EL MUNDO 01/10/13
Después de que ETA se reivindicase el viernes con un comunicado, el ministro Fernández Díaz pronunció una frase –«la legalidad no significa impunidad»–que ayer adquirió mayor sentido cuando la Guardia Civil entró en las sedes de Herrira y detuvo a los 18 dirigentes de este colectivo.
Se consumaba así la denominada operación Caravana, la primera gran redada desde enero de 2011. El juez Eloy Velasco les acusa de «integración, enaltecimiento y financiación»de la banda terrorista.
Técnicamente, se trata de demostrar que los miembros de Herrira son los sucesores, a las órdenes de la estrategia de ETA, de las ilegalizadas Gestoras o Askatasuna, encargadas de organizar los intereses de los presos de la banda fuera de las cárceles.
Se trata también de atajar y llevar ante la consideración de la Justicia iniciativas como los ni más ni menos que 112 ongi etorri (homenajes de bienvenida) que Herrira ha organizado en favor de los asesinos de ETA que han salido de prisión, recibiéndolos como héroes.
Y también cumple la función de lanzar una advertencia, aunque tardía, a los sectores de la izquierda abertzaleque, en la reivindicación de su pasado, hace mucho tiempo que han traspasado todos los límites.
La operación se inició a las 10.00 horas cuando la mayor parte de los 18 detenidos se encontraba celebrando una reunión de su dirección nacional en la sede de Hernani. Entre los arrestados estaban Roberto Noval e Ibon Meñika, quienes han venido actuando como portavoces de Herrira ante los medios de comunicación –Meñika fue condenado como dirigente de Jarrai en 2005–. También se encontraba Amaia Esnal, quien ya fue arrestada en 2009, cuando la operación Bateragune, porque los investigadores la vinculaban a Askatasuna.
En el marco de la operación se decretó el cierre de 32 perfiles en Twitter, 125 perfiles en Facebooky 38 páginas web. Por cierto, que la operación ha sido bautizada con el nombre de Caravana por una rifa. Herrira adquirió una caravana que luego subastó entre los simpatizantes de la izquierda abertzale para así destinar el dinero recaudado a financiar los actos destinados a los reclusos; y por hechos como ése, el juez les acusa de financiar a ETA.
Según manifestó el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, la operación es una «mala noticia» porque constituye «un paso atrás» en el proceso de consolidación del fin de la violencia volviendo «a tiempos del pasado que creíamos superados». Pero, según Interior, quienes se estaban regodeando en el pasado son los miembros de Herrira, que «habían aumentado de forma exponencial sus enaltecimientos y se habían configurado como la organización más activa del entramado terrorista».
Entre esos 112 actos aportados al Juzgado por parte de la Guardia Civil se encuentran las concentraciones convocadas para respaldar a Josu Uribetxeberria Bolinaga, el secuestrador de Ortega Lara y autor de varios asesinatos. Primero frente al Hospital Donostia, y después cuando fue trasladado a su pueblo entre aurreskus y flores. Probablemente, fueron estos actos los que constituyeron el pistoletazo de salida. Una vez comprobado que resultaban impunes, Herrira se animó.
La mayor parte de estas convocatorias fue denunciada por las asociaciones de víctimas al considerar que constituían una ofensa y una humillacióny que por lo tanto eran un ilícito penal. Y, en cualquier caso, todas ellas constituyen un brutal torpedo en la línea de flotación de cualquier iniciativa para deslegitimar el terrorismo en el País Vasco.
Pero aparte de los actos en sí, los investigadores han aportado ante el juez pruebas con las que pretenden acreditar el vínculo de Herrira con ETA. En primer lugar, han dejado constancia de que la organización continua sin disolverse, mantiene sus estructuras y no se ha cansado de insistir en que tiene bajo su estricto control dos aspectos fundamentales: sus presos y sus armas.
Varios documentos demuestran que la banda creó en 2005 un organismo llamado Portu, encargado de la coordinación del denominado frente de makos. ETA destinó a los abogados de su confianza, encabezados por Arantza Zulueta, a mantener la disciplina y difundir sus directrices en las cáceles –lo que recibió el nombre de Halboka–; y todas las iniciativas en el exterior las encomendó a Gestoras y Askatasuna.
Esas iniciativas consistían en «jornadas de lucha a favor de los presos de ETA» y «homenajes, conferencias, ruedas de prensa y publicaciones» donde se transmite un mensaje «inveraz» y favorable a los presos. Todos aquellos sectores que tuvieran algún tipo de relación con los reclusos celebraban reuniones de coordinación a las que asistían representantes de cada grupo; y de ETA.
Tras el anuncio del cese definitivo, la izquierda abertzale blanqueó cada una de sus ramas para poder actuar legalmente –desde el partido hasta las juventudes– y en febrero de 2012 se presentó Herrira. Pero, según los investigadores, esta organización gestiona con dependencia estratégica el sector que ETA se ha reservado para sí y que sigue bajo su disciplina.
Los propios reclusos la han reivindicado como tal en documentos como el Ekia 20, en el que aseguran que «la herramienta que hay que impulsar para el desarrollo de la línea favorable a los presos es Herrira».
Finalmente, se han documentado reuniones de coordinación con la abogada Zulueta, encausada actualmente por su vinculación con ETA. Herrira, «desde su creación ha asumido de forma integral los objetivos, estructura, funciones, método, financiación y entramado comunicativo» de Gestoras y Askatasuna.