EL CONFIDENCIAL 04/02/16
Quien tiene el dinero, tiene el poder. Eso es lo que piensa el nuevo presidente catalán, Carles Puigdemont, que ha de pilotar lo que en círculos independentistas se conoce como el “periodo de transición entre la posautonomía y la preindependencia”. Tanto es así que la Generalitat pondrá el objetivo en la principal herramienta de Estado que le puede permitir volar por libre, con una cierta autonomía: el control absoluto de la economía.
En esta estrategia, cobra especial relevancia la Agencia Tributaria Catalana (ATC), que se está desarrollando y para la que se guardan las iniciativas estrella los próximos meses. El republicano Lluís Salvadó, nuevo secretario de Hacienda, tiene ya sobre su mesa un “plan de acción inmediata” con el fin de “preparar las estructuras para asumir todas las competencias en materia tributaria”. Entre otros objetivos, el plan contempla que la ATC se haga cargo de la tramitación en todas sus fases de los tributos (desde la legislación hasta la gestión, pasando por la recaudación) y que asuma también la recaudación en vía ejecutiva.
Paralelamente, se desarrollará la lucha contra el fraude, se creará el Consejo Fiscal de Cataluña (un órgano consultivo de asesoramiento), se elaborará un nuevo Código Fiscal y se incrementará el nivel de conocimiento en materia tributaria con la creación del Instituto de Estudios Fiscales y un Observatorio de Fiscalidad Internacional (previsiblemente, se llamará Oficina Catalana de Fiscalidad Internacional). No se descarta crear una Policía Fiscal especializada en el fraude a gran escala.
En esta etapa será importante, asimismo, crear una red de oficinas de recaudación, preparar la ventanilla única e incorporar a los grandes ayuntamientos a la red de tributos de Cataluña. Asimismo, será necesario completar el desarrollo del sistema informático ERP (se ha de crear el Servicio de Informática Tributaria) y obtener datos de trascendencia tributaria, así como establecer modelos de autoliquidación de las declaraciones, redactar disposiciones generales y planificar la estrategia de implementación.
No es de descartar, por ejemplo, la creación de un Consorcio con las Diputaciones, que actuarían como el brazo ejecutor de la Hacienda catalana en un primer momento, recaudando los tributos en sus respectivos territorios. La actual red, integrada en Tributos de Cataluña, tiene 167 oficinas para la gestión y la recaudación de los tributos locales y de la Generalitat, pero serán insuficientes para consolidar el modelo fiscal de un Estado nuevo.
Todo ello con el objetivo de preparar la maquinaria para que pueda recaudar entre 70.000 y 80.000 millones de euros al año. Además, a través del observatorio internacional se monitorizará la internacionalización de las empresas catalanas y los futuros convenios internacionales. Estas previsiones son las que le hicieron llegar al Gobierno los asesores expertos que había nombrado Artur Mas.
En busca de una base de datos fiable
Salvadó es consciente de las dificultades de que su plan salga adelante con garantías, ya que su principal escollo es la carencia de información del contribuyente: las bases de datos fiscales son de la AEAT, que no está dispuesta a compartirlas con nadie. Así pues, el trabajo que se realice en estos campos será baldío hasta que no haya una base de datos fidedigna de la población fiscal de Cataluña, misión, por el momento, casi imposible.
Para revertir la situación, tanto desde el Gobierno como desde la “sociedad civil” se han iniciado campañas para animar a los contribuyentes a que paguen sus impuestos en ventanillas “exclusivamente” catalanas. No se dice, sin embargo, que ese dinero pasa, automáticamente, a la AEAT, ya que así lo prevé la ley. Todas estas campañas han tenido poco eco y solo en determinadas ocasiones se han aireado iniciativas en esta línea, más simbólicas que efectivas.
Para el periodo de liquidación del IRPF de 2015, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha iniciado una nueva campaña de propaganda independentista dirigida a colegios profesionales y asesores fiscales, a los que insta a utilizar solo los canales estrictamente catalanes para sus cuentas con el fisco.
Uno de los carteles de esta campaña muestra una trituradora (que sería el Estado español) que engulle a la ‘Agencia Tributaria de Cataluña’ bajo el título “El TC declara inconstitucional el artículo 4 de la Hacienda Catalana”. En otra frase del cartel, se dice que “la fuerza bruta no desvanecerá la fuerza de las razones”. Otro de los carteles, similar, lleva por título “El Estado español interviene Cataluña con condiciones específicas por el FLA”, con el mismo subtítulo.
En un díptico editado el pasado septiembre, también se especifica que “Cataluña representa un 16% de la población total del Estado español. Produce el 20% del PIB y genera el 25% de las exportaciones. Todas estas cifras se traducen en el 21% del total de impuestos recaudados en el Estado español”. Destaca que, desde 1987, Cataluña aporta un 8% del PIB a España y subraya que “esto significa que cada catalán ha aportado el Estado español desde 1987 hasta hoy más de 33.000 euros sin recibir ninguna compensación a cambio. La gestión de estos recursos adicionales es una de las grandes oportunidades de la Cataluña independiente”. Esa es la tarea principal que se impone el nuevo Gobierno, consciente de que quien tiene el grifo del dinero tiene todo el poder.