de destruir la verdadera fuente de su propia legitimidad.
El Parlamento de Cataluña se dispone a aprobar una ‘declaración de soberanía del pueblo catalán’. No es la primera vez que esto ocurre. La asamblea catalana ha aprobado en cuatro ocasiones (1989, 1998, 2010 y 2011) mociones que proclamaban el derecho de autodeterminación del pueblo catalán. En 2011, el Parlamento catalán llegó a autoproclamarse «sede de la soberanía». Y en septiembre del pasado año aprobó una declaración en la que se defendía «el derecho a decidir» en una consulta o referéndum de autodeterminación, aunque esta vez no emplearon ese término. En todos estos casos se trató de declaraciones políticas que no produjeron efecto jurídico alguno. La declaración actual se sitúa en esa senda de proclamas retóricas carentes de consecuencias jurídicas. Ahora bien, su contenido es incompatible con los principios del Estado de derecho y de la democracia.
Por tratarse de una declaración política, el Gobierno ha anticipado que no va a recurrirla. En este sentido es preciso recordar que cuando el Gobierno de Ibarretxe aprobó en 2003 su propuesta de nuevo Estatuto (basado en el derecho de autodeterminación del pueblo vasco), y la Mesa del Parlamento vasco la admitió a trámite, el Gobierno de Aznar recurrió ambos acuerdos, y el Tribunal Constitucional desestimó la impugnación por tratarse de una mera propuesta, y no de una resolución o disposición. Aunque en este caso –a diferencia de lo ocurrido con el Plan Ibarretxe– la declaración del Parlamento de Cataluña se presenta como una auténtica resolución cuyo contenido se agota en sí mismo, y no es una mera propuesta o primer acto de un procedimiento legislativo, el hecho de que sea una resolución sin efectos jurídicos, explica que el Gobierno central no vaya a recurrirla.
El objeto principal y único de la declaración es proclamar la soberanía de Cataluña: «El pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano». Esa declaración –que supone una violación de los fundamentos mismos del orden constitucional español, que reposa sobre la soberanía única e indivisible del pueblo español–, pretende justificarse en unas supuestas «razones de legitimidad democrática». Y se dice de «legitimidad» porque de legalidad no hay ninguna. La legalidad constitucional vigente es incompatible con la admisión de esa soberanía catalana. Por eso, frente a la legalidad constitucional se apela a la legitimidad democrática. Ocurre sin embargo que esa legalidad constitucional que se pretende subvertir está también legitimada democráticamente. La legitimidad democrática de la Constitución proviene de las elecciones del 15 de junio de 1977, de la aprobación del proyecto constitucional por abrumadora mayoría en ambas Cámaras (incluidos los representantes de CIU) en el verano de 1978, del resultado del referéndum del 6 de diciembre de 1978. A mayor abundamiento, la legitimidad de las instituciones autonómicas catalanas proviene de la Constitución española, y no de ninguna otra fuente. Desde esta óptica, la declaración que el Parlamento catalán se dispone a aprobar supone un intento de destruir la verdadera fuente de su propia legitimidad democrática, la Constitución española. Y ello para proclamar otra legitimidad distinta pero que nunca podrá calificarse de democrática.
La declaración es un acto antidemocrático por dos razones. La primera, porque la afirmación de una supuesta ‘soberanía catalana’ –fundamento del derecho a decidir– tiene como finalidad privarnos al resto de los españoles de nuestro derecho a decidir no solo el futuro de nuestro país, sino el hecho mismo de su propia existencia. La declaración se opone al principio democrático básico según el cual lo que a todos afecta por todos debe ser decidido. Sólo el pueblo español, titular de la soberanía, podría democrática y legítimamente decidir su propia fragmentación y el surgimiento, en consecuencia, de nuevos sujetos soberanos. La segunda razón por la que la declaración catalana es un acto radicalmente antidemocrático es su manifiesta ilegalidad. En el marco de la democracia constitucional, ningún acto ilegal puede ser calificado de democrático. Como bien advirtió Montesquieu, «la libertad es el derecho de hacer lo que las leyes permiten; y si un ciudadano pudiera hacer lo que prohíben, ya no habría libertad, porque los otros tendrían ese mismo poder». La declaración abre así la puerta al despotismo. En este contexto, la declaración aparece envuelta en una serie de apelaciones al diálogo, al respeto a la legalidad, al derecho internacional o a las instituciones europeas que resultan por completo incomprensibles. No cabe diálogo desde una posición manifiestamente ilegal y antidemocrática. El derecho internacional y europeo respaldan la integridad del Estado español y son incompatibles con cualquier proyecto secesionista.
Esta incompatibilidad entre la declaración de soberanía y los principios de la democracia y el Estado de derecho exige una respuesta contundente por parte de los partidos comprometidos con la defensa de la Constitución. La posición del PP y de Ciutadans es bien conocida pero la del PSC es más ambigua dado que introdujo el derecho a decidir en su programa electoral. El debate y votación sobre esta declaración debe servir para disipar dudas y clarificar su postura.
En cualquier caso, nos encontramos con una declaración retórica y antidemocrática que, previsiblemente, va a ser aprobada por una mayoría de diputados catalanes pero que no conduce a ninguna parte. Si a su amparo se aprobase una ley que permita celebrar un referéndum independentista, dicha ley así como la convocatoria misma del referéndum serán impugnados de forma inmediata por el Gobierno, y el Tribunal Constitucional –de la misma forma que hizo en su día con el plan Ibarretxe– los anulará. El imperio de la ley prevalecerá sobre la voluntad de Artur Mas y demás defensores de la declaración, y de esta forma, la libertad triunfará sobre el despotismos.
JAVIER TAJADURA TEJADA, Profesor Titular de Derecho Constitucional de la UPV-EHU, EL CORREO 22/01/13