Parsimonia

· Centenares, acaso miles de proyectos de inversión están pendientes de un proceso político de indolencia crónica

DESDE la puntual y eficaz Gran Bretaña a la fallida Grecia, varias naciones de la UE resuelven en pocos días los trámites de constitución de sus Parlamentos y, salvo complicación grave en el juego de mayorías, de los Gabinetes ejecutivos correspondientes. Son países que entienden que los asuntos públicos requieren, por respeto a los ciudadanos y contribuyentes, atención apremiante y diligencia inmediata. En España el Congreso surgido de las elecciones del 20 de diciembre no tomará posesión hasta el 13 de enero (25 días) y la primera sesión de investidura está prevista para finales de mes, cuando el Gobierno en funciones cumpla la cuarentena. Un plazo insólito en plena sociedad de la comunicación, máxime cuando el proceso de garantías del escrutinio ha sido aliviado en la práctica de las funciones de vigilancia normativa: hace tiempo que las juntas electorales decidieron de forma unilateral incumplir la obligación legal de revisar la totalidad de las actas para limitarse a comprobar sólo las que hayan sido impugnadas. Resulta difícil de comprender, pues, esta demorada rutina que parece sugerir una indolencia administrativa crónica. Nadie diría, a juzgar por tanta parsimonia, que la vida política española tiene pendientes de resolver las cuestiones que durante la campaña se debaten como necesidades perentorias.

Más de diez días después de la jornada electoral, las gestiones para formar gobierno se reducen a unas entrevistas protocolarias y acaso a negociaciones o contactos secretos que en todo caso no han merecido la interrupción del asueto navideño de nuestros próceres. Total, para qué meter prisa si el calendario fija sus propias prioridades. Año nuevo, viejas rémoras. Centenares, o acaso miles de proyectos de inversión están pendientes de un proceso político que discurre con el ritmo moroso de un reglamento decimonónico, y menos mal que el malvado Rajoy dejó aprobado el presupuesto contra el criterio de la oposición en bloque. La clase dirigente puede tomárselo con calma: nuestro Estado funcionarial tiene un peso burocrático excesivo pero, en ocasiones, conviene agradecer que la Administración supla las carencias de la política.

Si las cosas van medio bien y no hay nuevas elecciones, entre el proceso de renovación parlamentaria, la transmisión de poderes y la toma de posesión, el nuevo Ejecutivo acabará de aterrizar cuando esté expirando el primer trimestre. Dos meses largos, siendo optimistas, con las decisiones de Estado congeladas. Esto en una nación con cuatro millones de parados, un conflicto de secesión abierto en canal y unas instituciones visiblemente desgastadas. A nadie le parece sin embargo acuciante la necesidad de activar el botón de puesta en marcha. Ni siquiera por fortuna a los propios secesionistas que, españoles al fin y al cabo, también se han tomado la continuidad de su propio delirio con contagiosa cachaza.