Ocurrencias y anaquía programática

ESTÁ bastando menos de una semana para comprobar que los gobiernos municipales en manos de las marcas sucedáneas de Podemos incurren en una grotesca anarquía programática basada en la improvisación, las ocurrencias y la insensatez. No va a ser fácil arrancarles una sola dimisión, estén o no inmersos en acusaciones de delitos de odio racista y religioso, o se mofen sin piedad de las víctimas del terrorismo. Eso sí, su aparato de propaganda funciona a la perfección para hacer creer que ha llegado el fin de los desahucios, cuando lo conseguido en Barcelona o Madrid es un simple aplazamiento, exactamente igual que venía ocurriendo con anterioridad; o que se han sustituido para siempre los coches oficiales por el Metro, los taxis o la bicicleta, un gesto inocuo que no durará toda la legislatura por pura lógica. En la capital, Carmena acaba de rectificar uno de los puntos cruciales de su programa: la creación de un banco público municipal como «herramienta de financiación de proyectos sociales, de empresas y cooperativas que fomenten la economía productiva». Pura palabrería para un disparate que –era consciente desde el principio– nunca pondría en marcha y no dejaba de ser un reclamo electoral de prestidigitador barato.

Carmena también quiere poner a las madres (luego incluiría a los padres) de alumnos a limpiar los colegios. Es natural que haya generado incredulidad y encrespado los ánimos de los sindicatos porque supondría automáticamente la pérdida de 65.000 empleos. Ocurrencia sobre ocurrencia, su plan urgente para alimentar a los niños de hogares sin ingresos durante las vacaciones ha topado con la evidencia de que la anterior alcaldesa, Ana Botella, ya lo había puesto en marcha con un servicio de comidas a domicilio, que además estigmatiza menos a estas familias porque no tenían que desplazarse a un centro educativo y convertir su almuerzo en una humillante exhibición. Aferrada al cargo sigue también la portavoz de Carmena, acusada por el fiscal de asaltar una capilla universitaria para desnudarse y causar disturbios. Lo que para Podemos fue un acto de libertad de expresión, una «acción pacífica para defender la universidad laica», según el Código Penal es una conducta delictiva penada con un año de cárcel. Más allá del criterio selectivo con el que se perdonan las imputaciones a sí mismos mientras exigen a los demás dimisiones masivas, con razón dijo Ada Colau que desobedecerían las leyes a capricho. Y mientras incumple o no la ley, la alcaldesa de Barcelona realiza aportaciones «originales» al municipalismo, como la concejalía de Ciclo de la Vida, Feminismo y LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bixesuales e intersexuales).

Podemos no defiende un proyecto político, sino la utilización de las instituciones y el dinero público para una gigantesca y perversa operación de marketing que desnaturalice la cruda realidad con engaños dogmáticos y contradicciones sin pies ni cabeza. Poder y demagogia en dosis letales. Poco a poco caerán del guindo. Eso sí, sin dimitir.