¿Queremos esto?

ARA atajar la corrupción, nada más útil que la prueba del algodón, que ya iba incluida en las últimas medidas contra la mugre. Cuando el político accede a un cargo se debería mirar al detalle su patrimonio. Luego, al final de cada ejercicio, se comparan sus ingresos y bienes con lo que poseía el probo servidor público cuando llegó al puesto. Salvo que medie la herencia milagrera de un tío indiano, no hay que ser Poirot para deducir que si empiezan a florecer dachas, cochazos y fines de año en Manhattan que no casan con el salario, nuestro político está trincando y el fiscal debe aplicarse. Por eso resulta acertado que se exijan y divulguen las declaraciones de bienes de los cargos en ejercicio. La transparencia es el oxígeno de la democracia, que no consiste solo en votar.

Una práctica tan sencilla habría cortado raudo la saga-fuga del Honorable Pujol, o la de Granados. Se aclararían también algunos milagros laicos, como el de aquel preboste socialdemócrata que sin ancestros de peculio ni grandes letras poseía el solaz de un dúplex estival, buen chalé en Madrid y hasta parné sobrante para restaurar la casa del pueblo. Algunos deben de pasar la vida a agua y mendrugos, pues mucho les cunde la pasta…

Pero nada de lo anterior justifica la escandalosa filtración de la declaración de la renta de Esperanza Aguirre a solo tres días de unas elecciones en las que es candidata. Alguien en la Agencia Tributaria ha incumplido la ley, ha vulnerado la confidencialidad de los datos fiscales y ha facilitado a un medio digital sus ingresos de 2013, con el claro objeto de viciar el proceso electoral. Además, se trata de la declaración de un ejercicio en el que Aguirre no ocupaba cargo público alguno, pues era la etapa de su dimisión –luego con freno y marcha atrás–, que la llevó al sector privado.

Este asunto debería denunciarse unánimemente, al margen de las filias o fobias que suscite Aguirre. Algunos consideran que no debió volver tras destaparse que Granados, al que mantuvo casi siete años como su consejero de Presidencia, Justicia, Interior, era un pícaro de riesgo. Pero aquí el asunto es otro: los ciudadanos, todos, tenemos derecho por ley a que se preserve la confidencialidad de nuestra declaración fiscal. Lo que está en juego es defender que España debe ser un Estado de Derecho, con seguridad jurídica, y no una república bolivariana, donde la ley es de goma y tiene más boquetes que el casco del Exxon Valdez.