Rajoy levanta el dique del Tribunal Constitucional ante el proceso soberanista

El Consejo de Ministros autorizó ayer al presidente del Gobierno para que impugne y solicite la suspensión de la declaración soberanista aprobada por el Parlament de Cataluña el pasado 23 de enero. Con esta decisión, el Gobierno central no hace sino levantar un muro, el del Tribunal Constitucional, que sitúa al margen de la legalidad el proceso independentista de Artur Mas. El Ejecutivo ha optado finalmente por una «tercera vía» -la que recoge el artículo 161.2 de la Constitución- que no es, según aclaró la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ni el recurso de inconstitucionalidad ni el conflicto de competencias, para frenar los planes soberanistas que pretende liderar la Generalitat con el apoyo de ERC.

Los argumentos jurídicos en los que se basa el Gobierno son los recogidos en sendos informes elaborados por la Abogacía del Estado y por el Consejo de Estado. El de este último órgano asesor llegó a la mesa del Ejecutivo el jueves por la tarde. Ambos concluyen que la declaración del Parlament es contraria a los artículos 1.2, 2, 9 y 168 de la Carta Magna. El razonamiento que esgrimirá el Gobierno ante el Tribunal Constitucional gira en torno a la atribución unilateral que se hace al pueblo de Cataluña como sujeto de soberanía contraviniendo claramente lo estipulado en el artículo 1.2 de la Constitución, según el cual «la soberanía nacional reside en el pueblo español».

Este artículo enlaza directamente con el siguiente, que reza: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».

Y ello se complementa con lo establecido en el artículo 9, que subraya que los poderes públicos «están sujetos a la Constitución», norma que «garantiza el principio de legalidad» y la «jerarquía normativa».

Cualquier modificación de este precepto requiere, tal y como señala también la Carta Magna en su artículo 168, de una revisión constitucional que sólo puede llevarse a cabo mediante un procedimiento agravado puesto que afecta al Título Preliminar, uno de los apartados blindados de la ley de leyes junto al Capítulo II, sección primera del Título I, y al Título II.

Imposible sin reforma

La clave, por tanto, de la argumentación del Ejecutivo gira en torno al principio de que el concepto de autonomía no implica en ningún caso soberanía, como pretende interpretar en su declaración el Parlament de Cataluña. En palabras de Sáenz de Santamaría, «la resolución del Parlament es incompatible con la Constitución puesto que inicia un procedimiento de reclamación de soberanía» que sólo sería posible previa reforma de la Carta Magna.

Las explicaciones de la vicepresidenta entroncan así con las palabras del presidente Mariano Rajoy, quien ha advertido en reiteradas ocasiones -la última durante el Debate sobre el estado de la Nación, hace diez días- que la Generalitat puede defender lo que estime conveniente pero siempre dentro de los cauces legales, de manera que para llevar adelante sus aspiraciones soberanistas tendría que plantear una modificación constitucional agravada y, por supuesto, contar con los votos necesarios para ello.

«El Gobierno tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes», recalcó la número dos del Ejecutivo, antes de añadir que «todos debemos estar sujetos a los principios de legalidad».

Sáenz de Santamaría hizo un esfuerzo, no obstante, por rebajar preventivamente el grado de tensión que la impugnación puede inyectar en la ya difícil relación de la Generalitat con el Gobierno central, y por ello expresó el deseo y el «interés» del presidente del Gobierno por mantener un encuentro con Mas.

De hecho, la vicepresidenta insistió en que la decisión de impugnar la declaración soberanista no es contradictoria con dicha voluntad de diálogo, y subrayó que espera que la Generalitat y su presidente «entiendan» que la obligación del Ejecutivo es defender la Carta Magna, «de la misma forma que el Gobierno respeta que la Generalitat u otras administraciones impugnen determinadas decisiones del Estado» cuando entienden que entran en colisión con sus competencias o intereses.

Pese a todo, no hay aún fecha prevista para una reunión en La Moncloa, y el paso anunciado ayer por el Ejecutivo podría dar al traste definitivamente con la expectativa de que se celebre. Por el momento, el Gobierno central se remite al encaje de agendas que deben realizar los gabinetes de ambos presidentes y que hasta la fecha no ha sido posible.

· Duran cree que la decisión de impugnar el texto «alimenta el separatismo»

La Generalitat ve en la inminente impugnación de la declaración soberanista una clara voluntad de «cortar la vía del diálogo» por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Para el presidente Mas, se trata de una decisión «completamente fuera de lugar», ya que el texto aprobado por el Parlamento catalán el pasado 23 de enero «no es una ley».

«Ahora llevamos más años de democracia, pero hay un retroceso desde un punto de vista de las bases democráticas», aseveró Mas, quien añadió que es una «prueba evidente»» de que, pese a que el Ejecutivo diga que «quiere dialogar», a la hora de la verdad esta voluntad «no existe». A pesar de ello, Mas insistió en que la Generalitat sigue con la intención de mantener conversaciones para buscar una vía de solución a la «voluntad» del pueblo de Cataluña. Más duro fue el líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, que tildó de «error gravísimo» la decisión del Gobierno de recurrir ante el TC la declaración de soberanía y advirtió de que alienta el «separatismo».

En varios comentarios en Twitter recogidos por Europa Press, Duran aseguró que el Parlamento catalán sólo aprobó una declaración política que no tiene valor jurídico, un consideración que, según recordó, también hizo de forma «acertada» el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo. «El recurso al TC es un acto separador que alimenta el separatismo. Después que no se rasguen las vestiduras», sentenció el dirigente democristiano.

Por su parte, el socialista Pere Navarro cree que el texto del Parlamento catalán no estaría pendiente de un recurso del Gobierno ante el Constitucional si se hubiera limitado a defender el derecho a decidir: «Lo que mal empieza, mal acaba», resumió. «Hay partidos que parece que lo que les gusta es el enfrentamiento. Si se hubiera aprobado nuestra propuesta, la declaración habría tenido un apoyo mayoritario y ahora el Gobierno y la Generalitat estarían dialogando», advirtió el líder del PSC.

EL MUNDO 02/03/13