La Fiscalía evitará excarcelaciones masivas si se anula la ‘doctrina Parot’

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) pisa el acelerador. La Gran Sala tiene intención de hacer pública la próxima semana, en concreto el lunes, la resolución sobre el recurso presentado por España contra la sentencia de la corte europea que en julio de 2012 declaró ilegal el alargamiento del encarcelamiento de la etarra Inés del Río, condenada a más de 3.000 años de prisión por 23 asesinatos, a través de la aplicación de la ‘doctrina Parot’. Fuentes del Ejecutivo español insisten en que desconocen el sentido del fallo, aunque no son optimistas.
La Fiscalía, en cualquier caso, se prepara para el más negativo de los escenarios, el de que la Gran Sala confirme la resolución de la sección y reitere que España ha vulnerado con la ‘doctrina Parot’ la Convención Europea de Derechos Humanos por haber pospuesto de 2008 a 2017 la excarcelación de la exmiembro del ‘comando Madrid’ Inés del Río Prada. El máximo responsable del Ministerio Público, Eduardo Torres Dulce, explicó ayer que su departamento, una vez conocido el fallo, «examinará en cada caso concreto» los efectos que la resolución pueda tener sobre los presos a los que se ha aplicado la doctrina. En estos momentos son 53 relacionados con ETA, siete reclusos de la ‘vía Nanclares’ y una treintena de internos comunes, la mayoría violadores y asesinos.
Torres Dulce admitió que si finalmente la corte da la razón a la etarra, España, como firmante de la convención, por «lógica» debería aplicar «la doctrina que emane de esa sentencia». No obstante, se mostró cauto, a la espera de conocer los «términos» concretos de la sentencia y, sobre todo, de saber si Estrasburgo «establece alguna categoría de carácter general», más allá de pronunciarse sobre el caso concreto de Inés del Río.

Pase lo que pase
En cualquier caso, ya anticipó una tesis que también ha hecho suya el Gobierno a través de la Abogacía del Estado y los tres tribunales concernidos por la doctrina (la Audiencia Nacional, el Supremo y el Constitucional): el recurso que examina el Tribunal Europeo de Derechos Humanos exclusivamente afecta a la situación de Inés del Río y, en modo alguno, implica «la anulación de la ‘doctrina Parot’» en sí. Según el fiscal general del Estado lo que sí podría vetar Estrasburgo es que esa doctrina pudiera en un futuro «aplicarse retroactivamente a ejecuciones de penas ya fijadas».
Según insistieron ayer diferentes fuentes judiciales, pase lo que pase la semana que viene en Estrasburgo, ni el Supremo ni el Constitucional, que el año pasado avaló esa doctrina, van a anular sus resoluciones. Tampoco, de acuerdo con fuentes del Supremo, va a suponer la revisión automática de la situación de los terroristas que cumplen condena en virtud de un fallo suyo. En 2006, la doctrina fijó que, para la rebaja de los beneficios penitenciarios, debía calcularse individualmente cada una de las penas y no sobre el límite máximo de estancia en prisión de 30 años.
Eso sí, en la Audiencia Nacional esperan una avalancha de petición de nulidades, conforme la corte europea resuelva en contra de España, como es previsible. Al final, serán el Supremo o el Constitucional, tras un largo proceso y siempre caso por caso, los que decidan si ejecutan los fallos de Estrasburgo y solo cuando éstos sean firmes, como lo será el de Inés del Río probablemente la próxima semana. Estrasburgo –insisten todas las fuentes consultadas– no es «un tribunal de tercera instancia» ni existen mecanismos que prevean la incorporación automática de sus resoluciones, que son «sentencias declarativas» y «sin eficacia directa».
Ayer, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró que el «Gobierno y el Partido Popular consideran que la ‘doctrina Parot’ ha sido un instrumento fundamental para la lucha antiterrorista» y garantizó que «el PP luchará en todos los frentes por su mantenimiento».