Nada que negociar en Cataluña

Proclamar, como hicieron la noche electoral los dirigentes de Junts pel Sí, que estos resultados significan un mandato para la independencia es una inexactitud más, que se suma al cúmulo de falsedades que profirieron estos mismos dirigentes durante la campaña. Bastaba ver las expresiones faciales y verbales de incredulidad del periodista de la BBC Stephen Sackur cuando entrevistaba a Raül Romeva para darse cuenta del efecto que hace en el extranjero el desahogo con que han propalado infundios este señor y sus compañeros de lista.

La candidatura Junts pel Sí proclamó como su objetivo alcanzar la mayoría absoluta en el Parlament, esto es, 68 escaños: obtuvo 62. ¿Es esto un éxito? Ganaron las elecciones claramente, sí; pero el único mandato legítimo que obtuvieron es para formar gobierno; no para tomar una decisión política de la trascendencia que tendría proclamar la independencia de Cataluña. Según los resultados electorales, el 64,5% de la población catalana está en contra de la independencia. O, veámoslo de otra manera: el número de escaños de Junts pel Sí, sumados a los de la CUP, dan 72: mayoría absoluta. Sí, pero para modificar el Estatut vigente hacen falta dos tercios de los votos en el Parlament, esto es, 90. Les faltan nada menos que 18. Si para modificar un estatuto se necesitan 90 votos, ¿no se necesitará al menos igual número para tomar una decisión mucho más trascendental que una modificación estatutaria? En definitiva, el separatismo catalán quiere independizar a Cataluña contra la voluntad de dos tercios de los catalanes. Los de Junts pel Sí dicen tener un mandato para eso. Y le llaman democracia.

Pero hay más: Junts pel Sí es una candidatura heterogénea, que reúne dos partidos que sólo coinciden en el separatismo; uno, Convergència, es muy de derechas, y el otro, Esquerra, ya lleva en su nombre que es de muy distinta convicción. Un gobierno de ambos partidos parece una alianza contra natura, y tendrán muy difícil construir un programa, que en estas elecciones no han presentado. Aunque mayoritaria, la coalición no ha obtenido la mayoría absoluta. El todo ha sido menos que la suma de las partes. Para gobernar necesitaría el apoyo de la CUP, que son de muy extrema izquierda, y que, además de separarse de España, quieren separarse de Europa y abandonar el euro. Por lo tanto, para gobernar, los separatistas necesitan el apoyo de todo el espectro político, desde la derecha más conservadora hasta la izquierda más extremista. Las probabilidades de que se pongan de acuerdo, incluso acerca de la manera de alcanzar la independencia, son pequeñas, porque alguien va a tener que renunciar a su programa (explícito o tácito) para colaborar con los otros.

Pero todavía hay más: los encuestadores coinciden en asegurar que una parte sustancial de los apoyos a Junts pel Sí no eran en realidad votos a favor de la independencia, sino votos a favor de una negociación entre la Generalitat que salga de la coalición y el Gobierno de España para obtener más cuotas de autonomía y de privilegio. Estos votantes quedarían horrorizados si el Gobierno catalán proclamara la independencia. En mi opinión, y en la de gente mucho más solvente que yo, las consecuencias de la independencia también chocarían muy desagradablemente a muchos de los que han votado por ella sin analizar racionalmente sus secuelas.

Dado este panorama , ¿qué sentido tiene negociar con este conjunto heterogéneo de separatistas que van a tener grandes dificultades para ponerse de acuerdo ellos mismos entre sí? ¿Se trataría de hacer más concesiones para ver si esta vez sí se tranquilizaban? La experiencia nos demuestra que esto no va a pasar. Desde la Transición a la democracia, los nacionalistas catalanes han obtenido prácticamente todo lo que han pedido: el Estado de las autonomías se diseñó para satisfacerles. A la Constitución de 1978 algunos la han llamado «la Constitución de los catalanes». Tenían un Estatut de 1932, pero querían otro con más competencias, especialmente, en materia de educación. Lo obtuvieron. Veinticinco años más tarde les parecía ya poco el Estatut de 1979 y pidieron otro con más competencias y concesiones. Lo obtuvieron; y encima se enfadaron porque el inefable Rodríguez Zapatero tuvo que desdecirse un poco de sus insensatas promesas. Muchos de los partidarios de más negociación y más tercera vía no se dan cuenta de que los nacionalistas negocian con un sistema de pestillos; lo que obtienen no tiene vuelta atrás. La próxima negociación es para pasar al próximo pestillo, sin ceder un ápice en lo conseguido en la anterior. El último pestillo, el mayor de todos, será la independencia, porque esa sí que no tendrá vuelta atrás por más que se arrepientan luego los votantes que la apoyaron.

Cataluña es la comunidad autónoma que tiene el mayor número de competencias transferidas. Según Borja de Riquer, historiador no precisamente anticatalanista, desde la Transición hasta 2003 Cataluña vivió «una etapa histórica […] excepcional, […] porque se trata de la etapa de autogobierno catalán más prolongada de toda la época contemporánea». ¿Ha servido eso para moderar las exigencias de los nacionalistas? No, señor, todo lo contrario. ¿Nadie recuerda que José Luis Rodríguez Zapatero dijo, tras aprobarse el Estatut hoy vigente, que serviría para cohesionar más a España? Pues toma cohesión.

SÓLO HABRÍA una manera de negociar con los separatistas: sin bilateralidad y sin pestillos. En primer lugar, habría que pedirles renunciar al separatismo. Conditio sine qua non. En segundo lugar, los acuerdos que se alcanzasen, en especial los relativos a financiación, debieran ser ratificados por el resto de las autonomías. En tercer lugar, antes de hablar de retoques en la Constitución, debiera exigirse el cumplimiento estricto de la vigente: nada de monolingüismo; educación en la lengua materna, como los nacionalistas pedían cuando estaban en la oposición; revisión a fondo de los libros de texto que se estudian en Cataluña, que están escritos (por supuesto, solo en catalán) como si la historia de España fuera el cuento de Blancanieves, con Cataluña como la sufrida heroína y España como la Reina Mala, que impone la centralización, la uniformización, el absolutismo y la dictadura; donde a España se la llama siempre el «Estado español», menos cuando se dice que Cataluña es «la fábrica de España». Con la versión de la historia que se ofrece en las escuelas catalanas es un milagro que todavía haya dos tercios de la población contra la independencia.

Es quizá prematuro hablar de negociación cuando las elecciones generales están en puertas y nadie sabe qué gobierno tendrá España a partir de Navidades. Pero, en todo caso, si llega el momento de dialogar con los separatistas, sea el gobierno que sea, nada de bilateralidad y, sobre todo, nada de pestillos.

Gabriel Tortella es economista e historiador. Prepara un libro sobre Cataluña en España con Clara Eugenia Núñez, Gloria Quiroga y José Luis García Ruiz.