CARLOS CUESTA – EL MUNDO – 27/10/15
· Ha sido Forcadell la encargada de celebrar el inicio de un periodo legislativo «constituyente» en Cataluña. La encargada de anunciar, desde la Presidencia del recién constituido Parlamento autonómico, el deseo expreso de consumar el robo del derecho de todo el resto de españoles a decidir sobre su territorio íntegro.
Y lo ha hecho para anunciar la república catalana. Solución, por lo visto y según ella, a todos los males que hoy azotan Cataluña. Desde la corrupción hasta el hiperendeudamiento público –el 260% del madrileño–. Desde su consideración de bono basura e incapacidad de financiación hasta la fuga de más de mil empresas por año. Desde las listas de espera en la sanidad –las mayores de toda España– hasta la ausencia de respeto por la divergencia política.
¿Qué república sería esa? ¿Sería una república respetuosa con el pluralismo, la seguridad jurídica y las libertades?
Forcadell, famosa por su frase en la que anunciaba la «inevitable» violación de las leyes para lograr la ruptura nacional, dudo que haya pensado en su idea de república catalana en gente como Antonio Salguero, imputado en el caso Adigsa–donde el 3% se convirtió en 20%–: una persona que tras pagar la mordida para poder cobrar las obras realizadas y denunciar acto seguido el caso, tuvo que ver cómo los cargos políticos implicados quedaban libres de la actuación judicial y cómo la juez responsable del archivo de las actuaciones contra ellos acababa como responsable de Transparencia de la Generalitat de Mas.
Dudo que ese nuevo país pudiese evitar que se acabe marchando de Cataluña gente como Josep Bou: empresario que, tras mostrar públicamente su negativa expresa al separatismo, denunció cómo aquellos que osan revelar su rechazo al independentismo quedan misteriosamente fuera de concesiones, subvenciones o contratos públicos, para pasar a convertirse en el epicentro de controles y sanciones.
Y dudo que facilitase la vida a gente como Dolores Agenjo, directora del único instituto que se atrevió a no favorecer la colocación de las urnas rupturistas del 9-N: profesional que tuvo que ver amenazada su persona e insultado su nombre por no prestarse a realizar actos sin respaldo legal. O como Antonio Hernández, padre de una niña a la que sus propios compañeros llamaban «españolita de mierda» y amenazaban con tirar por la ventana ante los inmutables profesores del colegio por el pecado de llevar una bandera de España en el libro de Lengua Castellana.
¿Qué república es esa? ¿Es la de los catalanes que sufren cada día el desastre económico, jurídico y social de sus gestores? ¿O es, más bien, la del 3%, el liberticidio y los Pujol?