EDITORIAL EL MUNDO – 28/10/15
· Artur Mas, acuciado por las investigaciones a CDC, acelera un pacto con la CUP para romper ya con España.
· Junts pel Sí y los antisistema acuerdan desobedecer al TC y «crear un estado catalán en forma de república».
· Rajoy avisa, tras hablar con Sánchez y Rivera, de que frenará «la provocación» con todas las armas de la ley.
· Los juristas consideran que habrá graves dificultadespara aplicar el artículo 155 y la reforma del Constitucional.
El independentismo catalán lanzó ayer un órdago al Estado de Derecho al presentar una propuesta de resolución en el Parlament en la que anuncia el inicio de un proceso constituyente para proclamar la república de Cataluña y la desobediencia de la legalidad vigente. La propuesta está respaldada por Junts pel Sí y la CUP, que tienen la mayoría absoluta de escaños para garantizar que salga adelante. Sus promotores quieren que se discuta y se vote la semana que viene, antes de la constitución del nuevo Govern.
La reacción de Rajoy fue esta vez inmediata. Compareció a última hora de la mañana para asegurar que utilizará «todos los mecanismos políticos y jurídicos» para que la resolución «no surta efecto». El presidente calificó la propuesta de «provocación» y empeñó su palabra de que, mientras él siga en el cargo, España será un país unido. «Garantizo que los independentistas no van a conseguir sus objetivos», afirmó. No faltará quien hubiera deseado una intervención más explícita, pero nos parece que no era el momento de desvelar cuál va a ser la estrategia del Gobierno.
No le falta esta vez razón a Rajoy porque la iniciativa no es ya sólo un ataque frontal a la legalidad vigente sino que supone cruzar una línea roja que nadie se había atrevido a traspasar: la de la soberanía de todos los españoles. Y ello porque los promotores de la propuesta señalan que el Parlament adoptará «las medidas necesarias para abrir un proceso de desconexión» con el Estado y subrayan que la Generalitat ignorará todas las decisiones que emanen de las instituciones y los tribunales de la nación, especialmente del Constitucional.
La resolución de Junts pel Sí y la CUP da un plazo de 30 días para crear por ley una Hacienda y una Seguridad Social catalanas y pide al Gobierno que inicie de forma inmediata negociaciones que conduzcan al reconocimiento de la nueva república. Eso se llama en castellano chantaje.
Ya había anticipado Artur Mas durante la campaña electoral que los independentistas seguirían adelante si lograban la mayoría absoluta, aunque no tuvieran la mayoría social. Pero no era previsible que, sin transcurrir el segundo día de constitución del Parlament y todavía sin Ejecutivo, iban a lanzar un desafío de esta magnitud al Estado.
Ello indica que su estrategia es acelerar su hoja de ruta y forzar un enfrentamiento con el Gobierno de Rajoy antes de las próximas elecciones generales. La propuesta indica que no están dispuestos a negociar otra cosa que no sea la proclamación de la independencia tras dejar sentado que las leyes españolas ya no rigen en Cataluña y que no van a obedecer lo que diga el Constitucional. Todo indica que la CUP ha logrado imponer sus condiciones en esta resolución, que supone un peldaño más en la radicalización de un independentismo que se escenifica con el discurso amenazador que le gusta tanto emplear a Antonio Baños, el líder de la formación de extrema izquierda, que aparece como el ideólogo que tira del proceso.
Ello pone al Ejecutivo en una complicadísima situación, ya que, por primera vez, el Gobierno se halla abocado a plantearse la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que suspende la autonomía catalana. No es una opción conveniente ni deseable, pero si el Parlament aprueba esa propuesta e insiste en no acatar las leyes, habrá que contemplar seriamente su aplicación como último recurso, sobre todo, si los secesionistas se mantienen en negar la legitimidad al Tribunal Constitucional.
Desde luego, este chantaje –que se ajusta a lo que el Código Penal tipifica como sedición– cierra la puerta a cualquier diálogo con la Generalitat y el Parlament, ya que no se puede hablar con quien rompe las reglas de juego y pega una patada a la mesa. Aunque la puerta al diálogo no debe cerrarse del todo, éste no se puede producir cuando una de las partes busca anteponer sus posiciones contra la mayoría de catalanes y españoles, tratando de imponer hechos consumados e ilegales. Lo que pretende esta propuesta es abrir un conflicto sin precedentes y de imprevisibles consecuencias en nuestro sistema democrático.
No es casualidad que el mismo día en el que se presentaba esta resolución, la Policía Judicial registraba el domicilio de Jordi Pujol, de tres de sus hijos y de sus socios y testaferros. La Fiscalía posee sólidos indicios de que la familia amasó una gran fortuna que ocultó en paraísos fiscales y que provenía del cobro de comisiones en los contratos públicos. Y también el mismo día en que el juez de Vendrell –que instruye la financiación ilegal de CDC– ordenaba la apertura de cuatro maletines con documentos y de una caja fuerte, que podrían contener pruebas irrefutables de que el partido ingresaba el 3% de los contratos de obra pública que concedía la Generalitat.
Es evidente que la Justicia está acorralando a los Pujol, a Mas y a la cúpula de CDC, lo que explica las prisas en acelerar el proceso de proclamación de la independencia, que supondría la impunidad para todos ellos. Eso permite también contextualizar las continuas declaraciones de algunos dirigentes catalanes en las que reafirman su desprecio a las sentencias de los tribunales y a las leyes del Estado. Están inspiradas por el miedo a ir a la cárcel.
Como presidente de Gobierno, Rajoy tiene el deber de defender la Constitución y liderar la respuesta de los partidos democráticos a este pulso del independentismo. No basta con conversaciones telefónicas. Hoy mismo debería abrir una ronda formal de consultas con Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pablo Iglesias y el resto de los dirigentes de las formaciones. Y todos ellos tienen la obligación de superar sus diferencias partidistas y sus intereses electorales para buscar una respuesta conjunta y contundente a tamaño desafío, el mayor que sufre España desde 1975.
Lo ideal sería ver en los próximos días a los líderes de los cuatro o cinco mayores partidos comparecer juntos ante la opinión pública para dejar bien claro que no hay fisuras en la defensa de la legalidad constitucional. Esa sería la mejor respuesta a la rebelión independentista.
Aunque el Congreso y el Senado están disueltos, hay que recordar que el Parlamento español conserva toda su capacidad legislativa a través de la Diputación Permanente, que puede tomar medidas con la misma legitimidad que si lo hicieran las dos Cámaras en pleno. En ese sentido, nuestra democracia no está indefensa.
Por tanto, y a modo de conclusión, es muy importante que los líderes de los partidos tengan altura de miras para responder a este reto mediante un gran pacto que despeje cualquier duda de que el Estado de Derecho actuará hasta el final para defender la unidad de España, cuya garantía es, en última instancia, la soberanía nacional que reconoce el artículo uno de la Constitución.
EDITORIAL EL MUNDO – 28/10/15