En este país de nuestros dolores, levantas una piedra y te aparece un problema. Nadie quiere darse cuenta de que, primero la pandemia y después la guerra, nos han empobrecido a todos. Por eso se ha desatado una auténtica lucha social por ‘mutualizar’ el coste de las soluciones que, todas ellas sin excepción, consisten en aplicar dinero público a diestra y siniestra. Un dinero que, por supuesto, no tenemos.
¿Hay alternativa? Ahora, no. Hay que mantener el flujo de alimentos del campo y la pesca, y los medios de transporte que los acerquen a los puntos de consumo. Hay que sostener a las empresas que producen bienes imprescindibles. Y así, una lista interminable. Y no se canse, que enseguida llegan las exigencias de los pensionistas y los funcionarios. De acuerdo, pero tenemos que matizar algunas cuestiones:
1. Es muy probable que, en 2023, la UE nos exija un plan de consolidación de las cuentas públicas. No le arriendo las ganancias a quien deba elaborarlo. Volveremos a hablar de esas palabras malsonantes, hoy en desuso en el habla popular, como recortes y ajustes.
2. Todas las medidas adoptadas, desde hace años, son paliativas, nunca hay tiempo ni ganas para tomar medidas que fomenten la actividad y promuevan riqueza y empleo. Poco pan para hoy y mucha hambre para mañana.
3. Hemos confundido los términos. Habrá dinero para el gasóleo, pero las gasolineras deberán pagarlo a su precio. Y habrá tope para el gas en el sistema, pero los gasistas lo pagarán al precio internacional. Es decir, estamos limitando el impacto social y económico de las subidas, pero no podemos reducir el precio de los productos. Alguien, en algún momento y de alguna manera, deberá cubrir la diferencia.
4. De manera silente, pero constante, hemos admitido como normal la muy peligrosa y nociva práctica de intervención en los precios del mercado. Todos los países que lo han practicado han terminado en el desabastecimiento. ¿Cómo podemos considerar normal, o incluso beneficioso, eso de prohibir trabajar en pérdidas, como se ha dicho en el caso de los transportistas? En España, y a pesar de las limitaciones aplicadas durante la pandemia, hubo 5.000 empresas que entraron en concurso en el año 2021. ¿Se va a extender esa prohibición a todo el sistema? ¿Habrá un ERE de extinción para los miles de abogados y jueces que se dedican al derecho concursal? ¿Cómo se sabrá quién está en pérdidas, se harán auditorías generales? ¿Es solo para el transporte? ¿Por qué no para los periódicos, las tiendas de ropa, las matricerías o las fábricas de harinas? A los transportistas les fija las horas de trabajo, las de descanso, el precio del combustible y ahora las cuentas de resultados. ¿Ese es el modelo? De momento. Bueno, no les han puesto uniforme…