Memorial de sensatez

De las últimas reuniones y declaraciones en torno al tema de víctimas del terrorismo, se deduce que el Gobierno central está decidido a poner en práctica una de las previsiones contempladas en la ley de 2011, la que su artículo 57 denomina Centro Nacional para la Memoria, pero al que todos los medios se refieren ya con el nombre de memorial de víctimas. Estamos, por fin, en este tema de víctimas, ante una buena noticia, no solo por la decisión en sí sino sobre todo por la sensatez y la cordura que parecen haberse instalado entre los principales agentes implicados en una cuestión tan sensible para nuestra convivencia presente y, sobre todo, futura.
La ley ubica la sede del memorial en el País Vasco y la previsión es que será Vitoria-Gasteiz el lugar idóneo para instalarlo. El Gobierno vasco, además, se ha posicionado a favor del criterio del Gobierno central y de que la dirección corra a cargo de éste, tal como prevé la ley de víctimas, reservándose para sí el papel de colaborador o partícipe necesario. Y es que las víctimas producidas en democracia por el terrorismo de ETA tienen un significado político que trasciende a una comunidad autónoma concreta, por muy mayoritario que sea el número de acciones terroristas y de víctimas producido en su suelo. Y sobre todo porque las víctimas del terrorismo de ETA se diferencian de todas las demás en algo tan decisivo como haber sido asesinadas para destruir nuestra convivencia política, nuestro Estado de derecho y sustituirlo por otro escenario político distinto mediante la fuerza y sin mediar un acuerdo mayoritario entre la ciudadanía.
Del sentido profundamente cívico del memorial se deduce que todos nosotros nos debemos sentir deudores permanentes de estas víctimas, en tanto que somos ciudadanos de un Estado constitucional que tanto esfuerzo ha costado y al que tantos intentos fallidos le han precedido en la historia de España. Del mismo modo, las víctimas de otros tipos de violencia política, o en contextos no democráticos de nuestra historia, necesariamente representan otra cosa distinta, no desde el punto de vista moral, por supuesto, que debe resaltar la profunda injusticia que supone acabar arbitrariamente con la vida de nadie, sino desde el punto de vista político, porque con su muerte no se buscaba desestabilizar el sistema democrático, sino reivindicar de modo extremo una ideología política, la que fuera.
Antes de que este propósito del memorial tomara la senda de realización en la sensatez, que parece que se va imponiendo, han sido varios los documentos y declaraciones donde a las víctimas del terrorismo de ETA se las ha querido solapar con otras víctimas y otros contextos históricos distintos. Así, en el informe de vulneración de derechos humanos del Gobierno vasco, a modo de estadística que une a toda clase de víctimas, se pone el acento en la sinrazón de quienes han conculcado el derecho básico a la vida, se dice ahí, por una idea, un proyecto político, el amor patrio o la razón de Estado, pero no se repara en que ETA mató, al menos desde 1978 en adelante, para acabar con nuestro sistema político democrático, algo que la distingue radicalmente de los otros supuestos considerados.
Y esa misma asimilación de víctimas encontramos en el proyecto del Instituto de la Memoria y la Convivencia del Gobierno vasco, donde se dice que «a lo largo de los últimos cien años la sociedad vasca ha sufrido al menos cuatro experiencias traumáticas marcadas por la violencia: la Guerra Civil, la dictadura franquista, el terrorismo de ETA y los contraterrorismos ilícitos». Descartando que el contraterrorismo pudiera, ni pretendiera siquiera, subvertir el orden democrático, y centrándonos en los dos focos de atención de la llamada «política de la memoria», esto es, la Guerra Civil y la represión de posguerra, los grandes especialistas han llegado ya a dos conclusiones irrebatibles: que la causa inmediata de la Guerra Civil fue la sublevación ilegítima de una parte del ejército republicano contra un sistema legalmente constituido y, a renglón seguido, que la Segunda República no fue modelo de democracia y defensa de las libertades que nuestro sistema constitucional de 1978 debiera tener como referente histórica, porque allí campeaban la intolerancia y la exclusión.
Y en cuanto a la represión franquista en el País Vasco, el escrutinio al que está siendo sometida por la investigación historiográfica demuestra que aquí se sufrió de modo mucho más suave que en el resto de España: es impensable que a ningún dirigente republicano del nivel de un Ajuriaguerra se le conmutara la pena de muerte o que el equivalente socialista, comunista o anarquista de un Luis Arana Goiri viviera tranquilamente en Santurtzi, tras la guerra, sin que nadie le molestara. Y sin embargo en Euskadi se construyó la memoria de una represión franquista insoportable, superior a la de cualquier otra parte de España. La única explicación posible es que aquí empezó a actuar ETA desde finales de los sesenta y, ante la reacción desproporcionada e indiscriminada del régimen franquista, el País Vasco acabó convertido en la expresión por antonomasia del antifranquismo, algo que nunca representó hasta entonces
La Diputación de Bizkaia también ha querido seguir la misma senda asimiladora de víctimas, pretendiendo nombrar ‘Ilustres de Bizkaia’ a todas, incluyendo en tal condición no solo a las de ETA sino también a las del GAL, la extrema derecha y la represión franquista. Con ello lo único que se consigue es ocultar la cualidad diferencial del terrorismo de ETA, que quiso de manera premeditada acabar con nuestro marco de libertades. Y el memorial llega precisamente para homenajear como debemos a las víctimas de ese propósito nefando.

PEDRO JOSÉ CHACÓN DELGADO ES PROFESOR DE HISTORIA DEL PENSAMIENTO POLÍTICO EN LA UPV/EHU