Tres motivos por los que la fiesta rave de Granada no ha sido un episodio chistoso, de raveros puestos de alcohol y setas, con los altavoces de música techno a todo volumen, mientras los vecinos de un pueblo perdido de la comarca de Guadix los observaban como si hubiera aterrizado un ovni de guiris en el maizal. Ahora que los fiesteros han comenzado a marcharse de La Peza, contemplemos lo sucedido con otros ojos y con otra pretensión: que no nos tomen por idiotas. Primero, porque no se puede admitir que en un país civilizado un tipo decida desde Inglaterra organizar una fiesta ilegal en España y convoque a varios miles de personas de distintos países sin que sea detectado y bloqueado por las fuerzas de seguridad. Segundo, porque no se puede consentir que la fiesta ilegal se realice en un terreno municipal y que los organizadores puedan montar una infraestructura de ocho pistas de baile, cuatro escenarios para actuaciones y puestos para comidas y bebidas, sin que nadie lo advirtiera y lo paralizara a tiempo. Y tercero, porque en Andalucía existen leyes desde hace años que prohíben los botellones, pero a los de la fiesta rave se les ha dejado “hasta que se cansen”, según dijeron, y una fiesta rave es un macrobotellón en el que el consumo de drogas y de alcohol parece asumido y aceptado. Tres infracciones graves, además, a coste cero. 

La historia de lo sucedido es conocida. Es posible que hace varias semanas, los organizadores de la fiesta tuvieran localizado el descampado en el que montar el macrobotellón rave y que, en el último momento, activaran a sus seguidores por las redes sociales. El tipo localizado es un brasileño, que reside en Londres, Rogério Dirruba, un conocido DJ que fue quien realizó la invitación: “Si quieres venir, envíame un mensaje y te enviaré localización”. ¿Existe alguna denuncia contra este tipo? ¿Qué pasa en España si alguien organiza una fiesta ilegal en Madrid, en Barcelona o en Sevilla para varios miles de personas? Para perplejidad de quien haya seguido las informaciones de la fiesta rave de Granada, lo que trascendió en los primeros días de los mandos de la Guardia Civil es que todo estaba transcurriendo “con normalidad y de manera pacífica”. ¿Perdón? Ojos como platos, por la comparación imaginable con lo que normalmente se espera que suceda, con lo que, de hecho, sucedería, porque no es ese el criterio que se emplea, ni que se espera, de las fuerzas de seguridad ante una macrofiesta ilegal.

Más estupefacción aún cuando las explicaciones se las pedían al alcalde de este pequeño pueblo de Granada, Fernando Álvarez, del Partido Popular: “La verdad es que, dentro de la desorganización, es un evento bastante bien organizado. De la noche a la mañana, montaron un campamento que es una pequeña ciudad, con chiringuitos, pizzería, panadería, tiendas de ropa y varios escenarios”. Otra vez: ¿perdón? ¿Así dice usted, flop, y aparece una ciudad montada? Hay que echarle mucha imaginación para pensar que, en el silencio de un pueblecito de 1.000 habitantes, nadie se percata de nada cuando comienzan a llegar miles de personas a un terreno municipal junto al pueblo. Y, curiosamente, se instalan en un terreno municipal, perfectamente aplanado y limpio, no en un pedregal, al que podían acceder cientos de vehículos, caravanas y camiones. 

También eso convendría saberlo: ¿cuánto ha costado el despliegue de seguridad alrededor de la fiesta rave? ¿Y los daños ocasionados, y la suciedad acumulada? ¿Quién los paga? Pensemos en nosotros como contribuyentes: si usted llama a los bomberos por una inundación en su casa, le pasan la factura. Igual que si tiene un accidente de tráfico, por un descuido en la conducción, y arrasa con una barrera quitamiedos: también le pasarán la factura. En esa fiesta ilegal, la Guardia Civil habrá tenido que emplear durante una semana a más de una treintena de agentes, si se atiende a las informaciones publicadas. Como el final del macrobotellón rave de La Peza lo determinaban los propios asistentes —que esa es otra—, ayer comenzaron a marcharse. La fiesta estaba prevista para dos o tres días, pero luego decidieron alargarla hasta este día de Reyes. Fueron apagando altavoces, cerrando chiringuitos y plegando tiendas de campaña. 

¿Cuánto ha costado el despliegue de seguridad alrededor de la fiesta? ¿Y los daños ocasionados, y la suciedad acumulada? ¿Quién los paga? 

Hoy se marcharán los últimos. Recogerán hasta esos curiosos carteles con las normas de comportamiento, principios de acción, los llaman. Y son seis, algunos confeccionados con la habitual literatura de lo políticamente correcto (“La fiesta debe ser un espacio colectivo de placer y cuidados donde todos somos responsables de transformarlo y de dejar atrás actitudes individualistas, siempre abiertos al error y a cambiar de opinión”); otros de guiños inconformistas y antisistema (“La violencia se interrelaciona al igual que nuestras entidades. Seamos conscientes de la multiplicidad de factores sociales que nos atraviesan a cada uno”. “Debemos sensibilizarnos y autogestionarnos para alterar estas relaciones de poder que ocurren dentro y fuera de la fiesta”), y otros con mensajes tradicionales de amor y sexo libre (“Libertad sexual, de expresión y de cuerpos para poder expresarnos y sentir sin restricciones. Acoger experiencias y expresiones diversas y luchar contra los estigmas que recaen sobre nosotros”). 

En fin, que cada cual se divierta como le parezca, que acuda a los festivales de música que más le apetezca y durante las horas, los días o las semanas que el cuerpo le aguante. Ningún problema con eso, salvo que ese no es el problema. Lo ocurrido en la fiesta rave de Granada debemos mirarlo con otros ojos, otra exigencia, más allá de los chascarrillos que despierta. El balance de incidentes ha sido escaso, solo cuatro detenciones, dice la Guardia Civil, tres por tráfico de drogas y una más por atropellar y dejar malherido a un agente en uno de los controles de carreteras que se montaron alrededor. ¿Acaso hay que esperar a que ocurra algo más grave para darle importancia a algo así? De lo rocambolesco, que ha sido uno de los adjetivos más utilizados en las decenas de crónicas y reportajes que se han hecho de la fiesta rave de La Peza, hay que pasar a lo racional y a lo exigible. Deben reclamarse explicaciones oficiales, algo más sofisticado que esa pamplina insultante de que todo ha sucedido repentinamente, sin que nadie pudiera evitarlo. Como ciudadanos sujetos a normas y a sanciones, como gente preocupada por la seguridad y también como contribuyentes que van a financiar los gastos ocasionados por los raveros, creo que nos merecemos una mínima explicación del porqué y del cómo. Empezando por el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Explicaciones para adultos, no excusas inverosímiles que nos toman por idiotas.