EL MUNDO – 11/02/16
· La Asamblea vota a favor del proyecto de reforma constitucional lanzado por el Gobierno para blindar la guerra contra el terror tras el 13-N Contempla retirar la nacionalidad a los franceses condenados.
La Asamblea Nacional aprobó ayer el proyecto de ley constitucional de la Protección de la Nación, que pretende incluir en la Carta Magna la regulación del estado de emergencia y la retirada de la nacionalidad. La enmienda fue presentada el pasado 23 de diciembre por François Hollande, el premier Manuel Valls y la ex ministra de justicia Christiane Taubira, en desacuerdo con los principios de la propuesta, que la llevaron a a dimitir el 27 de enero.
En tan sólo dos semanas, la propuesta de reforma, con las medidas defendidas por François Hollande el 16 de noviembre en Congreso en Versalles, ha pasado por la Asamblea Nacional en un ambiente cargado de tensión, división interna tanto a la izquierda como a la derecha, y mucha confusión de cara a la ciudadanía. Desde un principio, las medidas se concibieron en el marco de los atentados del 13 de noviembre con la intención de «hacer frente a la amenaza terrorista» (algo que remitió a la Patriot Act aprobada por Bush tras el 11-S). Entonces, el Parlamento aprobó en mayoría –tan sólo seis diputados votaron en contra– la prolongación del estado de emergencia durante tres meses, hasta el 26 de febrero, aunque una nueva propuesta para extenderlo otros tres meses, hasta el próximo 26 de mayo, debe ser ratificada la próxima semana en la Asamblea Nacional tras su aceptación en el Senado.
Hasta ahora, la retirada de nacionalidad se permitía únicamente respecto a aquellas personas nacidas fuera del territorio nacional, pero de aprobarse esta ley los nacidos en Francia también se verían afectados. Finalmente, el Gobierno ha retirado del texto cualquier referencia a la binacionalidad, pero en la práctica la idea se mantiene, ya que únicamente los ciudadanos con dos pasaportes serían blanco de la medida o de lo contrario Francia estaría creando apátridas. La reforma pasa ahora al Senado, en manos de la derecha, que podrá modificarla; después, vuelta a la Asamblea Nacional, y por último tres quintas partes de las dos cámaras reunidas en Congreso en Versalles, tendrán que votar a favor para ratificarla. A lo largo del debate parlamentario ha quedado en evidencia que ninguno de los dos partidos mayoritarios, Socialistas y Republicanos, han estado unidos sobre la posición que debían mantener frente a la reforma.
Entre Los Republicanos, la cuestión no se digiere con facilidad. Mientras que Nicolas Sarkozy pedía el sí de los suyos, su contrincante y antiguo primer ministro François Fillon publicaba una carta en Le Journal du Dimanche en la que abogaba por un rotundo no.
En el seno de los socialistas, las voces contrarias han sido múltiples: empezando por Christiane Taubira con su dimisión, pasando por Benoît Hamon, antiguo ministro de Educación, el secretario de los socialistas, Jean-Christophe Cambadélis, y hasta el ministro de Economía, Emmanuel Macron quien confesaba ayer en Le Figaro que tiene «una incomodidad filosófica» con el principio de despojar de la nacionalidad a los condenados por terrorismo, como incluye la reforma. «No se cura el mal expulsándole de la comunidad nacional», dijo Macron, «hay que prevenir y castigar dentro de la comunidad nacional».
El resultado de la votación se conoció tan sólo un par de horas después de que el Elíseo confirmara la partida de Laurent Fabius, ministro de Asuntos Exteriores, que deja el cargo para ocupar la presidencia del Consejo Constitucional para el que le ha nombrado Hollande. Fabius deja el Quai d’Orsay con un sabor agridulce: a pesar de los que considera sus dos grandes éxitos, la Cumbre del Clima y el acuerdo nuclear con Irán, su mandato ha estado cargado de crisis en las que el papel de París ha sido cuestionable, especialmente en Oriente Próximo y Ucrania.
El nombre de Ségolène Royal, actual ministra de Ecología, y el que fuera primer ministro con Hollande entre 2012 y 2014, Jean-Marc Ayrault, se barajan como posibles candidatos para suceder a Fabius.
En cualquier caso, la pregunta ahora es qué pasará con el resto del equipo de Gobierno francés que podría dar un último giro antes de las elecciones presidenciales de 2017. A pesar de que parece que Valls pide un Gobierno que no se distraiga de la línea marcada por Hollande, éste estaría barajando, entre otras, la posibilidad de ceder un cargo a los Ecologistas para atraer a la izquierda en las elecciones.
Quien sí parece que se quedará en su puesto será Macron, cuyas diferencias con Valls cada día son más evidentes. Sin embargo, Hollande no querría dar la imagen a estas alturas del quinquenio de que las políticas económicas del país van a cambiar. Con casi toda seguridad, los cambios llegarán de aquí a finales de marzo, una vez que la reforma constitucional llegue, o no, a buen puerto.
LAS MEDIDAS MÁS POLÉMICAS
· Retirada de la nacionalidad. La retirada de nacionalidad por actos de terrorismo se permitía únicamente con aquellas personas nacidas fuera del territorio nacional. Con esta ley los nacidos en Francia también se verían afectados.
· Estado de emergencia. El artículo 36 de la Constitución gala establecerá gracias a esta reforma en qué condiciones puede decretarse el estado de excepción en territorio francés.
· Registros, cierres y límites. La nueva legislación permite al Gobierno cerrar provisionalmente salas de espectáculos y lugares de reunión de cualquier tipo que puedan estar amenazados. Además, el Ejecutivo puede ordenar registros domiciliarios sin orden judicial.
· Zonas de jurisdicción militar. La reforma incluye la prohibición de circular para personas y vehículos en lugares y horas determinados y la de crear zonas de seguridad, que se regirían bajo leyes militares, en las que esté restringida la presencia de civiles en todo el territorio francés.
EL MUNDO – 11/02/16