EL CORREO 12/05/2013
· Esperan que, como al exetarra Valentín Lasarte, la Audiencia Nacional les permita disfrutar de días en libertad.
Una veintena de presos de la conocida como ‘vía Nanclares’ –internos que han roto con ETA y han reconocido el daño causado– esperan recorrer en las próximas semanas el mismo camino que Valentín Lasarte Oliden. Este recluso, condenado a más de 400 años por siete asesinatos –entre ellos los de los dirigentes del PP Gregorio Ordóñez y del PSE Fernando Múgica–, ha visto cómo esta semana la Audiencia Nacional le ha concedido un permiso de tres días, después de que el juez de vigilancia penitenciaria, con apoyo de la Fiscalía, se lo hubiera denegado en septiembre pasado. ‘Premio’, según sostienen los cinco magistrados que por unanimidad suscriben la decisión, a su «notoria» transformación desde su encarcelamiento en 1996 y a su «esfuerzo rehabilitador».
En un auto de siete páginas hecho público el pasado martes y escrito por el presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande Marlaska –en un principio él no iba a ser el ponente–, se asegura que el caso de Lasarte «por su excepcionalidad» puede «erigirse en modelo de un sistema que persigue, entre otros fines, la rehabilitación de los condenados». Recuerdan que el exetarra «ha rechazado la violencia», ha sido «expulsado de la organización terrorista» por criticar en público el uso de las armas, «reconoce el daño causado», paga «pequeñas cantidades fraccionadas mensualmente» para hacer frente a la responsabilidad civil por sus atentados, ha realizado una «autocrítica severa y sincera consigo mismo», ha participado «en programas de reparación con víctimas del terrorismo» y ha evidenciado sus «ganas de colaborar en el restablecimiento de la paz». Y subrayan que su caso merece distinguirse de los del resto de presos de ETA que conforman el EPPK.
Como él, otra veintena de internos disidentes aguarda a que los jueces les den la razón en los próximos meses. Fuentes judiciales aseguran que ante la Audiencia Nacional se acumula ya más de medio centenar de recursos –algunas fuentes hablan incluso de más de ochenta– contra las sucesivas negativas de las autoridades penitenciarias a conceder días de libertad a este colectivo, a pesar de que todos ellos cumplen con los requisitos legales. Según ha podido saber EL CORREO, los presos de la ‘vía Nanclares’ comenzaron hace medio año a judicializar sus casos para que sean los tribunales quienes decidan si, con las leyes en la mano, son acreedores de unos beneficios que Instituciones Penitenciarias no les ha concedido. La decisión de llevar ante los jueces estos asuntos no afecta sólo a los permisos, sino también a las negativas a conceder ciertas progresiones de grado.
Sin gestos del Gobierno
Este movimiento en los palacios de Justicia supone un significativo cambio de criterio. Hasta esa fecha los reclusos optaban por no apurar la vía judicial. Confiaban en que, tarde o temprano, el Gobierno de Mariano Rajoy tuviera un gesto hacia ellos y, de alguna manera, respaldara la trayectoria de unos presos que han roto con ETA, que desde hace años mantienen un discurso contrario al uso de la violencia, que han reconocido el error de asesinar a quien piensa diferente y que han tratado de resarcir a las víctimas, bien comenzando a hacer frente a las indemnizaciones derivadas de sus acciones bien manteniendo encuentros con damnificados por el terrorismo de ETA.
La denominada ‘vía Nanclares’ fue puesta en marcha por el anterior Gobierno del PSOE. Con José Luis Rodríguez Zapatero en la Presidencia y Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior. Tomaba como nombre el del antiguo centro penitenciario alavés y pretendía facilitar el camino a aquellos reclusos que se oponían al terrorismo y que se habían enfrentado públicamente al colectivo oficial, el EPPK. Se fijaba como objetivo, según sus impulsores, «aumentar las contradicciones» en el ‘frente de makos’ de la banda.
Este programa cayó en saco roto con la llegada del PP a La Moncloa. Aunque en un principio el ministerio que ahora dirige Jorge Fernández Díaz no veía con malos ojos su funcionamiento, la necesidad de distanciarse de la anterior gestión socialista les llevó a redactar su propio sistema de reinserción individual, programa al que no se ha acogido ningún miembro de ETA. Y aunque miembros del Ejecutivo popular prometieron al anterior Gobierno vasco, el presidido por Patxi López, que darían un trato más favorable a los presos de la ‘vía Nanclares’, la gravedad de sus crímenes y, sobre todo, el temor a la reacción de asociaciones de víctimas como Covite o la AVT han llevado a Rajoy a evitar cualquier gesto en favor de estos disidentes.
