EL MUNDO 08/10/13
· La dirección y los barones del PP rechazan hacer frente a Mas con una nueva financiación que limite la solidaridad.
El debate sobre la financiación en Cataluña estuvo ayer a punto de romper el PP. La secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, se vio obligada a tratar de apagar el incendio desatado por la presidenta del partido en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, al auspiciar un nuevo modelo que incluya límites a la solidaridad entre Comunidades y un carácter finalista a la aportación de los fondos.
La propuesta no era nueva –la aprobó por unanimidad el PP regional en su congreso de mayo de 2012 y la defendió Camacho en el reciente Debate del Parlament–, pero cayó como una bomba en el partido y en el contexto de los recelos de los barones autonómicos hacia el nuevo marco de diálogo entre Gobierno y Generalitat.
Tampoco Camacho fue la única en auspiciarla ayer, porque el propio ministro del Interior y dirigente del PP catalán, Jorge Fernández-Díaz, defendió en Antena 3 el principio de «ordinalidad», que, según el propio documento popular, blindaría a las regiones contribuyentes frente a descensos bruscos en el ranking de riqueza. «Cataluña debe seguir siendo un territorio de impulso del resto de la economía española, pero este impulso no puede suponer pérdida de posiciones», reza el texto. Pero lo cierto es que la líder regional, que arrancó marcando el discurso político a través de El País y la Ser, se estrelló con todo el equipo en su esperado desembarco en Génova.
La semana anterior, Cospedal la había anunciado como una dirigente nacional más del núcleo duro del partido con mando en plaza en Cataluña. Y la había invitado a maitines para dejar constancia ante los demás partidos catalanes de que Camacho era la interlocutora válida de Génova y que nadie podría puentearla por más esfuerzos que quisiera hacer, entre otros, el líder de Ciutadans, Alberto Rivera.
Pero ayer, nada más finalizar la reunión, Cospedal redujo la posición de Camacho a una mera «opinión» entre las muchas que están en «estudio» por parte del grupo de trabajo para la revisión del vigente modelo de financiación. No en vano, y según las fuentes consultadas por este diario, la propuesta del PP catalán está siendo examinada por Hacienda. En todo caso, Cospedal llegó a desmarcarse de ella con claridad, al solemnizar que el principio de «solidaridad» forma parte de «los genes» del PP, y que el Gobierno sólo aprobará un modelo consensuado por todos.
Antes, y a lo largo de la mañana, un coro de baronías populares calentó el ambiente de protesta, abanderado por el presidente de la Comunidad de Madrid. Ignacio González no se limitó a discrepar de la propuesta de su compañera de filas, sino que lanzó un órdago en toda regla al advertir de que si se llega a acordar una financiación a la carta, Madrid promoverá una consulta en su propio territorio. «Si alguien está dispuesto a reconocer regímenes financieros a la carta a cualquier territorio que ahora esta en régimen común, estoy seguro de que los madrileños también tendrían derecho y querrían decidir su modelo de financiación, que ahora es injusto, perjudicial y daña a esta comunidad», afirmó. Asimismo, desde Valencia, desde Aragón, desde Galicia, desde Extremadura… las quejas se sucedieron en cadena.
De nada sirvió que Camacho insistiera a quien quisiera escucharle que su propuesta estaba supeditada al acuerdo de la LOFCA. De nada sirvió que su propuesta permitiría condicionar las aportaciones de fondos a una correcta y concreta gestión, de manera que las comunidades receptoras no podrían bajar impuestos o sufragar televisiones autonómicas. Y de nada sirvió, además, porque la líder catalana también mantiene la reivindicación de un pequeño margen de singularidad en la financiación de Cataluña.
Se dice convencida de que éste es el único terreno de negociación posible entre la Generalitat y el Estado –muy lejos del debate soberanista–, y una aspiración común entre los catalanes sobre la que el PP bien podría llevar la iniciativa. «¿No existe un régimen singular para Canarias, y nadie protesta?, dicen en el PP catalán. Pero sí que protestaron, y mucho, sus propios compañeros de filas. Algunos, con especial contundencia, como el presidente de Rioja: «La propuesta está fuera de lugar. La solidaridad no se puede limitar. Además, sería ceder al chantaje y a la presión», declaró ayer a este diario Pedro Sanz.
«Apoyo totalmente la opinión expresada por la secretaria general del PP», declaraba por su parte el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que puso reparos a Camacho –«la reforma del actual modelo de financiación no puede plantearse para ‘reducir o limitar la solidaridad entre comunidades’; la solidaridad es entre españoles, iguales en derechos cualquiera que sea nuestro lugar de residencia»–, pero que la disculpó: «El problema no es ella sino el nacionalismo», afirmó.
EL MUNDO 08/10/13