ALBERTO AYALA, EL CORREO 23/03/14
· Iñigo Urkullu, entregado al final de ETA y con tres citas electorales a la vista, se aventura a un cuatrienio menor.
Primero fue la soledad parlamentaria del PNV. Luego, la necesidad de concentrar esfuerzos para lograr una mejor y más rápida salida a la crisis. Ahora, la especial dedicación del lehendakari a lograr un final ordenado al problema del terrorismo de ETA. Cumplido un tercio de la legislatura, Urkullu sigue sin lograr imprimir velocidad de crucero a su gabinete.
Puede sonar a precipitado, pero los datos empiezan a ser tozudos. Con un Gobierno a medio gas que exhibe un escasísimo interés en hincar el diente a determinadas ‘patatas calientes’, a punto de entrar en otra vorágine de citas electorales –tres en menos de año y medio–, y con 2016 ‘reservado’ para definir el nuevo estatus político que quiere el PNV, el jefe del Ejecutivo vasco empieza a correr un riesgo cierto de firmar una hoja de servicios de corte menor en su primer cuatrienio en Ajuria Enea.
Inmovilismo radical
Que el lehendakari realice un esfuerzo especial por procurar el mejor final posible al problema terrorista y por asentar cuanto antes el nuevo tiempo resulta lógico y hasta loable. Que insista en el empeño de forma obstinada cuando el mundo radical da sobradas muestras de aferrarse al inmovilismo, menos.
No basta con que la izquierda abertzale reconozca el daño causado al dar cobertura política al terrorismo, como ha empezado a hacer a regañadientes y de forma un tanto alambicada. Todos los partidos le reclaman otro paso más en su autocrítica: que admita con nitidez que ni estuvo ni estará jamás justificado matar para conseguir objetivos políticos.
Otro tanto cabe decir respecto a los terroristas presos. Es imprescindible que admitan el sinsentido, lo injusto de sus crímenes. Y no por afán de venganza, sino porque es regla esencial de la democracia. Si no lo hacen, la sociedad tendrá que tragar saliva, pechar con ello y seguir adelante, pero ellos serán los mayores perjudicados en su lógica aspiración de recobrar la libertad lo antes posible.
Mientras quienes deben hacer los deberes no los hagan, poco puede aportar Urkullu. Por mucho voluntarismo que le ponga y muchos verificadores a los que reciba e impulse para poner un cierre ordenado a la página más negra de nuestra historia.
Pero es que, además, dedicar tantos esfuerzos al monotema no debiera llevar al Ejecutivo autónomo a distraerse en otros asuntos. No al punto de seguir retrasando el cierre de determinados debates que entraron en la agenda política vasca hace décadas y que siguen ahí, pudriéndose.
Correr riesgos
La semana que viene el Gobierno de Urkullu volverá a abrir conversaciones con las diputaciones y EUDEL antes de alumbrar otro proyecto de Ley Municipal, el tercero tras los de Ibarretxe y López, ambos fallidos. Unos días después, el Parlamento abordará también de nuevo la cuestión de si nuestro complejo modelo institucional propicia duplicidades gravosas y cómo atajarlas.
En estas horas de revisión de las hojas de servicios de personajes de la talla del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez o del alcalde de Bilbao y exconsejero, Iñaki Azkuna, tan ricas en resultados en buena medida porque supieron correr riesgos, resulta frustrante certificar cómo nuestros gobernantes y legisladores pierden el tiempo para retrasar decisiones. Por ejemplo en los asuntos anteriores.
Es hora de que los ayuntamientos dejen de ser los hermanos pobres del entramado institucional vasco. De que una ley tase sus competencias y determine cómo se fijan sus recursos, si como hasta ahora o si entran con voz y voto en el Consejo Vasco de Finanzas, junto al Ejecutivo autónomo y las diputaciones.
Resulta poco comprensible que el Gobierno de Urkullu admitiera hace unos días que no va a cumplir su promesa de elevar el correspondiente proyecto de ley al Parlamento antes del verano. Lo mismo que el hecho de derivar el asunto de las duplicidades a una comisión para volver a hablar y no hacer.
¿El problema reside en que el PNV y el PSE son socios parlamentarios y en estos asuntos –como en la reforma o no de al Ley de Territorios Históricos– mantienen tesis opuestas? ¿Se trata de retrasar el debate hasta después de que se renueven ayuntamientos y diputaciones en mayo de 2015, pactos en los que se supone que jeltzales y socialistas caminarán de la mano? ¿O los jeltzales tienen miedo a que una eventual mayoría EH Bildu-PSEUPyD cambie el actual ‘status quo’?
El Gobierno de Urkullu debiera llevar ambos asuntos al Legislativo ya. Siempre será más fácil buscar acercamientos en lo que resta de este año, una vez se celebren las europeas, que dejarlo para 2015 con dos citas con las urnas en mayo (municipales y forales), y generales (otoño). O para 2016, el año en el que los jeltzalse quieren definir el nuevo estatus político para Euskadi.
El Parlamento debe acometer y finiquitar estos debates en los próximos meses según las mayorías actuales. Si un día cambiaran, se revisan los acuerdos y listo. Todo menos seguir mareando la perdiz otras tres décadas, sí 30 años, de forma injustificada.
ALBERTO AYALA, EL CORREO 23/03/14