JOAN TAPIA – EL CONFIDENCIAL – 27/07/16
· El ‘president’ cree que respaldando unas conclusiones rupturistas con España se garantiza el sí de la CUP a la moción de confianza de septiembre y fortalece al nuevo PDC.
El sábado concluyó el congreso fundacional del nuevo Partit Demòcrata Català, heredero de la antigua CDC. Eligió por práctica unanimidad a Artur Mas y a Neus Munté para la presidencia pero sólo con poderes de representación y coordinación. Dio todo el poder a un nuevo ejecutivo de doce personas con un perfil ideológico “independentista y poco más” y con una fuerte presencia de alcaldes de la Cataluña interior, allí donde CDC obtiene sus mejores resultados. Es un ejecutivo sociológica y políticamente más próximo a Carles Puigdemont, que fue alcalde de Girona y es un independentista de siempre y sin complejos, que a Artur Mas que venía del pujolismo de la alta clase media barcelonesa y que no deja de ser un “neoindependentista”.
Pero el nuevo PDC, cuyo máximo exponente político será Marta Pascal, es más el fruto de lo que califiqué como una “rebelión en la granja”, una revuelta generacional contra los hijos políticos de Pujol (Artur Mas y todavía más la gente que le rodeaba) que otra cosa. Jordi Turull y Germà Gordó que se perfilaban como los posibles sucesores (uno más conservador, otro más lanzado) han quedado en la cuneta. ¿Definitivamente? Y Francesc Homs, muy ligado a Mas, tendrá menos libertad para pastelear en Madrid.
La proximidad del nuevo equipo con Puigdemont –al que algunos dan como el ganador del congreso sin haber movido un dedo- es sin embargo más generacional y de estilo que de fondo. Prueba de ello es que el candidato de Artur Mas y Carles Puigdemont a presidir el Consell Nacional (hasta ahora un órgano cuya misión era aprobar lo que decidía la dirección), el muy pragmático Santi Vila, ahora conseller de Cultura, antes de Territorio y posible candidato a la alcaldía de Barcelona, fue derrotado por Mercé Conesa, alcaldesa de San Cugat del Vallés (algunos lo comparan con Pozuelo), la ciudad más poblada gobernada por CDC, y presidenta de la poderosa Diputacion de Barcelona. Marta Pascal y Mercé Conesa son nombre a retener porque representan una nueva generación de políticas de CDC que quieren plantar cara a ERC. Y Conesa tiene currículum.
Fue durante años la número dos de Lluis Recoder, conseller en el primer gobierno Mas tras la victoria de 2010, hasta hace poco una de las estrellas ascendentes de CDC y dedicado hoy al ejercicio de la abogacía, y se la considera además próxima al llamado grupo socialdemócrata (centro-izquierda) de CDC que encabeza Josep Rull, en otro tiempo contrincante de Oriol Pujol para dirigir el grupo del parlamento catalán y que luego Mas eligió para relevarle cuando el hijo del ‘president’ –y presunto sucesor de Mas- fue inculpado. En este grupo tiene peso relevante el diputado en Madrid Carles Campuzano.
El congreso del PDC ha sido una rebelión contra los hijos políticos de Pujol y ha dado poder a unos jóvenes indepentistas más próximos a Puigdemont que a Mas.
Tenemos pues un PDC en reconversión más profunda de lo esperado que bajo el liderazgo efectivo de Carles Puigdemont (es el segundo político catalán más valorado en la última encuesta del CEO, trás del líder republicano Oriol Junqueras) quiere disputar a ERC la dirección del movimiento independentista. Pero el PDC tiene de entrada dos problemas.
El primero es su poca implantación en la provincia de Barcelona, donde en laslegislativas del 26-J CDC fue el quinto partido, detrás de En Comú Podem, ERC, el PSC de Miquel Iceta e incluso el PPC liderado por Jorge Fernández Díaz. El segundo es una definición ideológica muy imprecisa que puede no distinguirle de ERC. Me dicen incluso que según una reciente encuesta interna de ERC la tercera parte de los electores republicanos sitúan a Puigdemont en esta órbita y no en la convergente.
Y este nuevo PDC se puede enfrentar a unas elecciones anticipadas catalanas a final de año si la CUP no aprueba la moción de confianza que presentará Puigdemont en septiembre para recuperar fuerza tras el rechazo a los presupuestos. En estas elecciones lo más probable sería que no se repitiera la coalición de Junts pel Sí (CDC, ERC e independentistas sin partido como Lluis Llach). Ante este panorama, Carles Puigdemont parece haber elegido –sin dejar de cultiva su estilo afable- la huida hacia adelante. Quizás no le quede otro remedio. Sin el voto de la CUP a la moción de confianza iríamos a nuevas elecciones en un contexto poco favorable para el nuevo PDC. Tampoco puede dejar que ERC (y su líder Oriol Junqueras, que es además su vicepresidente en el gobierno catalán) vaya asumiendo cada vez más indiscutiblemente el rol del partido alfa del independentismo.
El independentismo no genera el entusiasmo de años pasados pero en la última encuesta del CEO los que dicen que votarían a favor de un estado independiente (47,7%) superan a los contrarios (42,4%).
Y es que hoy el independentismo ni genera el entusiasmo de años pasados ni está en alza pero sí aguanta. La última encuesta del CEO (el CIS de la Generalitat) del pasado viernes -en la que incomprensiblemente no se pregunta por la intención de voto de CDC y ERC si no se reeditara la coalición actual- dice que Junts pel Sí baja un poco y que la CUP pierde la mitad de sus diputados pero que podrían conservar por los pelos (aunque también perder) su mayoría absoluta.
