Que se investiguen los crímenes de ETA sin resolver para situar a las víctimas del terrorismo que se encuentran en esta situación en el lugar que les corresponde. Eso pretende la delegación del Parlamento Europeo que está de visita por nuestro país, a petición de Dignidad y Justicia. Quieren saber por qué diez años después de que la banda dejara de matar todavía tenemos 379 asesinatos sin esclarecer. Bruselas no tiene competencias ni potestad para investigar los crímenes de la organización terrorista. Salvo que se pusiera en entredicho la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y en nuestro país no se hubiera cumplido con la obligación de seguir todas las pistas de los atentados cometidos durante más de cuatro décadas. Y en ese caso un Tribunal Penal Internacional se pusiera a investigar los delitos cometidos en España. Pero no estamos en esa situación. Quizás por eso la AVT no oculta sus reparos a la visita. Le parece que Bruselas viene a leernos la cartilla por negligencia judicial. Hay muchos casos resueltos policialmente pero sin pruebas suficientes para una condena, «eso no quiere decir que haya existido desidia judicial», matizan.

Lo cierto es que muchos casos han prescrito sin encontrar a los culpables. Y otros tienen instrucciones deficitarias. Una situación que provocó que muchas familias de víctimas de ETA intentaran durante años investigaciones por su cuenta ante la falta de respuestas de la Justicia. Nadie de la banda ha colaborado para esclarecer los casos pendientes. Otegi se puso la túnica de Gandhi hace unas semanas, aprovechando la negociación de los Presupuestos con Sánchez. Pero la nula colaboración de ETA con la justicia dificulta la resolución de los casos más oscuros. Más del 40% de los asesinatos siguen hoy sin culpables, según contabiliza Florencio Domínguez, director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, que les entregó su informe a los eurodiputados que iban acompañados de Maite Pagazaurtundúa, entre otros.

La visita de la comisión del Parlamento Europeo pretende dar un empujón a la reparación de la memoria de las víctimas que siguen esperando dar con los responsables de quienes acabaron con la vida de sus familiares para tener un juicio justo. Como la Audiencia Nacional consideró en su día que solo se pueden investigar atentados por lesa humanidad cometidos después de 2004 (año en el que ese delito se introdujo en el Código Penal) la mayoría de asociaciones de perjudicados por la persecución de ETA acogen esta visita con expectación, aunque la comisión pueda hacer poca cosa.

Si esta visita, con nulas competencias, sirve para remover conciencias en una sociedad adormecida, bienvenida sea. Tiene razón el fiscal de la Audiencia Nacional, Marcelo de Azkárraga, encargado de coordinar la investigación sobre los casos de ETA sin resolver cuando dice que los delitos prescriben pero el derecho a conocer la verdad, no.