La mayoría parlamentaria de investidura ha aprobado en las dos Cámaras por vía de urgencia una reforma de la reforma de la Ley del Poder Judicial (el artículo 570 bis) para que, manteniendo en parálisis al Consejo General del Poder Judicial (o sea, en funciones, con prohibición de ejercer sus facultades más sustanciales), obligarlo a que en dos meses —que vencen el 13 de septiembre— proponga dos magistrados para el Tribunal Constitucional y así permitir que el Ejecutivo haga lo propio con los dos que le corresponden y se renueve un tercio del órgano de garantías constitucionales integrado por 12 miembros. 

Carlos Lesmes, obedeciendo la ley pese a su carácter improvisado y contradictorio con la reforma anterior, ha convocado un pleno del Consejo el día 8 de septiembre. El órgano de gobierno de los jueces cuenta con 19 de sus 20 miembros —recientemente falleció la vocal Victoria Cinto Lapuente— y debe proponer a los dos magistrados al menos con 12 votos cada uno (mayoría de 3/5). Sin embargo, un buen grupo de vocales está dispuesto a plantear batalla. Son los firmantes de voto particular, y alguno más, que han negado la idoneidad del nuevo fiscal general del Estado y que están dispuestos, sí, a participar activamente en el debate, pero no a atenerse a los deseos del Gobierno, de tal modo que se tomarán el tiempo preciso —y puede que transcurra mucho— para llegar a un consenso sobre los nuevos magistrados que, como es costumbre cuando los designa el Consejo, procederían del Tribunal Supremo.

Es posible, en consecuencia, que los vocales que dilaten la discusión sobre los nombres más idóneos para el Constitucional sean más de siete, formando así una minoría de bloqueo y que la discusión sea larga. El Gobierno ha avisado de que si el día 8 de septiembre no se acuerdan esas propuestas, elevará sus candidatos al TC para que reciban la idoneidad, a pesar de que la Constitución establece que la renovación se hará por tercios, es decir, de cuatro en cuatro para mandatos de nueve años. La ley orgánica del TC establece (artículo 2.G) que corresponde al pleno “la verificación de los nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional, para juzgar si los mismos reúnen los requisitos requeridos por la Constitución y la presente ley”. No hay duda de que el TC no consentirá que la renovación se haga por sextos y no por tercios, como exige la Carta Magna. 

Al Ejecutivo le urge que Cándido Conde-Pumpido asuma la presidencia del TC (es magistrado desde marzo de 2017) y se altere la mayoría conservadora. Y eso solo puede ralentizarlo el Consejo General del Poder Judicial. Se trataría de que Conde-Pumpido, magistrado de la Sala Segunda del Supremo y fiscal general del Estado entre 2004 y 2011, jurista tan preparado y capaz como urdidor de estrategias entre bambalinas, pilote las ponencias sobre los recursos más sensibles y, sobre todo, que ampare las impugnaciones que podrían producirse cara a la gran ‘solución’ que Sánchez intentará para diluir la relevancia penal de los impulsores y responsables del proceso soberanista catalán. Y dando eventual aval a la reforma del Código Penal y, eventualmente, a los recursos de amparo contra las condenas por la sentencia de los ERE en Andalucía.

Algunos vocales aducen que la esposa de Conde-Pumpido, también miembro del Consejo, la magistrada de la Sala Quinta del Supremo, Clara Martínez de Careaga García, debería abstenerse porque de lo contrario incurriría en un conflicto de intereses al conocerse de antemano que su marido, de proponerse los nombramientos, accedería a la presidencia del Tribunal Constitucional. Las fuentes consultadas, sin embargo, dudan de que lo haga y reconocen que no existen normas para su recusación. En el caso de que el magistrado de la Sala Tercera, Pablo Lucas, fuese candidato al TC, debería abstenerse su hermano, Enrique Lucas, también vocal del Consejo. 

Durante el verano pasado, el Gobierno (“Tumbar a Lesmes”, de 31 de agosto) ya intentó que el presidente del Consejo General del Poder Judicial dimitiese, y con él varios vocales, para que el PP no tuviera más remedio que negociar su renovación. Lesmes se negó y entonces el Gobierno puso en marcha la maquinaria legal para reducir a la mínima expresión las facultades de ese órgano de gobierno de los jueces. Ni por esas, porque el PP se aferra a la recomendación de la UE: renovación sí, pero simultáneamente reforma de la ley para que sean jueces y magistrados los que elijan, según los estándares europeos, a un número significativo de los 20 vocales del Consejo. Aunque, según fuentes socialistas, no están los populares para dar lecciones: en el único acuerdo de renovación del TC colocaron en octubre del pasado año a dos magistrados manifiestamente mejorables (Enrique Arnaldo y Concepción Espejel).

Ahora lo más urgente para el Gobierno es que Conde-Pumpido sea presidente del Constitucional y que el Consejo General del Poder Judicial, por orden legal, proceda a hacer sus propuestas de nombramientos. Porque en la operación para situar al ex fiscal general del Estado en la presidencia del TC hay un ingrediente adicional: encumbrar simultáneamente por la cuota gubernamental al magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, y colocarle en el órgano de garantías constitucionales. 

De Prada acumula ponencias que con frecuencia no prosperan en la Audiencia Nacional y cuando lo hacen, también con frecuencia, son revocadas por la Sala Segunda del Supremo. Pero el tándem Conde-Pumpido/De Prada es a lo que aspira la Moncloa con acentos de urgencia. Porque este magistrado de la Audiencia Nacional fue crítico con la ley de partidos que ilegalizó a HB; abanderó la defensa del juez Garzón, y fue el togado que introdujo la frase en la sentencia del caso Gürtel, poniendo en duda la credibilidad de Rajoy como testigo en el procedimiento, frase en la que se basó la exitosa moción de censura de Pedro Sánchez en junio de 2018.

De Prada —que será propuesto por el Gobierno salvo cambio de última hora— y Conde-Pumpido son las dos bazas, con el resto de los progresistas en el TC, para conformar un nuevo cuerpo de doctrina en la interpretación de la Constitución sobre los temas más controvertidos y sobre la denominada desjudicialización de los intervinientes en el golpe constitucional en Cataluña de octubre de 2017. Conde-Pumpido descalificó en julio de 2021 a sus compañeros del TC que votaron contra los decretos de estado de alarma tildándolos de “legos” y “juristas de salón” (luego se disculpó, pero se retractó ante la exigencia de los increpados) y propugnó en su momento que las togas “no deben eludir el polvo del camino”. Una metáfora para justificar la teoría del uso alternativo del derecho. 

Dos cargos públicos deben gestionar en las próximas semanas estos delicados asuntos: Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, y Pedro González-Trevijano, presidente del Tribunal Constitucional.