Artur Mas pedirá el archivo de la causa por el 9-N

Una vez cumplido el trámite de su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por un presunto delito de desobediencia, Javier Melero, Jordi Pina y Rafael Entrena –respectivamente los abogados defensores del presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, la consejera Irene Rigau y la ex vicepresidenta del Govern, Joana Ortega– entregarán esta semana al magistrado su petición para el archivo de la causa.

Consideran que con la declaración de sus clientes queda claro que no cometieron ninguno de los delitos por los que se querelló la Fiscalía, ya que aseguraron ante el magistrado que no desobedecieron de forma expresa la resolución del Tribunal Constitucional cuando suspendió el proceso participativo, ni prevaricaron al no adoptar ninguna decisión sabiendo que era arbitraria, ni malversaron caudales públicos ya que no se enriquecieron de forma irregular al ordenar las votaciones.

Este es el sentido de las palabras de Irene Rigau hace unos días en Catalunya Ràdio: «Creo sinceramente que si la Justicia hace el camino que tiene que hacer y con la corrección que se presupone, prefiero pensar que esto se archivará», dijo sobre la causa penal por la organización del 9-N. «El problema que tiene Madrid es que no puede demostrar que hayamos desobedecido», añadió.

Con la petición de archivo, los letrados de la defensa siguen con su estrategia marcada, que iniciaron a mediados de septiembre, en plena campaña electoral, cuando pidieron al tribunal que adelantara la declaración de los imputados antes que los testigos previstos, ya que de esta forma se «hacía valer el derecho de defensa». En un recurso presentado el 16 de septiembre pasado, los abogados recordaron que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la declaración de los imputados debe producirse antes que la de los testigos, aunque en este proceso judicial ya habían declarado cuatro personas. Además, argumentaron que en esta «primera declaración» es en la que se informa al imputado de los hechos delictivos que se le atribuyen.

Según varias fuentes, los letrados de los tres acusados se han mostrado en privado satisfechos con la declaración de sus clientes, que sólo respondieron a preguntas del magistrado instructor, Joan Manel Abril, y de las defensas. Los imputados declinaron responder a la Fiscalía y a la acusación popular, que ejerce Manos Limpias, que ya anunció que se opondría a una eventual petición de archivo del proceso judicial, ya que sopesa pedir más diligencias.

En sus declaraciones, Mas, Ortega y Rigau explicaron que cuando el 4 de noviembre el Constitucional suspendió el proceso participativo todo quedó en manos de los 42.000 voluntarios que gestionaron las votaciones. Incluso, Mas llegó a afirmar que él fue el «impulsor» del 9-N, por lo que asumía su «responsabilidad política», pero los ejecutores fueron los ciudadanos que se apuntaron en la web creada por el Govern.

Precisamente, los imputados explicaron que durante las semanas previas a la suspensión de la consulta primero, y después del proceso participativo, el Govern estuvo trabajando para su celebración a partir de convenios para obtener las papeletas y las urnas –fabricadas por presos–, los 7.000 ordenadores que usaron para apuntar los datos de los votantes –que costaron 2,8 millones de euros y que era una partida ya presupuestada para los centros, como aseguró Mas–, la activación de la web para consultar el lugar de votación o el acuerdo con los institutos para abrir el 9-N, entre otras medidas.

Precisamente, hoy declara un asesor en materia de opinión pública del Departamento de Gobernación, Joan Cañada, que fue el coordinador de la consulta. Responderá sobre los preparativos y la administración y mantenimiento de la web. También declara Elisabet Abad, directora de la empresa pública CIRE, que se encargó de producir y suministrar las urnas y papeletas del 9-N con un coste de 143.738 euros. Comparecen a instancias de la Fiscalía, que indaga si el Govern participó de forma activa en la organización de las votaciones tras la suspensión por parte del Constitucional a principios de noviembre, lo que demostraría el delito de desobediencia.

EL MUNDO – 19/10/15