EL CORREO 19/03/13
La sentencia sobre la etarra Inés del Río y la vigencia o no de la ‘doctrina Parot’ no será inmediata. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tarda alrededor de un año en pronunciarse desde que celebra la vista oral y escucha a las partes. Así lo reconocían ayer a este periódico fuentes de la Corte de Estrasburgo, que ponen como ejemplo los dos últimos casos que ha tenido que revisar la Gran Sala con España como principal demandado.
A mediados de septiembre de 2011, un tribunal compuesto por 20 jueces hizo pública la resolución sobre el denominado ‘caso Palomo’, un contencioso por el que varios representantes sindicales consideraban vulnerados sus derechos tras haber sido despedidos de la empresa en la que trabajaban. La vista de aquel juicio se había celebrado a comienzos de diciembre del año anterior. En total, habían transcurrido nueve meses, periodo este en el que los magistrados se habían reunido en un par de ocasiones para deliberar.
El otro antecedente data de septiembre de 2010. La Gran Sala emitió a finales de ese mes una resolución relacionada con el ‘caso Prestige’, el buque griego encallado en aguas de Galicia y que había vertido toneladas de crudo al mar en una de las mayores catástrofes ecológicas del país. El capitán de aquella nave, Apostolos Mangouras, recurrió ante el TEDH la fianza que la Justicia española le impuso para concederle la libertad condicional ya que consideraba que era abusiva. La sentencia se publicó justo un año después de celebrarse la vista oral.
Portavoces del Tribunal de Derechos Humanos reconocen que no existe una «cadencia exacta» entre el juicio y la sentencia y que el periodo de deliberaciones depende de «la entidad del caso» y de la posibilidad de que los 20 magistrados coincidan para poder reunirse. De hecho, un vistazo a la relación de casos que la Corte ha revisado desde 2010 revela cómo algunas resoluciones han necesitado de hasta dos años para ver la luz.
El juicio en sí cuenta con un protocolo rigurosamente establecido. La sesión se celebrará a primera hora de la mañana. Con las partes ya sentadas en la sala de vistas un timbre, parecido al de los colegios, y un ujier avisarán de la llegada de los componentes del tribunal. Tras una breve explicación del caso por parte de uno de los jueces, los representantes de las dos partes podrán exponer sus respectivos argumentos. Recurrente y recurrido dispondrán de 30 minutos cada uno. Después, los magistrados que lo deseen les realizarán preguntas que los abogados deberán apuntar. Las responderán todas juntas en un segundo turno de palabra, tras el cual el caso quedará visto para sentencia.
La representación del Gobierno de España alegará los precedentes del ‘caso Kafkaris’ –un asesino de Chipre condenado a cadena perpetua a pesar de que cuando cometió sus crímenes la condena máxima en ese país era de 15 ó 20 años– y el ‘caso Hogben’ –que alargó la condena de un preso en Reino Unido tras un cambio de la legislación que regulaba la libertad provisional–.
Errekondo y Larreina
El juicio ha levantado, no obstante, una enorme expectación por la trascendencia de una causa que puede acarrear la excarcelación de 53 ‘históricos’ miembros de ETA con condenas de varios cientos de años. La izquierda abertzale anunció ayer que enviará a Estrasburgo una delegación compuesta por representantes de las coaliciones Amaiur y EH Bildu. Encabezarán esa representación tres diputados en el Congreso –el portavoz Xabier Mikel Errekondo, Jon Iñarritu (Aralar) y Rafa Larreina (EA)– y la completarán los parlamentarios navarros Bakartxo Ruiz y Maiorga Ramírez y el vasco Oskar Matute.
El movimiento independentista pretende, de esta manera, mostrar su adhesión con el colectivo de presos y su rechazo a la ‘doctrina Parot’, que en 2006 modificó la manera de contabilizar los beneficios penitenciarios a los reclusos de ETA por buen comportamiento o por cursar estudios. De descontarse de los 30 años de prisión efectiva, los jueces establecieron que debía restarse del total de las penas impuestas, lo que en la mayoría de los casos implicaba que los miembros de ETA, y otros criminales con largas penas, permanecieran en prisión al menos tres décadas.