«España es el anillo final del salafismo en Europa». La frase aparece escrita en un informe confidencial de la fiscalía italiana, fechado en 2001, y resume la formidable implantación que tiene en este país el grupo islamista que ha secuestrado a los tres cooperantes españoles en Mauritania.
Un grupo financiado y nutrido de reclutas por las numerosas células y simpatizantes con los que cuenta en España, junto a Francia su base europea más cómoda y productiva. Los últimos informes remitidos al Gobierno por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Comisaría General de Información de la Policía y la Guardia Civil definen a España como «retaguardia», «vivero de reclutas» y «fuente de financiación constante» de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). Unas 30 investigaciones abiertas ahora en España sobre terrorismo islamista tienen su punto de mira en este grupo.
El redactor del informe italiano sobre el salafismo explicó cómo desde finales de los años noventa los dirigentes en Europa de las células de Hassan Hattab, entonces líder del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), acababan refugiándose en España atraídos como un imán. Los miembros de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) que retienen a Alicia Gómez, Roque Pascual y Albert Vilalta desde el 29 de noviembre, cuentan con numerosos «hermanos» presos en las cárceles españolas. Varias decenas de los 71 reclusos que en la actualidad están preventivos o cumplen sus condenas pertenecen a esta organización, según señalan fuentes penitenciarias. La mayoría son argelinos, pero también hay marroquíes y tunecinos.
Los últimos seis reclusos de esta organización en ser juzgados se sentaron el pasado mes de noviembre en el banquillo de los acusados ante un tribunal de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional en Madrid. Eran tipos corrientes, sin largas barbas, vestidos con pantalones vaqueros, jerséis de lana y zapatos baratos. En los rostros de Fares, 33 años; Fathi, 39; Salah, 39; Abdelkader, 50; Abdelfatah, 45 y Lahouari, 43, se apreciaba el miedo a ser condenados a las penas de más de 100 años de cárcel que pide la fiscalía por financiar con sus robos en chalés de la Costa del Sol el asesinato de decenas de personas en Argelia y Mauritania.
«He estado de misión y hemos eliminado a 25 infieles», confesó por teléfono Abdelhakim Fekkar, alias Hakim, de 45 años, el imán que supuestamente organizó el grupo en sus charlas en la cárcel de Topas (Salamanca). El atentado no era una fantasía del «hermano» Hakim. En Tebessa (Argelia) 15 militares murieron en esas fechas y 13 resultaron heridos en la emboscada de una de las células de AQMI. Días más tarde Hakim les comunicó un nuevo ataque en el que había participado. Y su misión en Mauritania coincidió con otro atentado en la base militar de Lemgheity, junto a la frontera argelina y maliense. El resultado, del que también se vanaglorió, fueron 15 víctimas.
La munición para estos ataques, la compra de explosivos o la infraestructura para levantar campamentos en el desierto del Sahel, fuera del alcance del ejército argelino, se logra gracias al dinero y las joyas robadas en España por un ejército de acólitos y simpatizantes con los que cuenta este grupo salafista. Coches robados en ciudades españolas y trapicheo de droga financian la actividad criminal de la nueva base de Al Qaeda en África, una base volante que instala y levanta sus campamentos a velocidad de vértigo en un territorio de nadie donde los viejos todoterrenos de los débiles ejércitos de Mauritania y Malí no llegan y los satélites norteamericanos son burlados por los terroristas que se disfrazan de pastores, comerciantes o ganaderos.
«Es muy difícil saber cuánto dinero han recaudado aquí, pero en los últimos años han recibido desde España al menos un millón de euros», asegura un agente de la Comisaría General de Información. Además del robo se canalizan donativos para la yihad en África a través de una red de carnicerías y del zakat (limosna) recogido en algunas mezquitas radicales. Un equipo conjunto de expertos españoles y franceses en el que participan jueces y fiscales de la Audiencia Nacional estudia desde hace años los canales de financiación de AQMI. «El chorreo de dinero es continuo. Somos una fuente inagotable, pero esto es difícil de combatir porque casi todo se mueve a través de hawala (pagos fuera del sistema financiero tradicional)», asegura un miembro del equipo.
