CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO, EL MUNDO 08/10/13
· Alicia Sánchez-Camacho, la líder del PP en Cataluña, ha movido ficha y lo ha hecho con tal torpeza que ha estado a punto de romper el tablero.
Ha sido un error ligar su propuesta de financiación al pulso soberanista. Sin ir más lejos, Sánchez-Camacho situó ayer, en la cadenaSer, su nuevo modelo en el contexto de la «lucha contra el desafío que plantea el señor Mas».
Esa declaración sirvió para que los barones del PP que se sienten afectados o perjudicados le saltaran a la yugular de manera inmediata. Empezando por Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, que se manifestó en contra de una financiación «a la carta» y amenazó incluso con la celebración de una consulta a los madrileños.
Si Sánchez-Camacho quería que su incorporación a la reunión de estrategia del comité de dirección del PP (ayer acudió por primera vez con ese fin a la sede de Génova) no pasara desapercibida, desde luego que lo logró. De hecho, se convirtió en la estrella de la rueda de prensa de la secretaria general tras el cónclave. María Dolores de Cospedal quitó hierro al asunto y dijo que el PP no se movería de sus principios ya conocidos. Es decir, que no habrá una financiación especial para Cataluña. Todo el mundo lo interpretó como una desautorización.
¿Significa eso que lo que propone el PP de Cataluña, no ahora, sino desde hace más de un año, es una locura? No, ni mucho menos. Reducir la horquilla que lleva a Cataluña, Madrid, Baleares, Valencia, Aragón y Murcia a perder puestos en el ranking de ingresos fiscales, tras la aplicación del actual sistema de financiación, parece bastante sensato. Sobre todo, cuando algunas de ellas, como Madrid y Cataluña, pierden hasta nueve y seis puestos respectivamente en esa clasificación.
Está claro que el actual sistema de financiación castiga excesivamente a las comunidades con mayor renta y que habría que equilibrar de algún modo ese efecto perverso del sistema de solidaridad que se aplica ahora.
También es buena idea que la solidaridad tenga carácter finalista. Es decir, que el dinero que se transfiere de unas comunidades a otras sea para cubrir servicios concretos (sanidad, educación, etc) y no para que el político de turno lo emplee en lo que más le convenga. Así se hace en Alemania, por ejemplo.
De hecho, el Ministerio de Hacienda lleva ya algún tiempo estudiando una reforma del sistema de financiación en ese sentido. No sólo para Cataluña, sino para que se aplique en todas las comunidades autónomas. Evidentemente, con la reforma, si se lleva a cabo, habrá autonomías que saldrán perdiendo. Son las que ahora reciben más.
Abrir ese debate es positivo. Lo que no se puede hacer es plantear un cambio de modelo como una respuesta o una cesión a las presiones independentistas de Artur Mas. Entre otras cosas, porque a Mas ya no le preocupa el modelo, sino la marca.
CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO, EL MUNDO 08/10/13