Insisten mucho los analistas en que este gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos es una derivada propia de estos tiempos de pluripartidismo y populismo donde ya no caben gobiernos monocolores y centrados. Pero reparemos en que esta tendencia del PSOE a radicalizarse, a demonizar a la derecha y a aliarse con el nacionalismo en todas sus formas no es algo que haya traído Pedro Sánchez como novedad al partido.

Esto ya apareció con los dos gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Y para demostrar que no es retórica lo que decimos, veamos lo que ocurrió entonces con el probablemente más auténtico colectivo de los que integraron el movimiento cívico vasco contra ETA, y del que surgieron luego otros más conocidos como Basta Ya o el partido UPyD.

Su fuerza fue amainando, por todo lo que veremos a continuación, y sobre todo cuando se constituyó en 2009 el primer –y hasta ahora único– gobierno vasco no nacionalista. Al Foro Ermua le hubiera gustado que ese hubiera sido el perfecto colofón para su actividad, pero ni en eso tuvo suerte, porque aquel gobierno de Patxi López acabó prematuramente, sellando la lejanía insondable entre PSOE y PP que conocemos hoy.

Lo que vamos a recordar aquí demuestra cómo el miedo, la ignorancia, los complejos y las ocasionales conveniencias políticas se empeñaron en acabar con cualquier rayo de esperanza que quisiera sacarnos de aquel marasmo de mediocridad intelectual y miseria moral en el que vivíamos. Transcurrió durante el último año del primer mandato de Rodríguez Zapatero. Tras el asesinato de dos ecuatorianos en la T4 de Barajas, entramos en un 2007 atravesado por los intentos de negociación entre el gobierno socialista y la banda terrorista.

El Foro Ermua se opuso con todas sus fuerzas a esa negociación. Dentro del ámbito vasco, interpuso una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra los encuentros del lehendakari Ibarretxe, y de Patxi López por parte del PSE, que se habían reunido con miembros de la antigua Batasuna, entonces ilegalizada. El Foro Ermua llevó sobre sus hombros dichas denuncias como acusación particular, sin apenas respaldo social detrás y enfrentado a los dos grandes partidos que se arrogaban la vuelta de las libertades al País Vasco tras la Dictadura: PSOE y PNV.

El 26 de marzo, con motivo de la vista oral del llamado caso Ibarretxe, el PNV, para arropar al encausado, concentró alrededor del Palacio de Justicia de Bilbao, sito justo al lado de la sede central del partido –la Sabin Etxea– una muchedumbre de seguidores que dejaban a los escasos representantes del Foro Ermua reducidos a la mínima expresión, convertidos en una suerte de intrusos facinerosos. Cuando fueron reconocidos a la entrada del tribunal empezaron a llamarles de todo.

El momento culminante fue la agresión, en forma de patada en la entrepierna, recibida por uno de ellos, Antonio Aguirre, y que le hizo caer al suelo retorcido de dolor. El agresor fue identificado enseguida como afiliado del PNV. No merece la pena dar su nombre, entre otras razones porque falleció en 2016 y porque ya pagó una multa –se supone que lo hizo el partido– de 900 euros en concepto de lesiones.

El entonces máximo responsable del partido en Vizcaya, que no era otro que el actual lehendakari Iñigo Urkullu, consideró que no procedía que el PNV sancionara al militante porque “nos vale con su arrepentimiento” y con su “dolor” por haber mezclado el nombre del partido en un incidente de este tipo y haber “causado un daño de forma innecesaria”. Urkullu dejó claro que el PNV “no justifica ninguna acción violenta” pero consideró importante “contextualizar” lo ocurrido “en el marco de una provocación”. Lo que pasó con el militante fue “un calentón impropio de él, porque ésa no es su manera de ser”, concluyó.

