Es uno de los últimos charcos en los que se ha metido el Gobierno Sánchez: ese amago de marcha atrás en la famosa ley que ampara más a los okupas que a los legítimos titulares de un inmueble, y que a los socios de Podemos les parece «inaceptable» porque abre la puerta a los jueces para dictar el desalojo de los asaltantes de una vivienda en 48 horas. Digo ‘abre la puerta’ porque tampoco es que obligue a la adopción de esa medida expeditiva y porque llegar a ésta sigue siendo un punto contemplado como extremo, que requiere la valoración judicial en lugar de producirse de modo automático, como sería justo. Lo cierto es que la legislación que hoy tenemos en torno a esa cuestión es un galimatías lleno de ambigüedades que han hecho de España el paraíso de la okupación. Para empezar, hay una distinción en nuestro Código Penal entre la figura del allanamiento y la de la usurpación que no sólo relativiza la gravedad del acto de reventar una cerradura ajena sino que somete a un interrogatorio de tercer grado, antes que al tipo que ha hecho saltar el bombín por los aires, al propio dueño de la casa, que debe explicar, de una forma intolerable y contraria a los principios de la democracia liberal, si ése es su domicilio habitual, su segunda o tercera vivienda, o un cuchitril que le da la santa gana de utilizar como picadero extramatrimonial.

Esta es la cuestión de fondo: la moralina intervencionista, reaccionaria y policial que aplica el populismo de izquierdas a la vida y la propiedad privadas. La mediación de un juez en ese asalto a un bien particular no sólo garantiza el aplazamiento del desalojo del intruso sino que expone al titular de esa propiedad a una inusitada intromisión en su intimidad. Estamos ante una legislación invasiva que presupone una culpabilidad en la mera posesión de unos bienes inmobiliarios, de cuyo uso el tenedor debe dar insólita cuenta al allanador. Es esa superstición ideológica que ve un capitalista en el churrero que compra un par de pisitos con sus ahorros para tener una relajada vejez la que ha llevado a los socialistas a esta jurisdicción ambigua que cuestiona la inviolabilidad del espacio privado.

La verdad es que, con sus enmiendas al proyecto de ley llamado «de eficiencia organizativa de la justicia», lo que hace ahora el sanchismo es sumar al problema de inseguridad jurídica del propietario un problema de inseguridad jurídica en el propio okupa, que ya no sabe el pobre a qué atenerse y que ve peligrar el techo que había conseguido con unas ganzúas para los suyos. Uno es que se pone en su lugar y entiende su indignación ante un Pedro Sánchez al que considera un igual pero con Falcon, o sea, un okupa de altos vuelos.