Ignacio Camacho-ABC
- Sánchez quiere al fugitivo lejos. Y es la Abogacía de Estado la que contradice en Bruselas el criterio del Supremo
El sobresalto del jueves en La Moncloa debió de ser notable. La inesperada detención de Puigdemont en Cerdeña abría de repente una serie de interrogantes que de resolverse con la extradición podían convertirse en un serio contratiempo para Sánchez, un tráiler en llamas atravesado en la ruta de sus planes. Más allá de las declaraciones de repertorio sobre el funcionamiento del Estado de Derecho, es obvio que un regreso del prófugo a España, por improbable que resulte en este momento, constituiría una pésima noticia para el Gobierno. Por una parte frustraría su luna de miel con Esquerra y el pacto en ciernes sobre los Presupuestos; por mucho que a Junqueras y compañía les alegre por dentro la posibilidad de ver a su enemigo íntimo preso, tendrían que simular solidaridad y alineamiento de filas contra el adversario externo. Por otro lado, la reactivación del caso devuelve a la opinión pública el recuerdo de que el sumario del ‘procés’ no está cerrado justo cuando al sanchismo y sus socios más les interesa olvidarlo. De todos los protagonistas de la revuelta sediciosa, el expresidente catalán es de largo el más antipático, el símbolo de la impunidad del golpe independentista que desde una mansión en Waterloo se cachondea de la Justicia mientras denigra la reputación de nuestro sistema democrático. Y su eventual procesamiento regurgitaría ante los ciudadanos no sólo la memoria del ataque a la integridad nacional de hace cuatro años sino el indulto a sus colegas para normalizarlos como preferentes aliados parlamentarios. Es decir, la decisión del Gabinete que ha causado más rechazo incluso entre sus partidarios y ha llevado sus expectativas electorales al punto más bajo.
Por todas esas razones, el Ejecutivo prefiere a Puigdemont fuera. Sólo así se explica la evidencia de que la Abogacía del Estado haya venido actuando ante la Corte europea como apoyo silencioso y subrepticio de los letrados de la defensa. Fue la representación jurídica española la que alegó en Bruselas que la orden internacional de captura quedaba sin efecto hasta que el tribunal comunitario resolviera la reclamación de inmunidad, y lo hizo contra el criterio expreso del juez Llarena, que continúa reivindicando su vigencia. La tranquilidad del resto de la legislatura depende de que el fugitivo permanezca lo más lejos posible durante el máximo tiempo. Pero la sociedad debe saber que es el propio poder gubernativo el que está obstruyendo la labor del Supremo por miedo al atolladero en que le metería un procesamiento capaz de dejar de nuevo todas sus contradicciones y maniobras al descubierto. A Sánchez, el mandatario público que identificó la aplicación de la ley con la venganza, le esperan unos meses en vilo: lo último que desea es gestionar el efecto político de otro juicio sobre la insurrección del separatismo. Su estrategia de alianzas no resistiría ese banquillo.