ABC 17/12/15
· El Gobierno catalán ordenó seguir con la consulta pese a las dudas de una empresa
La consulta secesionista que la Generalitat organizó el 9 de noviembre de 2014 pese a la suspensión del Tribunal Constitucional (TC) costó al Gobierno catalán, es decir, a todos los catalanes, 1,9 millones de euros. En su mayor parte para pagar la publicidad institucional de este llamado «proceso participativo» por el que están imputados el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la consejera de Educación, Irene Rigau, y la exvicepresidenta del Ejecutivo catalán, Joana Ortega. A los tres, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), tras una querella de Fiscalía, les acusa de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos.
Programa informático Los servicios jurídicos de la Generalitat consideraron que la prohibición del TC no afectaba a algunos encargos
El coste de la consulta ha sido desvelado en un escrito que el consejero de Economía en funciones, Andreu Mas-Colell, remitió, a instancias de la Fiscalía, al magistrado del TSJC que investiga a Mas, Rigau y Ortega. En el mismo, fechado el pasado 3 de diciembre, Mas-Colell certifica que el denominado «proceso participativo» del 9N –nombre con el que se rebautizó y reformuló la consulta original tras una primera suspensión del TC– comportó un coste de 1.924.559 euros, detallando los conceptos y partidas.
La mayor partida, de 806.403 euros, fue para insertar la campaña institucional sobre el 9-N en los medios de comunicación, seguida de 698.685 euros para el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y 240.259 euros para el contrato con Unipost para el buzoneo de información institucional de la consulta.
Las explicaciones de Mas
Las demás partidas fueron de 50.317 euros para el centro de reinserción de presos (CIRE) por elaborar urnas y papeletas, de 43.535 euros para diseñar y producir la campaña informativa, de 74 euros para registrar la web de participación, de 1.409 euros en seguros, de 16.175 euros en servicios de mensajería y de 58.703 en la impresión y entrega de la carta institucional informando sobre la consulta.
En su declaración ante el TSJC el pasado octubre, Mas, Rigau y Ortega, a una, afirmaron que no desobedecieron la prohibición de la consulta dictada por el Constitucional cinco días antes de celebrarse, el 4 de noviembre de 2014, y que tras esta resolución del TC la ejecución de este «proceso participativo» recayó en los voluntarios.
Sin embargo, la documentación que está recabando el TSJC a petición de la Fiscalía desmiente esta tesis exculpatoria y apuntala las imputaciones de malversación de fondos públicos, prevaricación y desobediencia. Sobre ésta última acusación, la investigación acumula evidencias de que tras la suspensión del TC del 4 de noviembre, la Generalitat, u organismos públicos que dependen de ella –como el CTTI o el CIRE–, siguieron implicados en la gestión de la consulta. En este sentido, es revelador que la Generalitat ordenó seguir adelante con sus trabajos a una empresa contratada para la gestión del 9-N, después de que ésta le preguntara si el encargo quedaba afectado por la suspensión de la consulta por parte del TC. Así se desprende de la documentación, a la que ha tenido acceso Efe, que los contratistas y la Generalitat han remitido, a instancias de Fiscalía, al TSJC. Entre la misma, figura una carta que el director gerente de T-Systems, la empresa a la que la Generalitat contrató la instalación de programas informáticos para la consulta, remitió al director gerente del CTTI, Jordi Escalé, para saber si su encargo –que incluía el programa para registrar a los votantes o para recoger los resultados, entre otros– se había visto afectado por la suspensión. La carta fue enviada el 4 de noviembre de 2014, el mismo día que el TC suspendió la consulta al admitir a trámite el recurso del Gobierno. En la misiva, T-Systems solicitaba a la Generalitat instrucciones «detalladas» respecto a cómo tenían que proceder a partir de entonces. «Rogamos rápida respuesta, ya que este es un asunto sensible para nuestra organización, comprometida con el cumplimiento estricto de la legalidad», remarcaba la carta.
El 7 de noviembre, tan sólo dos días antes de la consulta, el director gerente del CTTI respondió a T-Systems con una misiva en la que afirmaba que el presidente del Centro de Telecomunicaciones había recabado la opinión de los servicios jurídicos de la Generalitat, que concluían que «ninguna de las actividades» del encargo «resultan explícitamente afectadas» por la resolución del TC. De resultas, el encargo a T-Systems siguió adelante.