Tras comprobar que el Gobierno no tiene ya entre sus objetivos abordar su situación –aunque una parte del Ejecutivo cree que la reciente decisión sobre Lasarte «no viene mal»–, el colectivo ha optado por reclamar sus derechos en la Audiencia Nacional y no cargar de presión exclusivamente al juez de vigilancia penitenciaria, que quedó «tocado» por las críticas contra la libertad provisional al etarra Josu Uribetxebarria Bolinaga.
Algunos de los expedientes se deben resolver en los próximos días. Uno de ellos tiene como protagonista a Rafael Caride Simón. Exjefe del ‘comando Barcelona’ que perpetró el atentado de Hipercor, su excarcelación está prevista para 2023, tres décadas después de ser detenido en Francia. El año pasado el juez de vigilancia penitenciaria, José Luis Castro, le rechazó la concesión de un permiso ordinario. Utilizó los mismos argumentos que para denegar a Lasarte los días de libertad que ahora ha autorizado la Audiencia Nacional: la elevada «cuantía de la pena», que en total suma varios cientos de años. La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional –la presidida por Grande Marlaska, la misma que ha respaldado a Lasarte– celebró una vista el pasado lunes 29 de abril y en ámbitos judiciales no se descarta que pueda haber una resolución la próxima semana.
De finalizar el expediente sobre Caride Simón con el mismo desenlace –otro permiso–, en fuentes judiciales creen que se establecería un criterio que guiaría el resto de casos que afectan a los miembros de la ‘vía Nanclares’. Grande Marlaska, sin embargo, quiso quitar el viernes trascendencia a la decisión tomada con Lasarte. En Málaga, el magistrado vizcaíno aseguró que el auto hecho público el pasado martes responde a una aplicación «muy específica» de la ley a un supuesto concreto, aunque se ratificó en lo que en el texto se recoge.
Más expedientes
El procedimiento se cruzará por los pasillos del tribunal con otro debate que arranca mañana mismo. Los magistrados deben analizar la situación penitenciaria de Joseba Urrosolo Sistiaga. Detenido en Francia en 1997 y encarcelado en España desde 2001, cumple condenas que superan los 400 años de reclusión por 16 asesinatos y dos secuestros. Su salida de prisión está prevista para 2031, al habérsele aplicado la ‘doctrina Parot’. El juez de vigilancia penitenciaria rechazó concederle un permiso ordinario a pesar de que con anterioridad ha disfrutado de dos permisos extraordinarios con custodia policial.
No son los únicos casos a abordar por la Justicia. Pendiente de permiso está también Ibon Etxezarreta y el titular de vigilancia penitenciaria tiene que resolver en breve sobre otros cinco expedientes. Uno sobre otro permiso denegado en el mes de noviembre a Lasarte Oliden. Y otros cuatro sobre la progresión de grado para sólo tener que acudir a dormir a prisión o acogerse a horas de libertad de los reclusos Kepa Pikabea, Iñaki Rekarte, Aitor Bores y Jesús García Corporales. Todos ellos esperan que el auto firmado por Marlaska marque un «antes y un después».
EN DETALLE
La ‘vía Nanclares’.
Se conoce bajo este nombre a una treintena de presos que se han desvinculado de ETA, veinte de los cuales han comenzado a reclamar permisos ante los tribunales. El programa fue puesto en marcha por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en las cárceles de Nanclares, Villabona (Asturias) y Zuera (Zaragoza). El actual Ejecutivo lo suspendió y apostó por un modelo de reinserción individualizado. Ningún recluso se ha sumado.
Recelos de los presos.
Los rumores sobre el final de ETA y la declaración de cese definitivo ha llevado a un buen número de presos etarras a rechazar entrar en un programa de reinserción desde el verano de 2011. Esperan que la desaparición de la violencia favorezca una salida conjunta a todos ellos sin el ‘peso’ de desmarcarse de la organización.
Los permisos.
La mayoría de los reclusos de la ‘vía Nanclares’ en segundo grado tienen derecho a 18 días de libertad diseminados en pequeños periodos por cada semestre.
El recurso de Lasarte.
Tras habérsele concedido el permiso de tres días, debe acordar la fecha de salida. No podrá disfrutarlo en Euskadi y deberá desplazarse directamente de la cárcel al lugar donde vaya a residir.
Otros casos.
En la actual legislatura Instituciones Penitenciarias ha concedido el tercer grado –sólo dormir en prisión– a Joseba Andoni Díaz Urrutia y Jurgi Oteiza. Hace dos años el juez de vigilancia dictó libertad condicional para Fernando Luis de Astarloa y José Manuel Fernández Pérez de Nanclares.
EL CORREO 12/05/2013