El ahorro, de energía y de dinero, es necesario siempre, y más que lo va a ser en el futuro inmediato. Sin embargo en política el ejemplo tiene una importancia esencial a la hora de exigir sacrificios a los ciudadanos. Y será difícil, muy difícil, que los españoles acepten de buen grado las restricciones improvisadas por este Gobierno campeón del despilfarro. Las medidas iniciales –habrá más, y serán más duras– son más o menos similares a las que ya está adoptando la mayoría de los socios comunitarios, pero resultan claramente desacompasadas con la vorágine de gasto clientelar y superfluo desatada por el Gabinete más caro, numeroso, derrochador e ineficiente de todo el período democrático. El descontento popular le va a pasar a Sánchez la factura social del Falcon, símbolo tangible del abuso arbitrario, caprichoso, desaprensivo, de los bienes de un Estado cuya hipertrofiada estructura sufragan los contribuyentes con su asfixiante peaje tributario. Por no mencionar la flagrante contradicción con el discurso oficial contra el cambio climático.

Si el conflicto de Ucrania se alarga y Putin corta del todo el gas a los países centroeuropeos, este ajuste será sólo el preludio de una economía bélica en invierno. Estamos a unos meses de ver brigadas de inspectores térmicos vigilando la temperatura en oficinas, hogares, fábricas y comercios, y a semanas de un debate –que ya ha avanzado Ayuso– sobre las libertades y derechos individuales como el que vivimos durante el confinamiento. Viene un período de oscuridad literal con una más que probable recesión por medio y con la amarga experiencia de la pandemia en el recuerdo. La afirmación de que España tiene asegurado el suministro de gas es sólo una verdad relativa: en situaciones de escasez el mercado aplica una implacable lógica darwinista y es posible cambiar el destino de un barco de combustible igual que hace dos años se podían desviar en China aviones cargados de mascarillas. En todo caso, tras aquella etapa de ocultaciones y mentiras la gente se ha acostumbrado a desconfiar de todo lo que el Ejecutivo le diga.

Y ahora el sanchismo se enfrenta a tres problemas. Uno, el limitado alcance de un plan que parece en principio más molesto que eficaz para alcanzar sus propios objetivos. Dos, las dudas sobre el encaje del decreto en el ordenamiento jurídico. Y tres, quizás el más grave, la falta de autoridad moral para imponer esfuerzos colectivos que no es capaz de reclamarse primero a sí mismo. Esta clase de desafíos de país requieren una credibilidad en el liderazgo que el presidente ha perdido y que no va a recuperar con gestos –como el de la corbata– entre la frivolidad y el ridículo. Las soluciones reales son incompatibles con el populismo. Y dos estados de alarma fallidos certifican que éste no es un Gobierno competente ni operativo para afrontar contratiempos críticos.