La rebelión que ha estallado en la sanidad guipuzcoana tras la destitución fulminante de los máximos responsables de la OSI Donostialdea ha encendido todas las luces de alarma en el PNV. Una pequeña evidencia de ello: que el lehendakari Urkullu haya hecho comparecer en mitad del puente a ese hombre del renacimiento válido para casi todo que se llama Jonan Fernández para anunciar el plan de ayudas que prepara el Ejecutivo para anticipar la edad de emancipación de nuestros jóvenes.
Razones no le faltan ni a Urkullu ni a Ortuzar para estar preocupados. Porque hablamos de sanidad, la antigua joya de la corona del autogobierno vasco, que sigue perdiendo brillo por la acumulación de errores de gestión del PNV. Porque vuelven a sonar tambores de conflictividad interterritorial por el posible traslado de algunos servicios de Gipuzkoa a Bizkaia. Y todo ello a 170 días para las elecciones municipales y forales.
Unos comicios en los que se dirime si los jeltzales conservan o no el poder en las tres diputaciones y en los ayuntamientos de las tres capitales. Vitoria, donde Sabin Etxea se ha visto obligado a cambiar de candidato por la contestación ciudadana a la gestión del alcalde Gorka Urtaran, Donostia y Gipuzkoa son las tres instituciones en las que, dicen las encuestas, la partida se presenta más abierta.
Euskadi es la comunidad española que invierte más dinero por habitante en sanidad: 2.015 euros por los apenas 1.284 que gasta Ayuso en Madrid. Pese a ello los problemas se acumulan. Del orgullo se ha pasado a un creciente disgusto ciudadano por el deterioro de la calidad asistencial. Y los profesionales sanitarios, ahora los guipuzcoanos, no se cansan de alertar del negro horizonte que nos aguarda por la imprevisión y la creciente escasez de personal debido a la mala gestión de los responsables peneuvistas en los últimos años. Algo muy parecido a lo que ocurre en el resto de España.
El PNV ha salido indemne estos años de escándalos como el fraude en las oposiciones de Osakidetza -que le costó el puesto al consejero Darpón- o el ‘caso Margüello’. De la vacunación irregular de cargos del PNV en el arranque de la pandemia. Del plan de recortes esbozado por la consejera Gotzone Sagardui, rápidamente silenciado, aunque en verano hemos tenidos centros de salud atendidos solo por enfermeros-as o cerrados por falta de facultativos. O del intento de cierre de la cirugía cardíaca de Basurto para unificar el servicio en Cruces y ahorrar, paralizado por una juez.
¿Se repetirá la historia ahora o estallará un conflicto como el de Madrid? Bildu, Podemos y el PP han puesto pie en pared y urgen explicaciones por los ceses y las graves denuncias de los jefes médicos guipuzcoanos. El PSE, que inicialmente respaldó las destituciones, pide ahora más datos, pese a que las necesidades de Pedro Sánchez le condicionan. Y hasta el alcalde donostiarra, Eneko Goia (PNV), que aspira a la reelección, se ha sentido obligado a mostrar su temor a que el hospital Donostia deje de ser un referente en algunas especialidades, se entiende que en favor de Bizkaia.
O el lehendakari desactiva pronto el problema, y ello implicará cesiones a los médicos y a Gipuzkoa, o no se extrañen si el incendio crece y salta a las calles. Y todo ello a cinco meses y medio para las elecciones.