Tonia Etxarri-El Correo

ERC marcará de cerca a un Gobierno que seguirá condicionado por cómo evolucione la situación en Cataluña

Tiene tanto trabajo que hacer el nuevo Gobierno que Pedro Sánchez se ha permitido nombrar a 22 ministros. Ha batido el récord desde la época de Suárez. En tiempos de austeridad el primer Ejecutivo de coalición de la democracia tira por lo alto. Con cuatro vicepresidencias, nada menos. Una treta para diluir el poder de Pablo Iglesias que, sin duda, saldrá cara a las arcas públicas. Si el sueldo de una vicepresidencia asciende a 77.991 euros al año, en doce mensualidades sin pagas extras, multiplíquenlo por cuatro. Un pastón. Pero más allá de los 22 ministros, el foco se centra en la cárcel de Lledoners, que es donde Junqueras cumple condena por sedición y malversación. Porque ERC marcará de cerca a este Gobierno.

El peso de Cataluña se diluye entre las carteras ministeriales. Pero su sombra se proyecta alargada sobre La Moncloa. Carolina Darias es más política que técnica, pero su mandato al frente del departamento de Política territorial estará supervisado, para cuestiones catalanas, por la vicepresidenta de confianza, Carmen Calvo. Como ha venido haciendo hasta ahora. Incluso en los momentos de máxima tensión, cuando intentó justificar la figura de un ‘relator’ en el llamado «conflicto» catalán. Una interlocución que, a su vez, deberá ser controlada por el propio Sánchez, tal como reclaman los de Junqueras. Illa, el ‘numero dos’ del PSC, tiene cartera. La de Sanidad. Con pocas competencias porque en su mayoría están transferidas a las Comunidades Autónomas. Pero con su presencia en el Gobierno se pretende hacer un guiño a ERC porque el socialista catalán formó parte del equipo negociador que permitió sacar adelante la investidura.

El patio catalán está revuelto. Con Junqueras y con Torra como objetores de conciencia de la Justicia. Le ha salido mal la jugada a Junqueras. Su pretensión de tomar posesión de su escaño como europarlamentario ha topado con el Supremo. El alto tribunal, discrepando de la Abogacía del Estado, no pudo ser más claro. El dirigente de ERC pudo gozar de inmunidad de desplazamiento cuando era preso provisional pero no tenía derecho a una inmunidad de jurisdicción. ‘Roma locuta’. Sánchez intentó echarle una mano a través de la Abogacía del Estado. Pero la Justicia actuó ‘in extremis’. La desjudicialización prometida por el nuevo Gobierno, con el magistrado Campo en la cartera de Justicia, se podrá producir cuando los cargos públicos cumplan con la ley. No parece que estemos en esas circunstancias.

Nos encontramos en pleno desacato institucional de Torra, avalado por el presidente del Parlamento catalán, Torrent. No reconocen a los tribunales y, de momento, no cumplen con la inhabilitación impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, corroborada por la Junta Electoral Central. Un contexto complicado para abordar la reunión que Sánchez se comprometió a mantener con Torra. Un envoltorio áspero para un Gobierno que tendrá ministros como el de Consumo que, entre otras lindezas, considera al Poder Judicial «brazo reaccionario» de la derecha.

El de Pedro y Pablo será un Gobierno con varias voces pero «una misma palabra». Lo dijo ayer Sánchez para que Podemos vaya tomando nota y se aprenda la partitura. Las disputas personalistas para bajarse los humos mutuamente deberán dejarlas a un lado porque a ninguno de los dos partidos les interesa que este experimento salte por los aires.

Pero ante situaciones muy polarizadas, o hay choques o se produce una cesión de una de las partes. La participación de Podemos y ERC junto a Bildu en la manifestación en favor de los presos de ETA dejan al PSOE en situación comprometida. «Es la primera vez que en el Gobierno de España existe o coexiste una visión tan peligrosa sobre los presos de ETA», se escandalizaba desde Barcelona Manuel Valls. Podemos sostiene que en este país hay presos políticos. Se lo afeaba Sánchez en campaña electoral. ¿Y ahora? ¿Habrá silencio aquí también?

Quienes votaron a Sánchez creyendo en sus promesas (es decir, que no pactaría con Podemos ni con los secesionistas) deambularán despistados. Quizás ellos concedan a este Gobierno los cien días de cortesía parlamentaria. Pero la oposición no espera. Con los populistas de extrema izquierda y un partido socialista que ni sus clásicos reconocen, los prejuicios se han disparado. El miedo a lo desconocido. El vértigo ante el peligro de que todo lo conseguido en la Transición eche a rodar por la pendiente. Carmen Calvo ha dicho que si la Generalitat se salta la ley, este Gobierno actuará en su contra. Permanezcan atentos.