La corrupción política es un asunto que, en España, ha sido tergiversado con fines electoralistas –aunque sabemos que su incidencia sobre las decisiones de voto es mínima– por quienes no han sabido rellenar su discurso con otros asuntos susceptibles de discusión racional, seguramente porque estaba fuera de su alcance intelectual formular propuestas y reformas que pudieran haber hecho mejor la vida de los ciudadanos. Y en ello han tenido, sin duda, un relevante papel los jueces que han dilatado los procedimientos hasta la eternidad, olvidando que, según sentenció Séneca, «nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía».

Porque, digámoslo claramente, esa corrupción es inherente al poder político y se manifiesta principalmente en el ámbito local y regional. Pasen ustedes revista a los casos que se han planteado durante las dos últimas décadas y descubrirán que, con diferencias mínimas, en todos los partidos que han gobernado ha habido el mismo nivel de depravación putrefacta si la medimos con relación al número de votantes de cada uno de ellos. Claro que en el PSOE y en el PP esto ha sido más notorio. Pero ello no es sino un signo de su mayor poder. Y si quieren ejemplos de partidos corruptos acuérdense del GIL, la Unión Mallorquina o el Partido Andalucista. Eso es todo.