EL MUNDO – 06/12/15 – RAFAEL CATALÁ
· El sustituto de Alberto Ruiz-Gallardón ya no pasará a la Historia por ser el ministro de Justicia más breve –con 14 meses en el sillón de notario mayor del Reino, ha superado en dos a Francisco Fernández Ordóñez–. Su récord tal vez pase por haber asistido durante su mandato a la sentencia más rápida del Tribunal Constitucional en más de tres décadas.
Pregunta.–Muy grave ha debido ser la declaración soberanista para despertar de su letargo al TC…
Respuesta.– Es cierto que ha sido una respuesta muy rápida, unánime y necesaria ante el desafío planteado por el Parlament. Es verdad que algunos asuntos están en el TC más tiempo del que desearíamos, pero no está aletargado ni mucho menos.
P.– ¿Detendrá a los soberanistas la amenaza de inhabilitación?
R.– Doy por supuesto que la sentencia se va a cumplir cuando se notifique, y si no fuera así, el Tribunal tiene herramientas para ejecutarla.
P.–¿Pero todavía le puede explotar la bomba independentista al Gobierno en plena campaña?
R.–Es imprevisible, pero si vuelve a pasar algo parecido volverá a haber una respuesta tan eficaz como la que ha habido. Una Diputación permanente y un Gobierno en funciones tienen plenas competencias para defender la Constitución.
P.– La unanimidad de la resolución ¿basta para desmentir la acusación nacionalista de politización?
R.– Los magistrados son profesionales absolutamente independientes y de prestigio; cada uno seguramente con su ideología, pero no sometidos a ningún tipo de influencia. Cuando a algunos no les van bien las sentencias buscan explicaciones en la contaminación de los jueces.
P.– ¿Se diluirían mejor si sentenciara una Sala del Supremo, como en su día propuso Ciudadanos?
R.–Los que quieren desacreditar a un órgano jurisdiccional, lo hacen y se quedan tan frescos. Podríamos cambiar nuestro modelo, pero con ello no mejoraríamos esas críticas.
P.– ¿Admite que, en este arranque de campaña, el varapalo al Parlament beneficia al PP más que la bajada del paro?
R.– Los datos de empleo son el resultado de una política acertada; en la sentencia del TC el Gobierno no tiene ningún mérito extraordinario; es la respuesta del Estado de Derecho ante un desafío soberanista.
P.–¿Estamos ya más cerca de repetir las elecciones autonómicas que de activar el artículo 155?
R.– Espero que la vía del 155 sea innecesaria. Me parece la repetición de elecciones en Cataluña más previsible que cualquier otro escenario.
P.–¿Y qué pasará con Mas?
R.– Ante el nuevo escenario electoral, ellos deberán decidir si concurren con los mismos líderes o si se produce un cambio de los que han acreditado un fracaso de proyecto.
P.– La reforma que entra en vigor este lunes, ¿obligará a la judicatura de Cataluña a retratarse al fin sobre la querella contra el president?
R.– La querella de la Fiscalía se está instruyendo de una manera algo dilatada en el tiempo, pero la Ley va orientada a agilizar la instrucción penal. El tribunal, con el fiscal, habrá de calificar la causa. Si es sencilla, tendrá seis meses, por tanto en junio habrá de terminar; y si es compleja, tendrá hasta junio de 1917.
P.–¿Ha tardado demasiado?
R.– Llevamos prácticamente un año y no parece que haya elementos que justifiquen un tiempo tan largo de instrucción. Estoy seguro de que los jueces que la llevan a cabo podrían explicar los elementos que han provocado esta dilación.
P.– Pues los jueces y los fiscales no parecen nada contentos de lo que llaman la Ley de Punto Final…
R.– No tiene nada que ver con la ley de Punto Final. La propia Ley dice que el mero transcurrir de los plazos no lleva consigo el archivo de las causas. Al contrario, su efecto es habilitar más medios, como los sistemas tecnológicos de investigación criminal, que antes no existían.
P.– O sea, que los Bárcenas no deberían estar tranquilos…
R.– Al contrario, les hemos puesto mucho más difíciles las cosas a los corruptos en España.
P.– ¿Por qué no hemos visto la mano de un agente de la UDEF sobre la nuca de Pujol?
R.– Bueno, eso son prácticas y protocolos que tienen establecidos las Fuerzas de Seguridad. No sé si en el caso de los Pujol era de aplicación ese protocolo.
P.– Ya no se le va a aplicar nunca porque usted enmendó la Ley …
R.–Lo que hemos pretendido es garantizar los derechos del detenido, lo que no está reñido con el derecho a la información. En mi opinión, la imagen de una persona introducida en un vehículo policial genera una presunción de culpabilidad que, sin entrar en el fondo de los delitos, en ese caso ha tenido un impacto extraordinario; más cuando ni siquiera se trataba de una detención sino de un traslado.
P.– Pero ¿está actuando la Justicia con distinto rasero según se trate de Pujol, Bárcenas o Rato?
R.–En absoluto. La Justicia es absolutamente igual para todos.
P.–¿Por qué no van en las listas del PP los diputados disidentes con el aborto: revanchismo político?
R.– No lo creo en absoluto. La renovación ha sido tan amplia que no se puede identificar a unos pocos en una causa personalista.
P.– Para renuncia electoral, la de la elección del Gobierno de los jueces por los propios jueces, que por primera vez en la historia desaparece del programa del PP…
R.– El programa incluye trabajar por una Estrategia Nacional de Justicia, un proyecto común compartido, incluida una revisión del sistema de elección del Consejo.
P.– ¿Por qué habría de querer la izquierda cambiar su propio modelo, que ustedes ya han aceptado?
R.– Está extendida la idea de que hay una alta politización de la Justicia en España. Yo creo que es un error flagrante porque no tiene nada que ver la elección del Consejo con la actuación de los 5.500 jueces independientes de toda España.
P.–¿Eligen los políticos a la cúpula judicial: sí o no?
R.– No, en absoluto.
P.–Cunero en Cuenca: ¿Cómo va a darse a conocer: se va a subir a un banco del parque, como Rajoy?
R.– No me pienso travestir. Voy a tener la máxima presencia. Pero si hay que subirse a un banco, yo me subiré a un banco con toda naturalidad.
P.– ¿Regularía por ley la asistencia del candidato a los debates?
R.– No hay que regular. Eso me suena a modelos intervencionistas.
EL MUNDO – 06/12/15 – RAFAEL CATALÁ, MINISTRO DE JUSTICIA