EL MUNDO 11/09/16
JAVIER RUPÉREZ
Dice el artículo 155 de la Constitución Española de 1978:
“1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.”
Es patente que los dirigentes de la Generalidad de Cataluña llevan varios años incurriendo en las responsabilidades a las que hace referencia el artículo 155. Es evidente que los gobiernos españoles no han querido recurrir a la puesta en práctica del mencionado artículo, seguramente mal aconsejados por la noción de que las medias tintas y las más o menos vergonzantes contemporizaciones servirían para desactivar el propósito delictivo y felón del separatismo catalán. Es notorio por otra parte que el gobernó no ha dejado de recurrir al Tribunal Constitucional, al que incluso ha dotado de funcionas reforzadas al efecto, para intentar detener la ilegal osadía del secesionismo catalán. Es patente que ninguna de esas aproximaciones ha surtido efecto, como lo demuestra la ultima y reciente decisión del Parlamento de Cataluña, al inventar un proceso de desconexión con España que no tiene base ni en la Constitución, ni en las leyes ni en la realidad social y política de Cataluña y de España. No es posible imaginar que el gobierno intente de nuevo evadir sus responsabilidades y no haga uso del contundente instrumento que el Estado de Derecho y el sentido común le otorga para defender el esquema básico de nuestras libertades: España, patria común e indivisible de todos los españoles.
No sería la primera vez que un gobierno europeo suspende la autonomía de una de sus regiones. En el caso de Irlanda del Norte, entre 1998 y 2002, lo hizo en cuatro ocasiones sucesivas el gobierno británico presidido por Tony Blair. Esas decisiones contribuyeron entonces poderosamente a propiciar la paz civil y la convivencia ciudadana en el marco del Reino Unido. Sería un buen recordatorio y una excelente inspiración para los responsables gubernamentales españoles, cuya última obligación, jurada o prometida de manera solemne, es cumplir y hacer cumplir la Constitución. No hay peor ley que la que no se cumple. Ni peor gobernante que el que permite que así sea. Y no hay hoy tarea más apremiante que garantizar la libertad y la igualdad de todos los españoles en el marco de la unidad nacional.