ABC – 08/02/16 – IGNACIO CAMACHO
· Hay algo peor para un país que estar sin Gobierno, y es tener cierto Gobierno. El que probablemente tendremos.
Sólo hay una cosa peor para un país que no tener Gobierno, y es tener determinado Gobierno. Este impasse de la investidura bloqueada supone sin duda efectos perniciosos para la economía, en la medida en que la incertidumbre paraliza inversiones o aplaza decisiones estratégicas en las empresas, obligadas a evaluar la fluctuación del mercado político como una variable de la seguridad jurídica. Pero el Estado funciona. La Administración está abierta, el Presupuesto aprobado y los servicios públicos, la mayoría gestionados por las autonomías, en marcha.
No hay colapso. Sólo el Consejo de Ministros tiene limitada su actividad; de secretarios de Estado para abajo todos los demás cargos están en pleno ejercicio legal. En realidad, se trata del período ideal teórico para un concepto liberal de la política: un tiempo en que el Gobierno no puede intervenir más allá de lo tasado por la ley presupuestaria ni adquirir compromisos arbitrarios o clientelares de gasto. Tampoco puede agredir a nadie con una legislación ideológica. La disfunción afecta sobre todo a su capacidad reguladora, lo que no debería representar un gran obstáculo para el desarrollo de una nación cuyos principales sectores productivos supiesen desenvolverse con independencia, al margen de la mirada protectora o el favoritismo del poder.
Dado que cualquier mala situación es susceptible de empeorar, todos esos quejumbrosos agentes económicos que han suspendido sus planes a la espera de identificar un interlocutor gubernamental acabarían en estampida si la crisis desemboca, como resulta más probable, en un Gabinete con fuerte acento radical populista. El dinero es huidizo por naturaleza y escaparía –o escapará– a todo gas de un modelo de izquierda anticapitalista que puede resultar cualquier cosa menos bussiness-friendly. Un poder público estatalista, hostil al empresariado, a los negocios, a los intereses bursátiles o financieros y a la lógica de los beneficios privados. Simplemente, el capital y la inversión se irán a cualquier país europeo con un marco más acogedor, más apacible, más grato.
Con todo, la desertización económica no representa el principal riesgo de un vuelco político hacia el extremismo. Al final, los poderes industriales siempre encuentran el modo de volver a ponerse en la cola de los grandes contratos públicos. Es la convivencia democrática la que está en juego, el orden constitucional amenazado por un proyecto de ruptura con claros tintes de revanchismo social e ideológico. Es el régimen representativo el que se halla en el punto de mira de un movimiento autoritario camuflado de democracia popular según el canon bolivariano. Lo que la coalición social-populista trae bajo el brazo es la carpeta oculta de una transformación del sistema. Y ante esa agenda este denostado estancamiento funcional será añorado como el último limbo de una sensata estabilidad rutinaria.
ABC – 08/02/16 – IGNACIO CAMACHO