EL MUNDO – 20/10/15
· Relatan ante el tribunal cómo el Ejecutivo de Mas impulsó el 9-N pese a la suspensión del TC.
La estrategia de defensa de Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega empieza a desmontarse. Los testigos que declararon ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) relataron que el Govern se implicó en varias acciones entre el 4 y el 9 de noviembre, pese a que el Tribunal Constitucional ya había suspendido cautelarmente el proceso participativo. De esta forma, quedaría presuntamente demostrado el delito de desobediencia, tal y como consideran las acusaciones, ya que contradiría la versión de los imputados, sustentada en que cuando llegó esta prohibición el Govern dejó de actuar y la organización quedó en manos de los voluntarios.
Según fuentes judiciales, Elisabet Abad, directora del Cire –la empresa pública que encargó a los presos la confección de urnas y papeletas–, explicó que a finales de octubre ya se tenía todo este material. Además, detalló que las distribuidoras, contratadas por el Govern dentro del mismo encargo al Cire, lo llevaron a los centros de votación a partir del 4 de noviembre.
Mientras, la directora del instituto Pedraforca de L’Hospitalet, Dolores Agenjo, que el día de las votaciones se negó a entregar las llaves para acceder al instituto, afirmó ante el tribunal que cuando el 9-N llegó la persona que transportaba las urnas al centro le dijo que se las llevase.
Además, el director del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Jordi Escalé, declaró que el día 4 de noviembre acabó la instalación del software en los ordenadores que debían servir para que no se duplicasen las votaciones y que al día siguiente empezó su distribución e instalación de empresas de logística homologadas por esta empresa pública. También remarcó que el 9-N muchos de sus trabajadores actuaron como voluntarios y que su misión era evitar ataques informáticos al sistema de la organización del proceso participativo.
Por su parte, Joan Cañada, asesor del Departamento de Gobernación que coordinó la consulta, destacó que la suspensión del Constitucional del día 4 de noviembre dejó «preocupados» a los organizadores, como a la propia ex vicepresidenta Joana Ortega. El abogado de Manos Limpias, Pedro Muñoz, afirmó que los representantes de Gobernación son responsables de la desobediencia por «omisión», ya que no hicieron nada para parar las votaciones.