Por otra parte es la primera encuesta del CEO desde que se empezó a hacer la pregunta en la que los que dicen que votarían sí a la independencia en un referéndum (47,7%) ganan a los contrarios (42,2%). Conviene relativizar esta respuesta porque la encuesta se hizo cuando salieron a la luz las conversaciones entre Daniel de Alfonso y el ministro del Interior en las que se hablaba de hacer campañas de desprestigio contra los políticos independentistas, pero hay un dato de fondo imposible de desconocer. Mientras el Gobierno de Rajoy no ofrezca a Cataluña nada que no sea la continuidad y España esté paralizada y postrada por la incapacidad de formar gobierno, es comprensible que la desafección –advertida ya por José Montilla antes de la sentencia del Estatut- siga creciendo.
Ahora la subida independentista podría venir de un ligero incremento (hasta la tercera parte) de los electores de Ada Colau-Podemos, que dicen que votarían por la independencia. Para desengrasar –y demostrar que el CEO manipula poco- un dato curioso: la nota que los catalanes dan, en una escala de 0 a 10, a la Policía del Estado y la Guardia Civil es un 4,71, algo superior a la obtenida por el Parlamento catalán (4,56) y el Gobierno Puigdemont (4,41).
En este contexto Carles Puigdemont parece decidido a elegir la huida hacia adelante y permitir que el parlamento catalán vote hoy o mañana –no está en el orden del día porque la mesa no lo aprobó para no desobedecer explícitamente al Constitucional pero dos grupos parlamentarios pueden incluirlo- las resoluciones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente que son una apuesta clara por la desconexión legal con España y la ruptura unilateral. Son conclusiones queel Costitucional ha ordenado que no se voten por ser consecuencia de la famosa declaración del 9-N de 2014 (la que se ofreció a la CUP sin éxito para que permitieran la elección de Artur Mas) que fue recurrida por el gobierno y anulada por el TC. Si se votan esas conclusiones el Constitucional puede imponer alguna sanción y sería dar otro paso adelante hacie el rupturismo.
No es seguramente lo que Puigdemont, muy atento a lo que pase en Madrid, preferiría en este momento. El problema es que si impide la votación de un texto pactado con la CUP –al que los anticapitalistas dan gran relevancia- arriesga perder la moción de confianza de septiembre. Ante dos penosos escenarios, Puigdemont parece haber optado por el que le garantiza la continuidad en la Generalitat: la huida hacia adelante.
«Las leyes catalanas de desconexión no son susceptibles de control, suspensión o impugnación por ningún poder, juzgado o tribunal», dicen las conclusiones de la comisión del proceso constituyente.
Lo grave es que las conclusiones citadas –que parecen escritas por algún entusiasta del estado libre- dejan muy poco margen para cualquier diálogo o negociación posterior. En resumen dicen tres cosas. Primera, que el pueblo catalán está habilitado para emprender un proceso constituyente a través de las llamadas leyes de desconexión. Segunda, estas leyes de desconexión –una vez aprobadas por el parlamento catalán y por “un mecanismo unilateral de ejercicio democrático” (quizás el cupero RUI, Referéndum Unilateral de Independencia)- “no son susceptibles de control, suspensión o impugnación por parte de ningún poder, juzgado o tribunal”.
Tercera, las leyes de desconexión dirán cómo el parlamento de Cataluña se autodisuelve y se elige una Asamblea Constituyente “que una vez convocada, elegida y constituida dispondrá de plenos poderes y sus decisiones serán de obligado cumplimiento para todos los poderes públicos, personas físicas y jurídicas”. Nada se dice sobre el régimen electoral –Cataluña no tiene por falta de acuerdo una ley electoral propia a la que tendría pleno derecho- bajo el que se celebrarían las elecciones a la pomposa Asamblea Constituyente.
Parece una fantasía pero ya es un texto y es casi seguro que esta semana el Parlament lo aprobará con cierto fervor. Eso sí, con una fuerte oposición de Inés Arrimadas, la jefa de la oposición y líder de C´s, y de Miquel Iceta, el primer secretario del PSC, grupos que se negaron a participar en la comisión. Y también se opondrán García Albiol, el líder del PPC, y Lluis Rabell, el presidente de la coalición ICV-Ada Colau-Podemos en el parlamento catalán, que sí que participaron –extrañamente juntos- en los trabajos de la comisión.
Aznar -hoy callado- diría ante este panorama que «España va mal».
La huida hacia adelante debería darle a Puigdemont la mayoría en la moción de confianza de septiembre (aunque con la CUP nunca se sabe y a Artur Mas la declaración del 9-N no le salvó la cabeza), pero al coste de subir un grado más el conflicto con el Estado. Claro que en el independentismo hay quien sostiene que el conflicto es precisamente el mejor alimento para crecer.
Mientras en Madrid Rajoy cree que con 137 diputados, y sin negociar nada, los otros partidos están obligados a permitirle ser investido, en Barcelona Puigdemont parece seguro de que con 72 diputados (sobre 135) y el 47,8% de los votos Cataluña está exigiendo a gritos ser un nuevo estado de la UE. Curioso panorama. Aznar –que está callado- diría que “España va mal”.
JOAN TAPIA – EL CONFIDENCIAL – 27/07/16