Como se puede comprobar, ni la más mínima muestra de apoyo o empatía hacia la persona agredida. En la misma línea fueron todas las declaraciones del gobierno vasco, entre ellas la del consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, actual dirigente de la red Sare de apoyo a los presos de ETA, y de la consejera de Cultura y portavoz, Miren Azkarate. Y por supuesto, como colofón de todas ellas, las del propio lehendakari Ibarretxe, que atribuyó al Foro Ermua generar odio y crispación, así como impulsar un “proceso de destrucción de la convivencia en este país”.

Tuvieron que pasar unos días para que el gobierno vasco reconociera que había habido una agresión y la rechazara, pero atribuyendo al agredido formar parte de un “acto ilegal de contramanifestación”.

El enjuiciamiento previo de Patxi López y Rodolfo Ares por impulso del Foro Ermua y con el mismo motivo que Ibarretxe, había llevado ya a que uno de los miembros de esta plataforma, el destacado militante socialista Antonio Aguirre –el mismo que luego recibió la patada ante los juzgados– fuera expulsado del partido. Pero todavía faltaba la guinda. Desde el propio Ayuntamiento de Ermua –donde ejercía como concejal Miguel Ángel Blanco cuando fue asesinado–, su alcalde, el socialista Carlos Totorika, convocó oficialmente al consistorio para solicitar al Foro Ermua que dejara de llamarse así.

Todo empezó con una recogida de firmas, que llegaron hasta las 3.400 (el municipio tiene unos 17.000 habitantes) y donde se hacía ver que la población ermuarra “está harta de ser instrumentalizada, de que utilicen su nombre para sembrar el odio, para atacar y acusar de ser ‘cómplice del terrorismo’ a todo aquel que difiere de unos planteamientos intolerantes”. El escrito precisaba: “Pedimos al grupo autodenominado ‘Foro Ermua’, formado por personas ajenas a nuestro pueblo, que deje de utilizar el nombre de Ermua para criminalizar el diálogo y la pluralidad que caracteriza a este pueblo”.

Los firmantes sostenían que el consistorio había “alimentado e instrumentalizado” el uso del nombre de Ermua, pero no tenía ninguna duda de que “nos respaldará”. Y de hecho así sucedió. La corporación aprobó el 4 de abril la propuesta, con los votos de 14 de los 16 concejales presentes, incluido uno de los cuatro del PP –expulsado por ello del partido–, otro estaba ausente y los otros dos fueron los únicos que votaron en contra. En total votaron a favor: los 9 del PSE, los 3 de la coalición PNV-EA, el de Ezker Batua y 1 del PP. Ni siquiera hizo falta que estuviera la izquierda abertzale para aprobar algo así.

La vicepresidenta del gobierno de Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega, se limitó a afirmar que los concejales del consistorio vizcaíno “tienen derecho a expresar su opinión, como no podía ser de otra manera” y recordó que los ediles representan a los ciudadanos y que, en cualquier caso, “son los ciudadanos los que decidirán en las urnas” si la actuación del Ayuntamiento ha sido la correcta. Se refería a las elecciones municipales que se celebraron casi seguido, el 27 de mayo, y en las que el PSE volvió a revalidar sus 9 concejales y el PP sus 4; el único que ganó un concejal fue Ezker Batua, a costa del que perdió la coalición PNV-EA por ir separada: el PNV se quedó con 2.

Mikel Buesa, hermano del político socialista asesinado y presidente entonces del Foro Ermua, llegó a acusar en aquella campaña electoral al alcalde Totorika de haber falsificado firmas en la petición para que el Foro Ermua cambiara su nombre. El daño que aquellas elecciones municipales y todo lo que las precedió infligieron al Foro Ermua fue irreparable. Y los colectivos, tanto políticos como no políticos, que siguieron representando al movimiento cívico vasco no fueron ya más que sucedáneos del Foro Ermua, sin alma ni futuro.

*** Pedro José Chacón Delgado es profesor de Historia del Pensamiento Político en la UPV/EHU.