Los salafistas que financian y captan reclutas para el Sahel están por toda España. Desde el 11-S en 2001, punto de inflexión en el que la policía despertó de su letargo y comenzó a llevar a cabo redadas «preventivas», se ha detenido a militantes de este grupo en Andalucía, Ceuta y Melilla, País Vasco, Navarra, Aragón, Madrid y Cataluña. Jueces de la Audiencia Nacional como Baltasar Garzón han interrogado en sus despachos a centenares de sus militantes y se han familiarizado con sus prácticas y objetivos.
«El GSPC (ahora AQMI) es un grupo terrorista de inspiración islamista radical de ideología integrista suní. Sus seguidores se inspiran en la corriente salafí (…) Su principal objetivo es la instauración en Argelia de una república islámica en la que el Corán sea la única ley, pregonando la yihad para destruir el Estado argelino (…) utilizando la lucha terrorista como único medio para conseguir sus fines», decía en enero 2006 un auto del juez Félix Degayón en el que ordenaba la búsqueda y captura de cinco salafistas huidos de la Operación Green, la que acaba de sentar en el banquillo a los atracadores de chalés en la Costa del Sol.
Hoy, el auto del juez Degayón no tendría validez porque este grupo salafista ha ampliado sus objetivos y ahora persigue un nuevo califato y una república islámica mucho más amplia que las fronteras de Argelia. El 13 de septiembre de 2006 Abu Musab Abde I Wadud, el emir argelino del GSPC anunció al mundo su servidumbre y pleitesía a Osama Bin Laden.
«Hemos decidido (…) prometer fidelidad a Abu Abd Allah Osama Bin Laden. Cerramos el trato con un apretón de manos y le ofrecemos el fruto de nuestros corazones (…) No encontrará en nosotros más que oído y obediencia». Y Wadud clamó por la unión porque «la Umma (comunidad) islámica no puede vencer a sus enemigos si no es capaz de renunciar a sus diferencias (..) ¿Es razonable que los muyahidin permanezcan dispersos?», se preguntó.
La adhesión de los salafistas a Bin Laden y esta llamada a la unión de los muyahidin han logrado lo que parecía imposible: todos los grupos yihadistas del norte de África bajo un mismo paraguas, una bomba de relojería de consecuencias imprevisibles. Así, los salafistas del GSPC aglutinan ahora al Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM), al Grupo Islámico Combatiente Libio, a los movimientos tunecinos y a otros satélites, según el diagnóstico de los analistas del CNI. En 2007 El león del islam (Osama Bin Laden) permitió a los terroristas argelinos del GSPC que se rebautizaran como Al Qaeda en el Magreb Islámico, el grupo que ha secuestrado a los tres españoles. «Esta bendición les ha convertido en un referente en el norte de África al que muchos quieren unirse. Decenas de ellos lo han hecho desde España», señala un jefe de la UC2, la unidad de la Guardia Civil que investiga el terrorismo islamista. Una pesadilla para los servicios de inteligencia europeos, en especial para España y Francia, porque temen que los salafistas formen a sus hombres en el desierto y los manden a atacar objetivos en Europa.
El asesinato el pasado mayo de Edwin Dyer, botánico de 61 años, después de que el Reino Unido se negara a liberar al barbudo imán Abu Qutada, el icono de los salafistas y amigo de varios jefes de Al Qaeda presos en las cárceles españolas, es la mayor preocupación del Gobierno. El comunicado de los secuestradores sugiere que intentarán liberar a «nuestros detenidos y torturados en vuestras cárceles». Una petición que jamás se ha atendido en Europa.
EL PAÍS, 14/12/2009