ABC 04/07/15
El Gobierno aprobó ayer la petición de extradición a Venezuela del miembro de la banda terrorista ETA José Ignacio de Juana Chaos, para enjuiciarle por un presunto delito de justificación pública de actos terroristas propios y ajenos que humillan e intensifican el dolor de las víctimas y sus familiares. Así lo comunicó ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien aseguró que el Gobierno ha tramitado esta solicitud con la «máxima celeridad», después de que el Ministerio de Justicia recibiera el pasado 25 de junio toda la documentación necesaria por parte del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
El terrorista reclamado, localizado en Venezuela el pasado mes de mayo, está en busca y captura nacional e internacional desde el 11 de noviembre de 2008, cuando huyó de España tras negarse a declarar. La vicepresidenta Santamaría explicó que el Gobierno ha solicitado la extradición a partir de una petición de la Audiencia Nacional, que reclama a De Juana Chaos después de que se supiera, a través de la Embajada de España en Venezuela, que el pasado 21 de mayo fue visto en una licorería llamada Falcon Fcc, situada en la localidad de Chichiriviche.
En 2010, en el Reino Unido
Según explicó el Gobierno, la solicitud de extradición se fundamenta en los hechos sucedidos el 2 de agosto de 2008 en San Sebastián, durante la celebración de un homenaje a De Juana Chaos tras cumplir veintiún años de prisión por veinticinco asesinatos consumados y un delito de amenazas. En ese acto se dio lectura a una carta entregada por De Juana en la que se instaba a la continuación del uso de la violencia y se enaltecía a otros etarras como Domingo Iturbe Abasolo, «Txomin».
El juez Velasco asegura que De Juana «se situó en una posición de sustracción a la Justicia» al no comparecer cuando fue llamado a declarar por esos hechos en noviembre de 2008, lo que provocó que se dictara auto de prisión contra él y una orden de busca y captura internacional. El etarra se trasladó entonces al Reino Unido y en 2010 se cursó una orden de arresto internacional a las autoridades británicas, pero el etarra abandonó el país.