Muchos miles de electores socialistas no votarán al PSOE —lo harán a otros partidos o se abstendrán— no tanto por las políticas sociales que ha impulsado el PSOE, sino por los compañeros de viaje con los que ha pactado para sacarlas adelante. El coste de las alianzas de Pedro Sánchez es su talón de Aquiles. Extraña que el presidente no repare en que sus entendimientos con el partido del golpe de 2017 (ERC) y con la coalición heredera de las aspiraciones de ETA (Sortu, núcleo duro de Bildu), e, incluso, con un partido que, como Podemos, está demostrando que es agreste y que desarrolla un instinto destructivo, lesionan las posibilidades electorales de los socialistas fuera del País Vasco y Cataluña. 

La resistencia de Sánchez a una geometría variable que incluya la negociación y el pacto con el Partido Popular es verdaderamente cerril, como queda acreditado con la proposición de ley que intenta la rectificación de la ley del solo sí es sí. El presidente del Gobierno pretende que se aprueben leyes muy delicadas y se modifiquen otras igualmente sensibles, desde la de vivienda hasta la de seguridad ciudadana —también conocida como ley mordaza—, que constituyen compromisos programáticos de una coalición ya fallida y zombi. Sus alternativas son dos: o paralizar las tramitaciones normativas en curso, o ceder a los planteamientos de Unidas Podemos y, por ende, a los de ERC y Bildu.

El encarcelamiento político del PSOE y de Sánchez en las celdas penitenciarias vigiladas por los separatistas vascos y catalanes —que observan con satisfacción cómo Podemos se ha rebelado, defendiendo el bastión de su permanencia en el Consejo de Ministros— resulta obvio, aunque desde dentro de su organización nadie se atreva a denunciarlo, salvo algunos barones —Javier Lambán en Aragón y Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha— y socialistas de base que quizá ya no se reconozcan en este PSOE ni en su líder. 

Por ejemplo, esos pocos que han acudido a los cementerios de San Sebastián y al de Andoain. En el primero, la familia de Fernando Múgica Herzog conmemoró el 30 aniversario de su asesinato el 6 de febrero de 1993, baleado en una calle donostiarra. En el segundo, la familia y allegados de Joseba Pagaza recordaban su asesinato en Andoain el 8 de febrero de 2003, tiroteado mientras tomaba un café en el centro del pueblo. Tanto Múgica Herzog como Pagaza eran militantes —el primero un dirigente de largo aliento— del Partido Socialista de Euskadi.

A ninguno de esos actos asistieron representantes políticos cualificados del PSOE —tampoco del PSE, que envió a Marisol Garmendia, portavoz del partido y segunda teniente de alcalde de la capital donostiarra— ni miembros del Gobierno. Curiosamente, la representación más relevante fue la del PNV. Estuvieron solos. A la viuda y los hijos de Fernando Múgica los acompañaron Nicolás Redondo Terreros y Adolfo Suárez Illana, y a Maite Pagaza, a la viuda de su hermano y a sus hijos, los arropó Fernando Savater. A quienes vivimos con intensidad emocional aquellos crímenes nos resulta ininteligible que no estuvieran en los cementerios representaciones del Gobierno central, del vasco y del PSE y del PSOE. Todos ellos brillaron por su ausencia. Por su terrible ausencia. 

Rubén Múgica, el menor de los hijos de Fernando, tomó la palabra y recordó cómo “hace 20 años el PSOE se volcó con nosotros”, para subrayar que, 10 años después, “teje alianzas con los herederos de los criminales y entre alianza y alianza, se han dejado el pudor. Cuando te entregas al nacionalismo, vasco o catalán, estos logran su objetivo: los territorios provocan españoles de primera y de segunda”. Y señalando sin la menor de las dudas, añadió: “Nadie tendrá que interpretar estas palabras ni deducir a quién me refiero. Es al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su corte de aduladores”.

Dos días después, en Andoain, Maite Pagaza, hermana de Joseba, lanzó también la justa acusación contra el PSOE. La hoy eurodiputada de Ciudadanos no se mordió la lengua: “Debemos resaltar que Otegi y compañía no aceptaron ningún suelo ético en la Cámara vasca y, sin embargo, se ha normalizado la relación con ellos. Y eso intoxica la política vasca, pero, sobre todo, la política española, porque la hoja de ruta es la de presos por presupuestos”. Y añadió: “La industria del terror se ha reconvertido en una industria de blanqueamiento”. La familia de Joseba Pagaza ha decidido no volver a celebrar la conmemoración de su asesinato. 

Los socialistas enterrados en los cementerios de San Sebastián y Andoain —Fernando Múgica hace 30 años y hace 20 Joseba Pagaza— no han recibido el homenaje de su partido, que hoy está aliado con los que siguen sin condenar la violencia criminal de los que los asesinaron. ¿Dónde estaba en este febrero de aniversarios sangrientos para el socialismo vasco el ministro del Interior, bilbaíno por más señas, Grande-Marlaska? ¿Dónde estaba el exlendakari y ex secretario general del PSE y hoy portavoz parlamentario del grupo socialista, Patxi López? Sencillamente: no estaban donde debían, en los cementerios.

Esta es una de las más poderosas razones por las que Sánchez y su PSOE desfigurado van a perder las elecciones. Porque el líder socialista ha colocado su organización en el lado confundido de la historia, en el problema y no en la solución, en la subversión y no en la Constitución. Porque ha abandonado a los que —como Múgica y Pagaza, ambos socialistas de pro— lucharon por la democracia en el epicentro de la tragedia.

¡Qué razón tuvo la madre de Joseba Pagaza cuando le espetó a Patxi López, entonces lendakari con los votos del PP, aquella frase imperecedera! “Haréis y diréis cosas que nos helarán la sangre”. La profecía se ha cumplido: ya se nos ha congelado. El día 22 de febrero se cumplirán 23 años del asesinato de Fernando Buesa. Qué febrero tan trágico y sangriento. Estas efemérides coinciden con la negociación del PSOE y del Gobierno con Bildu sobre la modificación de la ley del solo sí es sí y la de bienestar animal, que se vota en el Congreso. Siento decirlo, pero me es difícil evitar la náusea.