El PP desafía a Mas e impugna sus cuentas por la partida para la consulta

El PP catalán lanzó ayer un mensaje muy claro a Artur Mas. A la oferta de diálogo en torno al referéndum lanzada por el Gobierno catalán, los populares respondieron con contundencia e hicieron saber a Mas que no se moverán ni un milímetro en su defensa de la Constitución y la unidad de España. Así, el PP consumó la amenaza y anunció la impugnación de las cuentas de la Generalitat ante el Consejo de Garantías Estatutarias, un órgano consultivo dependiente del Ejecutivo catalán que actúa como una especie de tribunal constitucional en el ámbito autonómico.

Rosell detecta «cierto viraje» de los empresarios catalanes hacia el soberanismo

El PP, que con su decisión aborta la previsión de la Generalitat de aprobar sus cuentas esta semana, entiende que los Presupuestos de Mas para 2014 incluyen apartados que «vulneran el Estatut o la Constitución». En concreto, los populares pedirán hoy al Consejo de Garantías que se pronuncie, entre otros puntos, sobre si la partida de cinco millones destinada a la organización de la consulta de autodeterminación es ilegal e inconstitucional. El PP cree incluso que podría suponer un delito de «malversación de fondos públicos». El recurso popular provocará que las cuentas, que iban a ser aprobadas mañana por CiU y Esquerra y que iban a entrar en vigor el 1 de enero, no verán la luz hasta dentro de un mes como mínimo, y la Generalitat tendrá que prorrogar unas semanas sus Presupuestos.
Pero en el fondo, la decisión del PP, a la que también se sumó Ciutadans, que compite con los populares en ser la fuerza hegemónica del constitucionalismo en Cataluña, implica un desafío y un pulso a la deriva independentista de Mas. Fuentes de CiU y de Esquerra hablaron de medida «revanchista», que no busca otra cosa que contrarrestar el acuerdo que suscribieron el jueves pasado las fuerzas soberanistas sobre la fecha y la pregunta del referéndum. La Generalitat, muy molesta, calificó la decisión del PP de «obstruccionismo político» que solo generará más «tensión».

Represalias
El paso dado por el partido que lidera Alicia Sánchez-Camacho sorprendió en el Gobierno de Mas y entre los firmantes del acuerdo porque tanto Mariano Rajoy como la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, garantizaron que no habría medidas de represalia con el Ejecutivo catalán. El presidente del Gobierno afirmó que demostraría que «los españoles quieren a los catalanes».
El caso es que la decisión llegó el mismo día que la Generalitat afirmó que el inmovilismo que practica la Moncloa en torno a la consulta «no es sostenible en el tiempo», y el día en que el Gobierno catalán mostró su confianza en que a la larga se producirá un diálogo entre Mas y Rajoy en relación al referéndum. En cualquier caso, el Ejecutivo catalán se da un plazo de nueve meses para tratar de pactar una consulta con el Gabinete Rajoy, la vía escocesa que ansían todos los partidos catalanes favorables al derecho a decidir. Por tanto, hasta la segunda quincena de septiembre no se aprobará el decreto de convocatoria del referéndum.
Al debate sobre la consulta se sumó ayer el presidente de la CEOE, Juan Rosell, que manifestó su «enorme preocupación» por el desarrollo de los acontecimientos. El líder de la patronal admitió que en los últimos años se está produciendo «cierto viraje» de la sociedad catalana hacia el soberanismo, un giro al que no serían ajenos los empresarios de esta comunidad autónoma. No obstante, Rosell manifestó en un encuentro informativo en Madrid su convicción de que los industriales antepondrán los intereses de sus empresas a su «opinión política personal».